Considerar la transparencia y el acceso a la información como un problema, es un grave error. Ambos son una ruta para alcanzar la justicia social, la estabilidad política y el crecimiento económico, que funcionan como útiles herramientas que, además de empoderar a la sociedad para participar activamente en la vida pública, permiten exigir cuentas a los gobernantes. Por ello, su vigencia es necesaria para la consolidación de una nación justa y equitativa.
Estar informadas e informados es una condición para asegurar el respeto de nuestros derechos y libertades; por lo que satisfacer las necesidades informativas de todos los sectores de la población, debe de ser una máxima para las autoridades, principalmente cuando se trata de aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
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En ese contexto, desde el INAI hemos impulsado el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI), una política pública del Sistema Nacional de Transparencia diseñada para dar a conocer y facilitar el derecho a saber a los grupos que más lo necesitan, con el fin de empoderarlos y contribuir a la reducción de la brecha de desigualdad en el ejercicio de derechos fundamentales.
¿Te imaginas nivelar la cancha y asegurar que todas y todos tengan las mismas oportunidades para acceder a la información, sin importar su origen o condición social?
Esta política ha contribuido a modificar la forma en que las personas interactúan con sus autoridades, porque, mediante la promoción del conocimiento del derecho de acceso a la información y con el apoyo de los organismos garantes locales, de las redes locales de socialización y de las “personas facilitadoras” (figuras centrales de la política, que se constituyen en un puente entre el derecho y las necesidades de la población objetivo), nos hemos acercado a diferentes comunidades para impulsar el aprovechamiento de la información e incidir en la construcción de soluciones conjuntas. ¿El resultado? Personas y comunidades que han podido resolver diversas problemáticas y mejorar sus condiciones de vida.
Por ejemplo, en un caso que sucedió en Puebla, organizamos jornadas dirigidas a mujeres de la capital en situación de vulnerabilidad, con el objetivo abordar problemas de violencia de género, identificar mecanismos y políticas para prevenirla y denunciarla, así como para dar seguimiento a la implementación de acciones que permitan garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Una jornada exitosa gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Puebla, a través de la Coordinación General de Transparencia, las colectivas feministas, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el INAI y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.
La información pública nos pertenece a todas y todos, y, con iniciativas que impulsen su conocimiento y su aprovechamiento, lograremos traducir un derecho humano en un beneficio tangible para transformar la realidad cotidiana de las personas.
En una coyuntura histórica para el acceso a la información la mejor forma de afrontarla es demostrando el impacto y la utilidad social que tiene este derecho humano para transformar vidas y atender problemáticas sociales.
Les invito a consultar los “casos de éxito” en el micrositio del PlanDAI disponible en: https://micrositios.inai.org.mx/plandai/ y conocer algunas de las historias de vida de personas y comunidades que se han beneficiado gracias al ejercicio de este derecho humano.
@bl_ibarra