Lo que realmente está en juego en las elecciones del Estado de México no es el futuro de la Presidencia de la República el año entrante, derivado de aquellos resultados, como en general el comentarismo apresurado deja entrever.
La verdadera disputa en cuestión es qué coalición de partidos gana la mayoría en la Cámara de Diputados el año entrante, esta sí derivada de aquellas elecciones para entonces sí modificar la Constitución a conveniencia o para impedir que lo hagan. Es la magia de los pesos y contrapesos.
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Es el dilema en el que deberían estar metidos todos los partidos de oposición; como en efecto ya lo está Morena: ganar la mayoría de diputados en la próxima elección y abrirse la puerta a las reformas constitucionales, indispensables en su ver para consumar la “transformación nacional”.
Los de Morena ya están pensando en cómo sacar adelante lo que el presidente López Obrador ha denominado Plan C, el proyecto subrepticio que busca tomar el control de las elecciones por parte del gobierno.
Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del Plan B, en una votación calificada por muchos de histórica, por su trascendencia para la conservación de la constitucionalidad democrática.
En este contexto de reveses (los que muchos auguran que seguirán, ante la incompetencia y desaseo de los legisladores de Morena), al Presidente y su partido no les queda más remedio que meterle cuchillo a la Carta Magna.
Luego entonces el triunfo o no del Plan C está en función de cómo se vaya a integrar la próxima legislatura sobre la que el Estado de México puede tener un papel determinante por su tamaño.
El Edomex está dividido en 40 circunscripciones electorales federales. Esto es, poco más del 13 por ciento de la integración de la Cámara de Diputados. Un número suficiente de escaños tanto para darle libre curso a las reformas del presidente López Obrador, o para impedírselo.
El Presidente ya anunció un listado de pendientes que su sucesor deberá sacar adelante, a partir de octubre del año entrante, cuando deje el cargo y se vaya de comisario a la plaza pública, al amparo de la ley de revocación de mandato. En esa lista entra el Plan C.
Como se entrevé, ganar la mayoría en la próxima legislatura es un tema crucial para el presidente López Obrador, para la oposición (de eso depende la conservación del registro), pero sobre todo es crucial para la sobrevivencia de la democracia mexicana, amenazada de muerte por el Presidente y su partido.
Por lo demás, el comentarismo nacional da por hecho que la elección en el Estado de México será ganada por la coalición encabezada por Morena. Abona en ese sentido el conjunto de encuestas públicas, las que en general dan por ganadora a la profesora Delfina Gómez.
La diferencia respecto de su contrincante, Alejandra del Moral, se ha mantenido inalterable prácticamente durante el último año, en un rango que va de 15 a 17 puntos porcentuales. La salvedad se registró en enero; entonces la brecha se redujo a la mitad (8%).
Las mismas preferencias se mantienen cuando se miden las partidos-cabeza y sus coaligados: Morena (Verde-PT) y PRI (PAN-PRD). La entidad política de los mexiquenses es por antonomasia priista.
Movimiento Ciudadano se abstuvo, un lance que seguramente le será cobrado caro en algún momento por los votantes. A los partidos se les paga muchos millones de pesos para que salgan a la palestra y compitan, no para que se embolsen el dinero.
Sin embargo, en política lo único seguro es que no hay nada seguro. En las elecciones locales de 2021, no obstante, su popularidad, Morena fue derrotado en la mayoría de las presidencias municipales. Un acontecimiento inusitado que nadie alcanzó a prever.
De allí la importancia de ponderar el triunfo no en la Presidencia de la República, sino ganar el Congreso de la Unión, sobre la base de que, si se tiene el control del legislativo, será mucho más sencillo emprender el programa de reconstrucción nacional de emergencia, al que esta obligado el partido que gane.
Chayo News
Este lunes también se anunció la candidatura del Partido de la Revolución Democrática al puesto de gobernador de la entidad poblana. Se trata de su dirigente estatal, Carlos Martínez Amador; un joven político que, en lo que lleva al frente de los amarillos, ha demostrado mucha mesura ideológica, pero sobre todo trabajo de suelo para incrementar la base militante.
Es importante ponderar la mesura ideológica. Hasta hace poco, esa organización era vista como una pandilla de salvajes. Los propios miembros se hacían llamar tribus, por la pulverización que los caracterizaba, pero, sobre todo, y por paradójico que parezca, por la animadversión que los unía.
Una multitud gelatinosa de tribus unidas por la discordia. Ahora, ese partido ha entrado en un proceso de institucionalización, pero sobre todo de una cultura de civilidad política.
Las lecturas sobre esa candidatura un tanto para no decir mucho, atípica, son muchas.
Una, y no obstante que en política lo único seguro es lo imprevisible, es que realmente la alianza opositora en Puebla no prospera, no obstante que las condiciones le son favorables, incluso no sólo para ser competitiva, sino hasta para ganar.
A diferencia del Estado de México, en Puebla ya se vivió la transición hacia la izquierda, representada por Morena, con resultados fatales, tanto a nivel estatal como locales.
El candidato idóneo de la oposición sigue siendo Eduardo Rivera, el alcalde capitalino. Pero Eduardo Rivera y su administración, al poco de haber ganado la elección, fue cooptado por El Yunque, esa organización clandestina que le ha infligido mucho daño a Puebla y a la democracia local, y nacional.
El verdadero propósito de esos personajes oscuros a la opinión pública, muchos de ellos incrustados en la administración municipal, es hacer grandes negocios al amparo de la administración pública.
En ese sentido, y sacando cuentas, ganan más como oposición que como gobierno. Una de sus máximas es que “quien obedece, no se equivoca”. Y Lalo Rivera no quiere correr el riesgo de equivocarse.
Que se chingue Puebla.
Por cierta en esa reunión en la que fue ungido el nuevo aspirante a gobernador estuvieron en primera fila Arturo Hernández y Guadalupe Ramírez Aparicio, ambos expresidentes del pueblito de ya saben cuál, y de quienes se dice que, uno de ellos, si es que no los dos, trabajan para retornar el gobierno.
Pueden ser contrincantes en partidos diferentes, sobre la base de que lo que importa es que el triunfo quede en casa.
Se toparán, me temo, con el alcalde en funciones Eduardo Romero (en el caso de que busque la reelección) y con un tercero en discordia, Sixto Vargas. Un empresario emergente que, por su trabajo, goza de prestigio entre la población de la cabecera y los pueblos. En su caso aplica aquello de que “es producto de la cultura del esfuerzo”.
Si algo tienen arraigado los pahuatecos hasta el fondo del alma es el rechazo a la figura de la reelección. Veremos si Hernández Santos y Ramírez Aparicio logran vencerla.
En esa misma condición se encuentra el alcalde Eduardo Romero. Con la salvedad de que se trataría de un candidato en funciones de presidente municipal. No está obligado a separarse del cargo para competir.
Esa condición cambia diametralmente la percepción de la gente. Entre los pueblos, el respeto a la autoridad municipal se mantiene firme, como se mantiene el respeto a la bandera y en general a los símbolos patrios.
Sin embargo, esta elección estará determinada más que por el dinero, por el papel de las redes sociales. En particular del WhatsApp. Esta proposición se potencializa por la pirámide poblacional. Los chavos, lo sabemos por experiencia, son más difíciles de sobornar el día de la elección.
Eso mismo podemos decir en el caso de Huauchinango. Si las elecciones fueran el fin de semana solo habría tres candidatos competitivos: Rogelio López Ángulo, en el caso de buscar la reelección; Gabriel Álvaro, sobre el que pesa el tema de la reelección, con el agravante que va sin cargo; y Zeferino Hernández, considerado por tirios y troyanos el mejor operador político-electoral de la Sierra Norte.