Como en otros momentos cercanos a procesos electorales, es frecuente ver en bardas y espectaculares nombres de políticos y legisladores. Nada que ver con sus funciones de gobierno. Sí con su interés de acceder o mantenerse en un cargo público.
Un interés legítimo. Y positivo, si se trata de políticos que en su experiencia han demostrado contribuir al interés público. Pero que tiene riesgos: que nuestra clase política se preocupe más por el poder que por el gobierno.
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Es un problema común a todos los países y a todos los tiempos. Pero que varía notablemente: hay casos en los que la balanza se inclina hacia el interés particular de los políticos: llegan a formar una casta aparte de la sociedad.
Y hay situaciones en las que la balanza se inclina a favor del interés público, en las que la clase política ve más los intereses de la sociedad que los propios.
¿En qué situación nos encontramos, en el estado y en el país?
La respuesta no parece ser muy optimista. Tres de las grandes reformas del gobierno federal, la energética, la electoral y la de la Guardia Nacional, parecían más enfocadas a fortalecer a la clase política que a resolver nuestros problemas públicos.
La primera porque pretendía fortalecer la empresa del Estado, más que generar energías limpias y baratas. La segunda porque pretendía debilitar al árbitro electoral. La tercera porque acerca al Ejército al poder político.
Aparte de eso, más que mostrar capacidades, lo que se intenta es dar a conocer nombres. No está claro en qué consistirá la encuesta de Morena, pero el precandidato más conocido, aquel que los ciudadanos han leído o escuchado más veces su nombre, llevará una importante ventaja. La mayoría conocerán eso y solo eso: el nombre. No es un conocimiento suficiente, desde ningún punto de vista.
No es fácil, o no es posible, que la ciudadanía conozca razonablemente bien el desempeño de un gobernador, de un secretario de Estado, de un legislador. Hay quienes sí lo conocen bien.
Preocupa pues que nuestros políticos estén concentrados exclusivamente en la próxima elección, y no en las próximas generaciones.
En el caso de Puebla, quizá eso se relaciona con que el estado ocupó el último lugar (32 de 32) en el índice de desarrollo democrático que elabora la fundación Konrad Adenauer. Pero eso es tema de otro artículo.