Nuevamente y por cuarto año consecutivo, México se encuentra dentro de la lista de los países más peligrosos para ejercer el periodismo realizada por Reporteros Sin Fronteras, siendo el más mortífero con 11 asesinatos confirmados y 15 registrados, superando a países en un contexto bélico como Ucrania y Siria.
Junto a ello, en el mismo informe se detalla que Latinoamérica es la zona del mundo más riesgosa para el gremio periodístico, donde de los 57 periodistas asesinados durante 2022, 26 fueron en Latinoamérica: 3 en Brasil, 6 en Haití, 11 en México, y un caso en Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras y Paraguay (un caso por cada país).
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En el contexto mexicano, los temas más peligrosos para cubrir comprenden: investigaciones sobre el crimen organizado, narcotráfico, corrupción, impunidad, abuso de poder, críticas hacia políticos y políticas públicas, movimientos sociales y en especial, investigaciones relacionadas con el medio ambiente.
Estos datos, revelan la gravedad de la situación que enfrenta el periodismo para garantizar el derecho a la libre expresión, y de forma directa, al derecho que tiene la ciudadanía de recibir información pertinente acerca de su entorno.
La crisis que enfrenta el gremio periodístico ocurre dentro de un contexto donde el presidente desde el inicio de su administración, se ha dedicado desde su discurso a estigmatizar la labor de los periodistas; así, sumando otro actor que violenta al periodismo, reduciendo la confianza de la ciudadanía en la prensa y permitiendo que más actores sociales se sientan libres de atacarla.
Desde 2018, muchas organizaciones y el gremio manifestaron su preocupación por la repetición de comentarios del Presidente que atacan de forma directa a medios y periodistas que cuestionan su gobierno, escalando desde no contestar preguntas, a comentarios como el “yo tengo otros datos”, a incluso revelar datos personales de quienes él considera opositores.
Como resultado de las acciones mencionadas, a pesar de no ser la única causa, se encuentran los 15 asesinatos a periodistas que se registraron en 2022, donde a pesar de la gravedad de las cifras se deciden ignorar los derechos de un sector de la sociedad al cual el gobierno también tiene la obligación de proteger y no violentar.
Los ataques abiertos a Loret de Mola, las declaraciones ante el ataque hacia Ciro Gómez Leyva, la aprobación de la ‘Ley Chayote’ son de las acciones más directas que ponen en evidencia un gobierno que violenta los derechos humanos; acciones que se replican con periodistas en diferentes estados del país y que desafortunadamente, propicia que la violencia quede impune.
La poca disposición y negativa por detener los ataques a la prensa desde el discurso presidencial, el cual es uno de los principales factores que permite un contexto de violencia; es una muestra de un presidente y gobierno que no se encuentran comprometidos por brindar seguridad y defender los derechos humanos.
Una administración que es necia a escuchar diferentes voces, a no estar abierto a la crítica y que se muestra en contra de sus mismos ciudadanos, es un gobierno que sólo trabaja por quien se encuentra dentro de su misma burbuja de privilegio y que repite los mismos patrones de poder de administraciones anteriores: necedad ante cifras letales.