El igualador social por excelencia es la educación
Hacemos un llamado enérgico a las y los mexicanos para alertar sobre el nuevo plan de estudios que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado, así como el nombramiento de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez que carece de la experiencia y cualidades necesarias para el cargo.
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La nueva propuesta educativa tiene como propósito formar a sus ciudadanas y ciudadanos dentro una ideología de traumas, resentimientos y complejos, que atenta en contra del desarrollo de las personas, no impulsa ni fomenta el ampliar el conocimiento de las ciencias, ni otorgarles a nuestros niñas y niños una base sólida en matemáticas, inglés, economía, química y física, herramientas esenciales para garantizar una movilidad social.
Es alarmante que el nuevo plan, no respeta la individualidad, sino busca formar colectivos que marchen al ritmo de un Estado totalitario, no concibe a la educación como parte fundamental de las garantías individuales, sino como un derecho del Estado.
Esto es gravísimo, pues no solo atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también va en contra de lo que mandata nuestra Constitución en el artículo 3º. Constitucional donde se establece claramente como un derecho de carácter obligatorio, gratuito y laico. En él se establece:
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En su segundo párrafo establece que, La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.
De entrada, el nuevo plan contraviene la Constitución pues se cambia a la educación como una prerrogativa del Estado, y no un derecho humano, lo cual dará paso a una cantidad de amparos por violar la ley. Sé que a López es un violador serial de la Constitución.
Los padres de familia, y todos los mexicanos que pagamos impuestos y contribuimos a la burocracia de la SEP no mandamos a nuestros hijos a que los adoctrinen, sino que les provean de una educación de calidad para formar ciudadanos de bien, con herramientas para alcanzar sus anhelos y sueños, es decir tengan una educación que les permita generar una mejor calidad de vida.
Lo que pretende este Gobierno con su plan de estudios politizado, no sólo defrauda a los estudiantes aniquilando su futuro al no recibir una educación moderna y competitiva en el entorno y los retos del mundo actual, sino también es un fraude a todos los ciudadanos que pagamos impuestos para que el Estado cumpla con su mandato de ley.
Hoy debemos de exigir que nuestro sistema educativo subsane las deficiencias que se vienen arrastrando de acuerdo a la evaluación de la prueba PISA para garantizar a nuestras niñas y niños una educación pedagógicamente eficaz, universalmente reconocida para desempeñarse exitosamente en un mundo globalizado y competitivo. Y no un manual del adoctrinamiento sacado del castro chavismo bolivariano que condena al individuo, y destruye la dignidad de la persona humana.
No podemos permitir que la educación sea botín político de nadie, y mucho menos se destruya la frágil institucionalidad democrática que garantizan las libertades y derechos.
Destruir la educación es aniquilar el igualador social por excelencia que es la educación.
No se trata de un problema meramente social y político; se trata, de una estafa del Estado a los mexicanos, pues destruir la educación debe estar tipificado como delito de traición a la patria. Los datos nos deben dejar alarmados. En México, el impacto en la asistencia escolar y en el aprendizaje parece ser dramático. Según cálculos preliminares, el número de jóvenes que abandonaron la escuela significaría una caída por debajo del nivel de asistencia en 2008. Además, existe evidencia de que los aprendizajes podrían haberse atrasado en un equivalente a dos años de estudio, según primeras estimaciones del Banco Mundial.
De acuerdo con esta organización, el cierre de escuelas por Covid-19 ocasionaría que el estudiante promedio pierda el equivalente al 8% del ingreso que podría haber percibido a lo largo de su vida. Este fenómeno generalizado puede reducir la productividad y la innovación del país, lo que evita la posibilidad de alcanzar un PIB mayor a largo plazo. En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que en los próximos ochenta años este fenómeno le podría costar a México un monto acumulado de hasta 3.4 billones de dólares equivalente al 136% del PIB. La Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que 2.9 millones de personas de 3 a 29 años de edad no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por falta de recursos económicos, y 2.3 millones fue por algún motivo relacionado con la pandemia.
En el mundo actual se requiere innovación, fomento a la ciencia y tecnología, formar sociedades del conocimiento para enfrentar los retos que tenemos como sociedad y país.
Destruir la educación es suicidarnos como país, pues hipoteca el presente, condena a la ignorancia y esclavitud destruyendo el futuro de México.
Súmate a la defensa de la educación de calidad, gratuita y laica.
México nos necesita unidos.