Cuando el gobierno progresista de AMLO asume la responsabilidad de gobernar, una de las frases que se recuerdan con atención fue: “nos entregan un país en ruinas”. Los que gobernaron en los sexenios anteriores quisieron reducir el contenido de esa expresión a lo que se refiere con lo económico y financiero y se orientaron por resaltar sus éxitos en lo que corresponde con mencionar algunos indicadores y lo que en ese momento eran sus expectativas, no mencionaban el costo de sus supuestos aciertos, pero hoy que ya tenemos claro que el costo fue la entrega del patrimonio público a los magnates nacionales y extranjeros a precios, para ellos, de regalo; además se legalizó el proceso para siguieran saqueando las arcas públicas. Hoy queda claro que revertir eso es costoso, además de complejo por la conducta de los que fueron autores de la entrega de dichas arcas a los magnates, en su acción sistemática, se orientan por evitar que las cosas hoy sean abordadas con criterios que se nutran por la acción encausada por los intereses nacionales y con criterios de racionalidad por su eficacia y eficiencia y no por lo que fue y en algunos casos sigue siendo las acciones orientadas por el tráfico de influencias y el saqueo.
Si el propósito es pacificar a nuestro país, considero prudente realizar un recuento de los componentes esenciales de tal problemática: en primer lugar, debe tomarse en cuenta que lo que viene aconteciendo en México se vincula al fenómeno de la pobreza, la marginación y las trabas que se presentan para superar esa situación, los estados de ánimo que generan en los ciudadanos de la República. Otro aspecto que acerca a los mexicanos a una predisposición a la violencia es lo relacionado con la situación de la educación, que no es una vía para la superación de los problemas de la mayoría de los mexicanos; del mismo modo se debe considerar que la situación del desarrollo económico genera altos índices de desocupación o de empleos marginales con remuneraciones muy bajas, que no alcanzan para solventar los gastos para sostener dignamente a una familia.
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Todo ello se puede catalogar como una situación que aproxima a los mexicanos de todas las edades a ser material utilizable por las bandas organizadas para delinquir. En el plano de los componentes de la problemática, tenemos en México a las bandas del crimen organizado que se pueden catalogar como profesionales, que cuentan con poderosas características organizativas y a la delincuencia que podemos conceptualizar como ordinaria, menos poderosa pero también con cierta organización. Especialmente la primera categoría delincuencial y su presentación mixta, ordinaria y profesional, se desarrolló porque recibió un fuerte impulso y se les dejó fortalecerse, y hasta se les fomentó durante los gobiernos partidarios de considerar al mercado como la guía de las acciones del Estado.
El triunfo de AMLO significó un cambio progresista que abre las posibilidades de corregir el rumbo de la política en México; por su contundencia y legitimidad indiscutible significa un cambio de las prioridades en la toma de decisiones por parte del Estado y de su órgano ejecutivo, el Gobierno de la República; en esas circunstancias y a partir de ellas se inicia un nuevo sistema de prioridades. Es a partir de ese triunfo que lo importante es el interés de la nación y en seguida de acuerdo con criterios de productividad y efectividad, ética y moral, los intereses de los distintos colectivos corporativos, de carácter social y políticos. Esto es lo que se debe considerar como un referente obligado.
Algo sumamente importante que se debe resaltar que en el afán de aplicar los criterios neoliberales que ponen en centro las leyes del mercado y la máxima ganancia, sin pretenderlo conscientemente, o así quiero entenderlo, se incorporaron en alguna medida al mercado negro generado por la estrategia prohibicionista en la producción, y distribución de las drogas, que lejos de orientarse por la regulación por parte del Estado, se orienta por el combate a dichas actividades de dicha forma prohibicionista, lo que encausa hacia el control privado de dicha actividad. Allí es donde entra el asunto de la formación de los cárteles de la droga, que a través de los años se fueron fortaleciendo. Tal situación se debe caracterizar como el control de la actividad del tráfico de drogas bajo el control de una especial iniciativa privada. Bajo esa circunstancia, no es casual que los cárteles cada vez más ganen espacios en la vida de la sociedad mundial y especialmente en la mexicana. El primer asunto que debe resaltarse es que el tráfico de drogas es un problema mundial y para enfrentarlo se debe abordar de manera internacional; y esencial es que la vía prohibicionista no ha resultado efectiva, se tiene que adoptar una vía regulacionista para conseguir encauzar el problema por un rumbo distinto al de la iniciativa privada de los cárteles y lograr, por la regulación del Estado, convertir la actividad de producción, distribución y consumo de las drogas en negocios como el del alcohol o el tabaco que produce menos daño a la sociedad.
Con relación a los problemas mencionados, respecto al combate a las actividades del narcotráfico se tienen que resaltar elementos asociados a la problemática aludida; así diremos que:
Es prudente mencionar que por la forma en que se abordó el problema, hoy tenemos muestras evidentes de que, con el criterio de la máxima ganancia derivada de las indicaciones del mercado, funcionarios de alto nivel en los sexenios del periodo neoliberal fueron cooptados por las redes de la delincuencia organizada, y que en este periodo dos funcionarios de alto nivel de los gobiernos presididos por el expresidente Felipe Calderón y el expresidente Enrique Peña Nieto, están siendo acusados en Estados Unidos, por estar involucrados en actividades relacionadas con el narcotráfico: se trata de los casos de Genaro García Luna y del general Salvador Cienfuegos.
En ambos se puede detectar que son funcionarios que, por las competencias de sus cargos, tienen una situación privilegiada para mantener contacto con los líderes de las redes delincuenciales y, por supuesto, como la estrategia de combate al narcotráfico es prohibicionista, el contacto se establece en condiciones de discrecionalidad de manera oculta e ilegal en el espacio de ese mercado Ilegal. En éste las bandas de narcotraficantes abordan a los funcionarios y logran cooptarlos para que cooperen con ellos y cuando los funcionarios se dejan seducir por las altas ganancias (el mercado y sus indicadores) se integran y hasta puede que formen parte de la dirección de dichas bandas. Supongo que tal puede ser el caso de los personajes mencionados.
Si la estrategia de combate a las actividades ilícitas de los narcos siguiera en la línea prohibicionista, lo que se puede seguir obteniendo como resultado es algo similar a lo que ilustro enseguida:
La expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México fue exponencial, pues en sólo nueve meses, de noviembre de 2019 (cuando se identificaron dos células en las alcaldías de Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc) a julio de este año, el grupo tiene ya una presencia importante en por lo menos seis demarcaciones, según corporaciones locales.
El análisis que realizó en noviembre de 2019 la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad (PGJ-CDMX) y la Policía de Investigación (PDI), en el que se identificaron las principales zonas de operación de grupos delictivos, se destaca que, por ejemplo, que la Unión Tepito tenía fuerte presencia en las alcaldías de Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, donde se dedicaba al narcomenudeo, la extorsión, el secuestro, la invasión de predios y la trata.
Cuando La U o La UVA, célula ligada directamente a Roberto Mollado Esparza, “El Betito”, se instaló en la Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, la Anti-Unión o La Rosa Nueva, de Sergio Flores Concha, “El Tortas”, tenía presencia sólo en la Cuauhtémoc, mientras que Los Rodolfos tomaban fuerza en Iztapalapa, Iztacalco y Xochimilco.
A su vez, el Cártel de Tláhuac veía mermada sus actividades en Tláhuac, Milpa Alta y algunas zonas de Iztapalapa.
En 2019 se identificaron células del CJNG en Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, en cambio, luego de la desarticulación de otros grupos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detenciones que aumentaron una vez que Omar García Harfuch tomó el mando de la policía El reporte expone que las células se han identificado en la Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa e Iztapalapa, y que reforzó su presencia en la Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.
“El problema es el mismo en todo el país: de manera voluntaria o involuntaria, las mismas policías le abren paso al grupo preponderante, que en este caso son los de Jalisco.”
En la estrategia para combatir la violencia relacionada con la producción, distribución y el consumo de las drogas, se tiene que plantear el propósito de convertir esas actividades en objeto de negocios ordinarios y, para ello, se deberá evitar fomentar la creación de estructuras delincuenciales y funcionamiento del mercado negro de esas substancias; en pocas palabras se debería optar por la regulación por parte del Estado para evitar el funcionamiento del mercado negro de las espectaculares ganancias y de las luchas sangrientas por el control de los territorios que son claves para el funcionamiento de esas actividades, se debe convertir la producción- distribución de las drogas –como ya lo apunté-en un negocio como el de la producción de las bebidas alcohólicas o el tabaco.
En la actividad relacionada con la producción, distribución y consumo de alcohol y tabaco no hay guerras para controlar el mercado y sí existe un control institucional de dichas actividades.
Como el asunto es de carácter internacional, sería bueno que se realizara, en el seno de una instancia de este nivel, un encuentro para acordar substituir la vía prohibicionista por la vía regulacionista y, a partir de ello, pasar a discutir las formas de su regulación mundial y las formas que ello adquiriría en cada uno de los países que aceptara participar, ¿para qué?, insisto, para que el negocio de esas actividades sean reguladas y así evitar que se traduzcan en hechos de violencia creciente por existir en ellos ganancias abundantes, fantásticas, aunque llenos de violencia y derramamiento de sangre, para los miembros de las bandas de delincuentes pero también de gente inocente.
Se trata de evitar esta problemática, pero al mismo tiempo reconocer que no se puede borrar que existen necesidades de los ciudadanos que se deben satisfacer en las mejores condiciones de calidad y de accesibilidad. Por ello, insisto, que lejos de optar por la vía prohibitiva, se debería optar por la regulación de la citada actividad en su aspecto de producción, distribución y consumo.
Bajo esa situación se tendría que trabajar en el desmantelamiento de las redes delincuenciales relacionadas con las drogas. Allí sí se tendría que operar sin tolerancia ante las bandas profesionales que se dedican al tráfico de drogas para desde allí fortalecer al sistema de producción legal de las drogas para uso medicinal y uso lúdico.
Con la estrategia que tiene como propósito lo expresado anteriormente y, con la consecuente creación de una instancia de control de las actividades relacionadas con las drogas, se aseguraría que al desmantelar los cárteles y substituirlos por empresas controladas legalmente, se evitaría que alguno de los cárteles se fortaleciera como consecuencia del combate a organizaciones más poderosas, lo que podría ser posible si el combate al narcotráfico estuviera bajo el control del Estado y seguro que tendería a disminuir significativamente los hechos de violencia en nuestro país.
En lo que corresponde a las actividades delincuenciales como el secuestro, la extorsión, asaltos, robo a casa habitación y otros, se debería actuar coordinando a las diversas instancias de las fuerzas de seguridad, y recurrir a la organización ciudadana apoyada en estas fuerzas de seguridad y coordinada con las organizaciones de la sociedad civil, dejando claro que el derecho ciudadano a la seguridad sólo es viable si se asume, por los ciudadanos, la obligación de cooperar para terminar con las actividades delictivas de las bandas de la delincuencia organizada.
Cuando la 4T lucha por acabar con la corrupción se enfrenta con lo que de manera esquemática hemos descrito anteriormente, por ello ha sido muy compleja y difícil la pelea por erradicarla, pero conviene establecer una diferencia notoria en la conducta del actual gobierno y la de los gobiernos del viejo régimen: cuando ellos gobernaban defendían los intereses del mercado voraz e insaciable. Lo que se hacía ante la corrupción y la delincuencia era combatirla en los aspectos más escandalosos, y frente a los actos de corrupción de los que dirigían el país se establecían procesos para investigarlos, donde se recurría a argucias legaloides para exonerarlos, los ejemplos abundan. La conducta de la delincuencia ante los gobiernos anteriores era menos violenta, la razón fue que los dejaban trabajar, hasta los protegían, algunos funcionarios de alto rango formaban parte de ellos, en una palabra: prevalecía la impunidad y las excesivas ganancias.
Hoy en la política de la Cuarta Transformación para combatir a la corrupción y los actos delincuenciales, han diferenciado a lo que se denomina la delincuencia organizada en su franja dirigente y los que por no tener opción se emplean en actividades ilícitas. Para los segundos se han diseñado programas de capacitación y de educación que los arranquen de las garras de la delincuencia, y programas para que los jóvenes especialmente encuentren espacios entre la sociedad para integrarse a ella sin necesidad de transitar a las filas delincuenciales.
Para enfrentar a los dirigentes de la delincuencia organizada, que se denomina profesional, se debe generar la opción de regular los comercios ilícitos y, por ejemplo, en el caso de las drogas se procede a diseñar un sistema de regulación de la producción, venta y el consumo para convertir al negocio relacionado con esa actividad en un negocio normal; como el del tabaco y el del alcohol. Reducirlos a negocios normales y a las adicciones relacionadas con el consumo de drogas, a convertirlo en un problema de salud pública.
En otros casos se debe proceder a combatirlos con mayor grado de inteligencia policiaca.
El eje de la política de pacificación del país diseñada por el gobierno es no combatir a la violencia con más violencia. Todo lo mencionado se orienta en ese rumbo.
En la tarea de conformar un nuevo bloque gobernante el Presidente ha planteado que se debe proceder a la reconciliación social, por ello se quiere integrar a los que fueron iniciadores del partido Morena, a los que aceptando sus lineamientos se sumaron a defender el proyecto en el proceso electoral, y a los que ahora que se trata de gobernar al país están dispuestos a comprometerse en que se logre la fuerza social necesaria para resolver los problemas urgentes del país: la pobreza, la marginación, la violencia, el crecimiento económico, en fin conseguir que México se constituya en el país en donde se pueda vivir en paz, con dignidad y con los bienes materiales y morales indispensables para vivir dignamente.
Muchos mexicanos estamos en esto, pero los que no quieren soltar sus privilegios se resisten a cambiar, entonces debemos entender que los sucesos violentos que se han presentado en todo el país son signos de que la estrategia aplicada está dando resultados: los huachicoleros para continuar en sus actividades ilícitas, muy rentables, han decidido utilizar en sus acciones a la población misma, a la que le ofrecen el producto en cantidades pequeñas, para con ello provocar e intentar desprestigiar a los aparatos de seguridad y a las autoridades para mostrarlos como autoritarios o sanguinarios.
En Tlahuelilpan, Hidalgo donde hubo alrededor de 135 muertos y muchos heridos en una explosión, lugar en que los delincuentes reclamaron al Ejército por no ejercer su autoridad retirando a los que en una toma clandestina en los ductos de PEMEX, pretendieron con actitud delincuencial inducida, llenar cubetas de gasolina; los delincuentes montaron la provocación y, finalmente, se supo que a los núcleos de población que estaban para incitar a las fuerzas del orden recibieron como pago quinientos pesos para que invitaran a la gente del pueblo a participar en el ilícito, convocaron a cientos y los llevaron al matadero. Así actúa la delincuencia para conservar el sistema que utiliza en sus acciones delincuenciales.
Aquí su acción de poner escudos humanos para enfrentar a la justicia se puede ubicar como terrorista en un solo espacio, en el lugar de los hechos. Lo nuevo es que ahora se pretende hacerlo de manera masiva. En el estado de Hidalgo se utilizó a un escudo humano en un solo lugar, es decir sus rehenes se encontraban en un terreno de cultivo donde había una toma clandestina para robar gasolina en el lugar en que pretendían enfrentar a las autoridades. Lo nuevo se da que ahora pretenden tener como escudo humano a la totalidad de una ciudad. Los delincuentes pretenden enfrentar a la autoridad teniendo como rehén a toda una ciudad.
Los hechos que se dan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, representan un fenómeno de violencia singular, distinto a lo que fueron los recientes acontecimientos en Michoacán y en Guerrero; en ambos se da un enfrentamiento entre fuerzas del orden y los comandos del crimen organizado. Son enfrentamientos casi de los que se presentan de manera ordinaria en México. Lo que sucedió en Sinaloa es novedoso, mientras que los hechos de violencia recientes que se dieron en los estados de Guerrero y en Michoacán, tuvieron un saldo de 15 y 14 muertos respectivamente; en tanto que en Sinaloa se reportaron 14 muertos. Para empezar, fue muy impactante a nivel nacional, pero el saldo de defunciones fue similar. Pero, ¿en dónde se ubica la esencia de la diferencia?
Vayamos por partes. De acuerdo con la primera versión dada a conocer por la autoridad en los medios el día 17 de octubre de 2019, un convoy de la guardia nacional hacía un patrullaje en las calles de Culiacán y al pasar por una vivienda les comenzaron a disparar. Los treinta elementos integrantes de la patrulla pertenecientes a la Guardia Nacional y al Ejército, procedieron a responder la agresión y lograron casi de inmediato controlar la situación, tomaron la vivienda desde donde los agredieron. En el inmueble encontraron a cuatro individuos, uno de los cuales, fue identificado como Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo Guzmán. Procedieron a detenerlo, junto con los otros tres ocupantes de esa vivienda. Cuando pretendieron llevar a los detenidos ante la autoridad competente se dieron cuenta que estaban rodeados por comandos fuertemente armados pertenecientes al Cártel de Sinaloa y que sería imposible salir del lugar. Ante eso se procedió a mantener las cosas en suspenso, hasta que recibieron instrucciones de liberar a los detenidos para que pudiesen volver a las instalaciones militares.
En ese lapso estaba sucediendo que comandos del mencionado cártel habían concurrido a las instalaciones de la cárcel local y habían posibilitado que huyeran alrededor de cincuenta presos. Al mismo tiempo en diversas zonas de la ciudad de Culiacán, comandos del crimen organizado disparaban para aterrorizar a hombres, mujeres y niños de manera indiscriminada.
Las trincheras de los delincuentes estaban construidas, tenían a los miembros de la patrulla de la Guardia Nacional rodeada (cautivos) y como rehenes a una parte de los pobladores de la ciudad de Culiacán. Con la guerra de Calderón y con las opiniones de Fox se hubiese dado la orden de reforzar y rescatar a los militares cautivos y enfrentar a los agresores para dejar claro, según ellos, quién manda en este país. El saldo hubiese sido de cientos o miles de muertos. La línea del actual gobierno fue continuar en conseguir la pacificación del país y en consecuencia actuar con prudencia, inteligencia y de modo humanitario para restablecer las condiciones que permitan se respete la normatividad, y el estado de derecho que los gobiernos anteriores permitieron que fuera vulnerado sistemáticamente durante el periodo neoliberal (los ejemplos abundan).
En Culiacán se permitió que hubiese un arreglo momentáneo, que liberara a los rehenes civiles y militares evitando así un baño de sangre. Eso sin duda fue lo correcto, con ello se consiguió evitar la muerte de inocentes y dejó claro que la violencia no se resuelve con más violencia. De inmediato se vieron algunos resultados. Se informó que la familia de El Chapo se congratuló con los hechos y pidió al gobierno que considerara que su intención no es el enfrentamiento, hasta prometió ayudar a las familias de los muertos y heridos.
Algunos diarios, en la televisión y en Internet difundieron que algunos líderes de partido y organizaciones patronales como la COPARMEX y otros, salieron a decir que lo sucedido en Sinaloa significaba la rendición del Estado mexicano ante la delincuencia y que el Presidente debía renunciar.
La mayoría de los mexicanos opinamos distinto. Creemos que las autoridades y el Presidente actuaron siguiendo su estrategia de pacificación que pretende restablecer la unidad de los mexicanos en una nueva realidad política. Los que opinan lo contrario es que no se han percatado de que los cambios del régimen político y con la revolución ética y moral del pueblo y gobierno mexicano, se avanza sólidamente lo que significa que el cambio en la dinámica del país es profundo y va en serio; aunque ellos, los privilegiados por el régimen anterior más bien, no quieren aceptar que esa nueva realidad avanza y en ella, queda claro, se cancelan los privilegios.
La resistencia de los grandes intereses de los privilegiados de la política neoliberal que quieren revertir lo que ya les está afectando no estuvieron de acuerdo con que se echara abajo el voraz negocio del aeropuerto de Texcoco, no admiten que se ponga orden en las cuestiones fiscales, quieren seguir con las millonarias condonaciones, se oponen a que se persiga a las empresas que fabrican facturas falsas, muy útiles para la evasión fiscal, para el lavado de dinero y para la desviación de recursos.
También ya se legisló acerca de las responsabilidades de los servidores públicos en los actos ilícitos. Ahora además de sancionar la participación directa en ellos, se sanciona el hecho de que se esté enterado y se tenga el rango requerido para evitarlo, si no lo evita y /o lo denuncia entonces es cómplice del ilícito. Con ello se evita que sólo se castigue a los responsables directos. Ahora todos los involucrados serán sancionados y así se impide la impunidad de los jefes que ordenaban a sus subordinados cometer los ilícitos.
Con relación al control de lo que son los componentes más importantes de lo que genera violencia es pertinente resaltar que se ha avanzado, y aunque aún es insuficiente, se requiere moralizar a los órganos autónomos e independientes y lograr que el sistema judicial acepte la necesidad de orientarse por una decidida limpia de las acciones ilícitas que se hacen para favorecer a los que detentan el poder económico o político. Se requiere conseguir mejorar las condiciones en que operan nuestros equipos de seguridad y lograr que los aparatos policiacos, de todos los órdenes de gobierno, se encuentren saneados y se logre un mejor nivel de retribución. Así como se dotó de equipamiento necesario para poder neutralizar a los grupos de la delincuencia organizada, se debe procurar que entre las fuerzas del orden se establezca una coordinación para cumplir con los propósitos que les dan razón de ser. Para lograr mayor efectividad de sus actuaciones en el combate de los actos delictivos sería prudente estudiar la posibilidad de las competencias circunstanciales; es decir, que independientemente del tipo de delito que se esté cometiendo, si hay fuerzas del orden en la cercanía que puedan actuar, sólo se obligarían a que en cuanto se presente la fuerza del orden competente, se haga entrega de la responsabilidad a esas autoridades policiacas o militares. Así los delincuentes no tendrán ventaja frente a las fuerzas del orden. También es fundamental lograr erradicar la presencia de la impunidad, lo que puede permitir erradicar parte de la violencia; se debe castigar a los autores materiales de los ilícitos, pero es prudente perseguir a los que pueden constituirse en los autores intelectuales también. Por eso es bueno investigar a quienes venden protección a las bandas criminales; trátese de exfuncionarios de alto rango, exsecretarios de estado y por qué no, hasta de expresidentes; siempre y cuando hubiese indicios de que han participado en algún tipo de ilícito. Por ello me pareció atinado que se consultara a la ciudadanía sobre si es pertinente investigar o no a los expresidentes.
Para asegurar que personas con tanto poder, al dejar el cargo no lo utilicen para operar en favor de acciones ilícitas que comprometen el futuro de nuestra nación, se debe accionar la estrategia que se ha repetido hasta el cansancio que no pretende apagar el fuego con violencia; más bien se intenta conseguir un compromiso de cambio de conducta de los que han sido favorecidos por el poder económico y político para encauzarlos en el rumbo del compromiso, con las acciones que permitan superar los problemas de pobreza y marginación y tender así a posibilitar una notoria disminución del ambiente que genera situaciones de violencia intensa.
Esperemos que la prudencia de los desplazados del poder signifique entender que, para poder volver a mandar, tendrán que demostrar respeto a la voluntad de los mexicanos expresado en las urnas y que, en consecuencia, se comporten como una oposición constructiva que rompe con las malas prácticas voraces y se suma al cambio dejando claro que aspiran a ser nuevamente una opción de gobierno confiable, es decir, deberán reconquistar la confianza de los mexicanos para que sus proyectos y propuestas se admitan como viables para superar los problemas de México.