La muerte por asfixia y calor de 51 migrantes dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, será noticia durante lo que queda de la semana. Pero a partir del domingo, ya nadie recordará la tragedia porque se trata de personas excluidas de todos los privilegios en este lado del mundo.
Sobra decir que esos migrantes irregulares, mexicanos y centroamericanos, son desplazados forzados por contextos de violencia, por la ausencia de cadenas productivas en sus comunidades de origen, por la falta de empleo, por la ausencia de un Estado de derecho y por supuesto por la ausencia de protección del Estado.
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Lo peor es que, nuevamente, el negocio de la trata de personas está regresando con fuerza. Mientras EU mantiene todo un esquema securitario en su frontera sur y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, resguarda el país para contener la ola migratoria centroamericana, los cárteles de la droga hacen negocio con la tragedia humana.
Ha de saber, estimado lector que los migrantes pagan entre cinco mil y hasta 15 mil dólares por su traslado y paso a Estados Unidos, dependiendo del punto desde donde sean llevados por los traficantes de personas.
En este tráiler, los migrantes pagaron unos 10 mil dólares por viajar de manera clandestina en la caja, bajo una temperatura de más de 40 grados, sin agua y sin aire acondicionado.
Y es que desde finales de 2021 y lo que va de 2022 se ha observado un cambio en los patrones de traslado de personas. Mientras que, en la década pasada, los migrantes viajaban en el tren “La Bestia” y entre octubre de 2018 y la primavera de 2019, los migrantes se acuerpaban en caravanas que cruzaban el país a plena luz del día y desafiando a la autoridad; ahora se observa que viajan en caravanas, pero de camiones y tráilers foráneos.
El cruce o traslado de migrantes en camiones por territorio nacional es algo ya muy común. Ayer mismo se informó que el tráiler pasó por dos puntos de revisión, lo cual deja ver la colusión de las autoridades migratorias. Algo muy grave está pasando, ya la autoridad lo sabe y no hace nada.
De no llevarse a cabo acciones para contrarrestar la situación, no dude que dentro de poco se repitan estos accidentes macabros. En 2021, un autobús se accidentó en el estado de Chiapas y fallecieron 55 migrantes; y el pasado 26 de mayo, un autobús en el cual ciudadanos de El Salvador, Honduras y Cuba que se trasladaban hacia Estados Unidos, cayó a un barranco en el municipio de Mexquitic de Carmona –conurbado a la capital de San Luis Potosí–, lo que dejó como saldo preliminar seis muertos y al menos 19 heridos.
Del 2019 al 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) llevó a cabo 502 rescates masivos, que permitieron la localización y auxilio de 42 mil 692 personas extranjeras de diferentes nacionalidades. Además, se puso a disposición a 872 presuntos traficantes de personas (polleros) y 802 vehículos que usaron para su traslado, entre los que se encuentran tráileres, autos, motos y camionetas.
Es loable que de enero a mayo del 2022, la dependencia federal haya rescatado a más de 80 mil personas que se encontraban principalmente hacinadas en cajas de tráileres, vehículos, casas de seguridad o abandonados en las carreteras del país, y que buscaban llegar a Estados Unidos de manera irregular. Pero lo tenemos que decir, eso no es suficiente.
El tema tendrá que ser abordado en la próxima reunión bilateral, México-EU.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya hay fecha para la reunión que sostendrá en Washington con su contraparte estadounidense Joe Biden. El próximo 21 de julio, a ver si por fin hablan de migración y quizás de cuotas de refugiados, como ocurre entre los países de la Unión Europea.
Ya es hora, de que los países del norte de nuestro continente dialoguen al más alto nivel sobre la pertinencia de crear cuotas de refugiados porque esta tendencia no se detendrá y cada vez van a ser más porque la crisis que están viviendo los países de Centroamérica parece que no cederá en el corto plazo.
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