Desde luego es muy temprano para hacer el balance de la administración del gobernador Barbosa. Digamos que recién rebasó la mitad del camino.
No se advierten grandes obras. Y si las hay no se conocen. Aunque, ya se sabe que eso no es necesariamente signo de progreso o desarrollo.
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El morenovallismo las tuvo, pero dejó una enorme deuda sobre el destino del estado, que equivale a un ancla en el mar del atraso. Hipotecó a Puebla con obras de relumbrón costosísimas.
En favor del gobernador Luis Miguel Barbosa existen algunas acciones que, toda proporción guarda, podrían ser equivalentes a edificaciones tangibles.
El hecho de encarcelar a delincuentes otrora intocables es una acción moralizadora acertada.
Baste someter a la prueba del ácido algunas de estas decisiones, como los casos Rueda, Zavala, Aréchiga, Eukid, el mecate corto a los notarios, el freno a la voracidad de algunos empresarios y la revisión con lupa de los pasos sospechosos del alcalde Eduardo Rivera, por citar solamente algunos referentes muy notorios.
¿Se habría dado esto si en el gobierno estuviera un priista de la casta ortodoxa de Puebla? Sencillamente, la respuesta es no.
Adquiere notoriedad el papel del gobernador sobre el presidente Rivera. Las discrepancias no se dan en el estilo y clima tradicionales de Puebla entre un gobernador priista y un alcalde de oposición.
Lo común era que había celos del gobernador en turno, afán de sometimiento permanente al presidente, abusos, imposiciones y hegemonía intolerable del más poderoso sobre el débil responsable de la capital.
Lo de hoy ha sido distinto. El gobernador ha actuado con acierto en varios asuntos y no se ha interpretado ni como intromisión ni como autoritarismo.
Ha salido en defensa legítima del interés ciudadano en actos de gobierno sospechosos en la esfera municipal, como los anuncios espectaculares, los parquímetros, la protección a un alto funcionario municipal acusado de violentar a sus parejas y otros más.
La prueba es que en todos los casos los actos del gobernador se han visto como los de un procurador de los intereses colectivos, un vigilante que frena los intentos de abuso o negocios al amparo del poder o pago de favores de campaña a conspicuos caballeros del sector privado acostumbrados a medrar sin límite disfrazados de opositores.
En todos estos ejemplos queda la imagen del gobernante que truena el látigo cuando se advierten apetitos lucrativos.
Algo semejante ha ocurrido con algunos de los colaboradores del gobernador, que se convirtieron muy pronto en excolaboradores cuando se les descubrió faltando a sus deberes o abiertamente traficando con el cargo o encargo. No es así en todos los casos, desafortunadamente.
Se han documentado actos de opacidad, negligencia o favoritismo en distintas esferas del poder, lo cual contrasta con los escalones de acierto moralizador que dejan positiva imagen.
Hoy está en el centro de la atención el caso del secretario de Cultura, Sergio Vergara, cuyos antecedentes en el morenovallismo y galismo lo convierten en personaje impresentable e incómodo frente al discurso del gobernador. Pero hay además varios herederos o beneficiarios del gobernante muerto que, en cambio, están vigentes y gozan de cabal salud; inclusive, hasta parecieran piezas de uso al servicio del gobierno estatal.
En todos estos elementos ahí presentes, hacen falta medidas correctivas a fondo que vayan más allá del discurso, porque la retórica al tercer año está gastada.
Existen, asimismo, nichos de oportunidad múltiples que pudieran ser aprovechados o capitalizados por el gobierno estatal, y que, sin embargo, pasan de largo frente a los ojos y responsabilidades de sus colaboradores. Esto, lo muestra solitario o con un equipo carente de imaginación, iniciativa, búsqueda de potenciales espacios de acción y hasta de lucimiento.
Y el tiempo hace lo que mejor sabe hacer: pasar…