El cambio en la orientación política requiere de estructurar un conjunto de modificaciones institucionales y de un bloque dirigente afín a las orientaciones progresistas. Parto de la idea de que un país con mucha historia, con más de 120 millones de habitantes y con bloques dirigentes surgidos de complejos e interesantes procesos, obliga a considerar que el cambio representado por la 4T requiere integrar a los impulsores de la opción política, pero también de aquello que se venían desempeñando bajo los regímenes anteriores y que se convencieron que no se había encontrado el camino para superar los grandes problemas de los mexicanos, lo que requiere definir un conjunto de medidas y criterios para conformar al nuevo bloque gobernante, el que deberá corresponder con la esencia del cambio democrático para conseguir una mayor justicia y equidad para la mayoría del pueblo mexicano.
En el panorama político de nuestro país tenemos que asumir como modificable en un plazo razonablemente corto a los grupos que se encuentran en el sector industrial comercial y financiero, ellos poseen las fábricas, los bancos, las instituciones financieras privadas y una notable influencia en las instituciones públicas del sector financiero público; me refiero a nacionales y extranjeros, en los medios de comunicación. Del mismo modo, tenemos en el sector comercial a grupos nacionales y extranjeros con una red de relaciones con las organizaciones patronales y con las instituciones financieras en general, eso se presenta en los ámbitos de las empresas de más diversa naturaleza que prestan servicios a distintos sectores de la sociedad. Como es claro, no podemos inventar mágicamente un país distinto, tendremos que diseñar una estrategia que permita incorporar, al esfuerzo de transformación, a todos los mexicanos que efectivamente así lo deseen, manifiesten y se comprometan con la nueva forma de gobernar al país.
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En el caso de incorporar a los que junto con AMLO lucharon, es relativamente fácil lograrlo; en ese caso sólo se debe cuidar que las ambiciones y la lucha por el poder se encauce para que se resuelva frente a las distintas alternativas a fin de asegurar la continuación y consolidación de la transformación. Desde ahora ya se están perfilando los elementos propios de la sucesión del 2024, se perfilan grupos de integrantes de la 4T que han iniciado el trabajo para construir la alternativa que más les convence en ese trayecto, ya se están conformando varios grupos de militantes que principalmente se aglutinan en torno a las propuestas de notorios personajes del núcleo gubernamental y de fuerzas progresistas. En tal situación se encuentran los que se aglutinan en torno a Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard.
En la preparación de sus estructuras también tratan de resaltar lo razonable de sus preferencias y de manera, más o menos discreta, muestran los peros que pudieran tener los distintos prospectos a sus preferidos. En esa lucha se han mostrado acciones prudentes, pero también verdaderas acciones de carácter destructivo. En el primer ángulo tenemos:
La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, parece haber olvidado ese rasgo de la conducta humana al anunciar que rechaza el informe final de la consultoría que ella misma contrató para realizar un peritaje sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, al tiempo que tomó la decisión de no dar a conocer el documento.
Para justificar la opacidad, dijo que había demandado por la vía civil a la empresa, la noruega Det Norske Veritas (DNV), y que, al estar sub júdice, el informe no podía hacerse público.
En otro tema: el informe técnico preliminar, sobre la caída de un tramo de la Línea 12 del Metro capitalino, confirma la importante cuota de responsabilidad de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno que fue. A su vez, Claudia Sheinbaum, la favorita de Palacio, encontró y tomó, en el contexto del citado informe, la oportunidad de mostrarse propositiva, además de relativa y aparentemente distante del inmediato reparto de culpas (en ese acto, por cierto, no estuvo la directora del Metro, Florencia Serranía).
Una pregunta obvia se desprende de esos hechos: ¿Qué podrá estar oculto? Las posibles respuestas son limitadas. Si bien los primeros dos informes de DNV apuntaban a fallas estructurales y de construcción en el tramo elevado que se derrumbó hace un año, también existen evidencias de que había señales visibles de afectación –como el pandeo de las vigas de acero captadas desde 2019– las que tenían que haber atendido las actuales autoridades.
Hizo una descalificación al trabajo de DNV en los términos siguientes: “Es un informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso”, alegó. Y habló de un “caminito” por el que DNV estaría conectado con los enemigos clásicos de la autodenominada Cuarta Transformación: la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el PAN.
Habría, además, conflicto de interés en la elaboración del informe. Esto, por la presencia en el equipo de DNV del abogado Héctor Salomón Galindo Alvarado, quien en 2012 interpuso un recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de López Obrador.
Casi en el ostracismo político, sabedor de que los ánimos superiores desean cobrarle cuentas, Miguel Ángel Mancera apenas se defiende, con el fundado temor de que la palabra “mantenimiento” se convierta en su caso en una guillotina programada. Y Carlos Slim, el supermillonario emblemático, vio a su vez que las acciones de su Grupo Carso sufrían en la Bolsa Mexicana de Valores un descalabro que significó una pérdida de más de 3 mil millones de pesos.
A reserva de lo que indiquen dos reportes pendientes, que serán difundidos en los próximos meses, en el tablero del futurismo político queda maltrecho el canciller Ebrard, que era uno de los punteros, al igual que, así sea de manera menos contundente, la gobernadora capitalina Sheinbaum (a propósito, cual si fuera una respuesta nada diplomática a la filtración de The New York Times, circularon en Internet documentos de presuntas inversiones de familiares de Claudia en paraísos fiscales).
Contra eso se tiene que fortalecer los métodos para que las fuerzas progresistas aglutinadas en la 4T tomen sus decisiones y especialmente en Morena, PT, y el PVEM para mantener la libertad de discutir los proyectos y personas con una clara línea democrática de unidad. Se trata de diseñar un método que sea de consenso, de acuerdo a los estatutos del partido y a los acuerdos de la coalición que se conforme como equivalente a lo que fue la coalición Juntos Haremos Historia (JHH). Si el rumbo es la realización de los eventos partidarios que definen los estatutos las encuestas o una combinación conveniente de las diversas aristas del método que el núcleo progresista que hoy gobierna defina, pero debe quedar claro que debe ser el método de consenso y definir una vía, para que resuelto el asunto de las candidaturas se tenga una opción aceptada para consolidar la unidad de las fuerzas progresistas. A perfilar un rumbo como el descrito apunta la reunión de Morena realizada en Toluca que reunió a tres de los aspirantes más notorios a la candidatura presidencial; aunque algunos personajes importantes integrantes de la coalición JHH señalan que se les debió invitar al evento, supongo que su opinión será escuchada y el proceso se llevará a cabo con la necesaria inclusión y con un alto espíritu unitario y democrático.
Para quienes se están incorporando recientemente a esta gran lucha por el México equitativo, progresista y democrático, con ellos se deberá exigir que en el ámbito de su actividad se comporten de acuerdo con lo diseñado esencialmente como las máximas de la Cuarta Transformación, y en cuanto a su actuar anterior se les tendría que dejar muy claro que su conducta -respecto a esas máximas- definirá si la cuenta nueva de su actuar se mantiene o si reincide en las prácticas propias de los gobiernos saqueadores, entonces la cuenta se tomaría de manera integral lo nuevo y lo anterior. Es así que, entonces, todos los nuevos partidarios de la 4T tendrán que demostrar que efectivamente cooperaran para construir el México de todos los mexicanos.
Millones de compatriotas aspiran vivir en una sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad económica y social que padecemos. Ha sido muy satisfactorio constatar que incluso los sectores de clase media y, no pocos de los más acaudalados, manifestaran con su voto el deseo de mejorar la situación del prójimo y su acuerdo en el principio de que el gobierno ha de representar a todos, pero que debe dar preferencia a los olvidados y a los más pobres de México.
Considero que otro de los mandatos de la mayoría es el evitar la violencia, atendiendo para ello las causas que la originan y reformular la política de seguridad, hoy centrada casi exclusivamente en el uso de la fuerza, a fin de construir la reconciliación nacional en el bienestar y en la justicia.
Entre las muchas lecciones del 1 de julio debo destacar, también, una que tiene como destinatarios a los dirigentes políticos y a los servidores públicos; es decir, a nosotros mismos: la gente votó para que exista en México un verdadero Estado de Derecho; el pueblo quiere legalidad, no la simulación que en la aplicación de la ley ha persistido desde el porfiriato.
Los mexicanos votaron también para que se ponga fin a las imposiciones y los fraudes electorales. Quieren castigo por igual para políticos corruptos y para delincuentes comunes o de cuello blanco.
La ciudadanía plasmó en su sufragio el anhelo de que los encargados de impartir justicia no actúen por consigna y que tengan el arrojo de sentirse libres para aplicar sin cortapisas ni servilismos el principio de que, al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie.
“En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos; ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen.”
En el nuevo gobierno, el Presidente de la República no tiene palomas mensajeras ni halcones amenazantes; ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos.
Con estas líneas se podrá analizar cómo y con quienes se podría constituir el nuevo bloque gobernante, el que consolide a la Cuarta Transformación. El asunto de la sucesión cobra importancia en la conformación de un equipo para asumir la segunda parte del sexenio, porque es fundamental la unidad de las fuerzas progresistas y el proceso de maduración de la sucesión es parte fundamental para mantener unidos a los que por el momento se definen como simpatizantes de las distintas opciones para la candidatura presidencial. Insisto, un método para resolver el proceso de definición es fundamental para mantener la unidad. En lo que corresponde a los aliados, es indispensable tratar de reservarles un espacio significativo dentro de la gestión gubernamental y sobre todo se debe pensar, en mi opinión, en un método de gobernar que conceda más espacio a la creatividad y compromiso de los funcionarios del gabinete. Como un proceso sano de transitar a lo que en un periodo definido será el momento del relevo gubernamental.
Sentar bases para avanzar en su solución, donde se debe revisar lo avanzado en mejorar los niveles de vida de los mexicanos, especialmente de los que se encuentran en situaciones críticas de pobreza y marginación. Del mismo modo se debe realizar un balance de lo logrado en cuanto a mejorar nuestro sistema educativo y en lo que corresponde a la seguridad de los mexicanos sin dejar de considerar que el desmantelamiento de los vínculos de corrupción en sus distintas formas insertados en las esferas gubernamentales, que al iniciar la cancelación de esas relaciones perversas con la delincuencia generan resistencias de esas alianzas de los detentadores del poder en el neoliberalismo, generan en su resistencia para modificar su conducta actos de verdadera rebeldía hacia el gobierno democrático y pretenden crear una situación de inestabilidad, conveniente para la conservación de sus privilegios. En este propósito se ha tenido que enfrentar actos de deslealtad interesada, motivada por sus vínculos anteriores con el régimen anterior o porque les ha ganado la ambición.
Considero fundamental realizar, al interior de Morena y de los integrantes de la coalición gobernante, un balance acerca de los espacios que se han atendido y los problemas que se han abordado, así como la eficacia de la política de la 4T en cuanto a resolverlos o, al menos, sentar las bases para su solución.
Transformar un país como México, con su complejidad normal por su dimensión geográfica, su ubicación geopolítica y por los problemas que se generaron al privilegiar los intereses del mercado, significó priorizar los criterios de los negocios por encima de los intereses de los mexicanos. Con esa orientación los gobiernos neoliberales realizaron modificaciones a la normatividad, incluidas en ello modificaciones a la Constitución General de la República mexicana. Cambiaron el asunto de cuidar las áreas estratégicas de los energéticos, principalmente en la situación del petróleo y de la energía eléctrica y abrieron la posibilidad de que esas riquezas pudieran ser privatizadas en beneficio de los empresarios de la iniciativa privada nacionales y extranjeros, y en ese trayecto los funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano -en sociedad con empresarios voraces y asociados con ellos- establecieron convenios que significan verdaderos saqueos del erario en beneficio de esas asociaciones corporativas que han unido a los miembros de la iniciativa privada con funcionarios de corte neoliberal que tuvieron el poder en los gobiernos anteriores a la 4T.
Por lo antes mencionado, será de primera importancia excluir a los funcionarios que pretendan desde la 4T mantener los criterios para el diseño de las políticas de gobierno similares a los criterios de los neoliberales, no se debe permitir que en aras de reconocer el derecho de los empresarios para hacer negocios, se permita que el criterio para obtener contratos y licencias se vinculen de manera principal con las relaciones que se traducen en tráfico de influencias; por lo que se deberá exigir a los responsables de las áreas gubernamentales económicas y financieras que lo que conduzca a otorgar licencias y contratos o a establecer convenios de trabajo, sea la eficiencia y la eficacia en el ramo de que se trate, y de ningún modo continuar con lo que se debe entender es tráfico de influencias en las que, para favorecer las prácticas viciadas, se recurre a ocultar inventarios para simular escasez y así obligar a continuar trabajando con los que durante años se aprovecharon de sus buenas relaciones. En ese sentido, se tendrá que evitar se establezcan convenios como los de Odebrecht, Iberdrola y todos los que correspondieron con el criterio neoliberal del tráfico de influencias.
Se tiene que lograr que los actos de gobierno para realizar acciones de obra pública y las inversiones del gobierno correspondan con los criterios de eficiencia y eficacia y se den en el marco de la honestidad y la decencia. Al equipo de gobierno actual se le debe requerir que rinda un informe de lo realizado y, a partir de eso, poder tomar decisiones para hacer ajustes que permitan conformar el equipo para el segundo periodo de gobierno de AMLO, se debe pretender realizar cambios en las conductas de los funcionarios y, de ser necesario, hasta hacer ajustes que signifiquen cambios en los funcionarios de todos los niveles de gobierno.