Aunque casi en su totalidad es un discurso hueco, el llamado Plan de Desarrollo Institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, contiene suficientes elementos para preocuparnos seriamente a todas y todos los universitarios.
Su montaje es lo suficientemente burdo para reflejar una estructura de control y de gobierno con “cuatro cabezas de sector”, en el lenguaje tecnocrático, asentadas en cuatro oficinas a las que denominan “equipos líderes”: la secretaría general, la vicerrectoría de extensión y difusión de la cultura, la vicerrectoría de docencia y la vicerrectoría de investigación y estudios de posgrado. La rectoría no aparece por ningún lado.
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Cada “equipo líder” tiene a su mando distintas dependencias que no se distinguen entre sí por su función universitaria, esto es, tratan de manera indistinta a las unidades académicas y a las unidades administrativas. En otras palabras, las autoridades personales electas y que representan a sus respectivas comunidades académicas son tratadas como funcionarios designados por la administración central. A esto nos ha conducido, entre otras cosas, la designación de los llamados “candidatos idóneos” por parte de la comisión de auscultación nombrada para tal efecto. La “auscultación” ha terminado siendo un teatro montado desde la administración central para “dedetear” al o a la elegida.
Pero regresemos al Plan General de Desarrollo, aunque lo hayan rebautizado con el nombre de PDI. Entre las oficinas que la secretaría general se “agencia” son de llamar la atención la de la abogada general y la de Derechos Universitarios, pues cubren todo lo relativo a la judicialización universitaria; el Hospital Universitario desde donde se controla el servicio médico; el cuerpo de apoyo y seguridad universitaria que representa el control material más elemental: el acceso a las instalaciones y la vigilancia de las personas; la dirección de recursos humanos que cuenta con el expediente de cada trabajador; y ¿por qué no simular la preocupación por la igualdad de género? También la dirección de género. Además, la dirección de acompañamiento universitario le da para extender su brazo sobre el sector estudiantil.
Pero entre los “agentes transformadores”, pues así designan a las dependencias a su mando, están nada más y nada menos que el Consejo Universitario y los sindicatos. Ahora resulta que el secretario general, que estatutariamente es el secretario del consejo, será su “cabeza de sector”, no la rectoría, que lo preside, sino el secretario general. Si el consejo aprueba todo “por unanimidad”, ¿por qué no de plano ponemos en el organigrama de la universidad que está “supeditado” a la secretaría general?
Y, bueno, si los secretarios de los sindicatos blancos se han dedicado hasta ahora a ser cómplices de la administración para precarizar todavía más las condiciones de trabajo de sus agremiados, pues de seguro están muy satisfechos de verse “tomados en cuenta” como un apéndice más de la administración central universitaria. Quizá les están cumpliendo un sueño largamente acariciado.
Este es el organigrama del primer eje cuyo objetivo central es alcanzar el control y la vigilancia absolutos de los universitarios. Pero no lo van a lograr.
Una de sus estrategias será lo que eufemísticamente llaman la “actualización de la legislación universitaria”, su adaptación a las leyes externas, tanto federales como estatales. Pero este es sólo un pretexto burdo, pues aludir a estas leyes para obligarnos a hacer una declaración patrimonial y de intereses, cuando no somos servidores públicos, sólo exhibe sus ansias de control, pues son incapaces de fundamentar esa supuesta obligación. Y esta incapacidad no viene sólo de sus limitaciones sino propiamente de lo que la ley federal señala. No hay forma de fundamentar tal “obligación” a menos que tuerzan la ley.
Es importante señalar que todas estas dependencias universitarias, me refiero a la secretaría general, a la oficina del abogado general, a derechos universitarios, al hospital universitario y bueno, ni se diga al Honorable Consejo Universitario, tienen sus atribuciones y facultades claramente establecidas en la Ley de la BUAP, en el Estatuto Orgánico y en los Reglamentos, no en los Lineamientos que son decretos de rectoría y no pasan por el consejo universitario. De manera tal que son instancias indispensables para el buen gobierno de la universidad. Lo que hay que impulsar es que desempeñen sus funciones de manera independiente, tal y como lo establece nuestra legislación, pues eso permite generar un equilibrio en el ejercicio del poder y una política de contrapesos tan necesaria para lograr una conducción democrática de la universidad.
Un buen comienzo para recuperar nuestra libertad de expresión y derecho a la información sería que los consejeros universitarios que no estén convencidos de las propuestas de la mesa se abstengan y lo manifiesten para acabar con esta ominosa “unanimidad”.
¿No les parece a ustedes de la mayor importancia emplear nuestra propia legislación para ponerle límites al abuso de poder por parte de la administración central?