La desaparición de personas en Puebla tiene un cariz dramático desde hace, al menos, seis años. La mayoría de las desaparecidas son jovencitas, cuyas familias temen que hayan sido reclutadas dentro de redes de trata de personas.
Y no nos hagamos, de todos es sabido que hay una enorme red de proxenetas tanto en Puebla como en Morelos y Tlaxcala, de este último se sabe el nombre de los poblados al que son llevadas. No hay semana que los medios de estas entidades anuncien la desaparición de otra mujer, ya sea menor o mayor de edad.
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La Fiscalía General del Estado de Puebla reveló que durante 2021 se presentaron cuatro denuncias diarias por desaparición o no localización de personas; de ellas 298 siguen sin ser encontradas. Eso dicen las cifras oficiales. En promedio, cada 29 horas alguien desapareció en la entidad.
Colectivos y académicos han denunciado que el gobierno de la entidad no ha respondido de manera adecuada frente a la desaparición de estas mujeres. Y la gravedad aumenta si se considera que de las 760 mujeres reportadas como desaparecidas, más de la mitad son menores de edad.
Tristemente, hace algunas semanas, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, respondió ante los reclamos que la mayoría de las personas que se ausentan lo hacen voluntariamente. “Siempre –dijo- hay un rango muy alto de las personas que se ausentan y que vuelven a regresar a sus domicilios o son localizadas en algún lugar que son los domicilios de amigos, de familiares, de personas que van a buscar trabajo fuera de lugar de residencias. Ese tipo de cosas se resuelven todos los días. Y retó: “quiero que me digan cuántos casos conocen en este momento de personas que estén desaparecidas.”
Las declaraciones resonaron en Twitter donde centenares de personas respondieron al gobernador: “yo sí conozco un desaparecido”.
Y sí, yo también conozco una desaparecida. Se trata de la nieta de unos amigos de mi padre, cuya familia fue amenazada de no continuar la búsqueda. Mediante llamadas telefónicas les advirtieron que la muchacha está “trabajando” y que no desea ser encontrada.
Resulta que ahora, muchas chicas son atraídas mediante ofertas de trabajo en Facebook o mediante relaciones románticas y sí, mirado así, sí se van por su voluntad, pero con engaños y luego son retenidas en contra de sus deseos. Hay toda una red de enganchadores.
No es posible que desde el gobierno no se vea la gravedad de las desapariciones y que no haya colaboración interinstitucional con el estado de Tlaxcala, donde opera una gran red de trata desde hace ya bastante tiempo. Mire, hay libros, estudios, investigaciones, reportajes que dan cuenta de lo grave de la situación.
Incluso, el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana de Puebla, presentó su Informe sobre la Situación de la Desaparición de Personas en Puebla. El documento señala que la entidad ocupa el octavo lugar a nivel nacional en desapariciones acumuladas, al sumar 9 mil casos, tanto de personas que luego de su desaparición fueron localizadas, como de las que siguen sin ser encontradas. De ese universo, se detalló que actualmente 2 mil 882 personas están desaparecidas.
Aunque el 99.7 por ciento de las desapariciones se detectaron entre los años 2006 y 2021, el crecimiento exponencial se dio a partir de 2013. A nivel nacional desaparecieron más hombres que mujeres, pero en Puebla la tasa es al revés, ya que el 53.6 por ciento de las víctimas son mujeres.
Respecto a la edad, 4 mil 537 personas tenían 19 años o menos al momento de desaparecer.
El informe propone, entre otras cosas, que las víctimas y sus familias sean escuchadas en todas las etapas de las investigaciones.
Un dato grave reportado en el informe es que la propia Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) recurre a estrategias dilatorias para inhibir la presentación de denuncias. Contrario a lo que se establece en la Ley General en Materia de Desapariciones y en el Protocolo Homologado de Búsqueda, el estudio de la Ibero encontró que el Ministerio Público en Puebla aún pide a los familiares esperar 72 horas para recibir sus denuncias por desaparición de un ser querido. Y refiere que esos obstáculos se agravaron durante la pandemia, pues los familiares se toparon con oficinas cerradas y falta de personal.
Basado en testimonios de familiares directos de personas desaparecidas, el informe del IDHIE expone que la FGEP somete a los denunciantes a largas esperas y que, en muchos casos, sólo expide un acta circunstanciada o el número único de atención temprana, lo que demora las acciones de búsqueda y el registro de casos.
Hay una intención de invisibilizar la problemática y minimizar la hipótesis de los colectivos de búsqueda acerca de que las mujeres desaparecidas son reclutadas por redes de trata, incluso sospechan que hay colusión de autoridades en este tema.
Los discursos de que se fueron por voluntad propia o que las chicas son encontradas con el novio, solo abonan a normalizar los delitos de trata y la desaparición forzada. No hay más.