Como es conocido dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se lleva a cabo actualmente una "evaluación" a profesores-investigadores (así es el nombramiento oficial de las y los docentes) de la Institución. Esta evaluación corresponde a una política establecida entre la SEP y las Universidades. De su resultado depende no solamente el nivel de vida del docente, sino que incide en las condiciones de enseñanza, investigación, divulgación y vinculación de la Universidad en su conjunto. De ahí la imperiosa necesidad de invitar a los universitarios a "hacer comunidad" y abrir una agenda para discutir este tema.
Es por la misma naturaleza de los docentes, que somos los primeros en exigir que se haga constantemente un balance, análisis y seguimiento del rumbo e impacto de las actividades universitarias, tanto de las políticas educativas, las decisiones administrativas como de las actividades de nosotros como docentes. En ese sentido se debe partir de una evaluación institucional previa a la personal, en el marco de la autonomía universitaria.
Hay que partir de que el método actual para generar "estímulos" ha tenido como resultado una fragmentación del análisis y de la "calificación" de los resultados educativos y hace recaer los indicadores en el "rendimiento, capacidad y reconocimientos" de los docentes como el elemento principal de la evaluación de la Universidad. Cuántos miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y su nivel tiene la BUAP; cuántos Cuerpos Académicos consolidados, cuántos profesores "alcanzan" un perfil académico deseable (PRODEP), etcétera.
Sobre los profesores recaen reiterativas evaluaciones, muchas veces contradictorias o de poca claridad en su diseño y prácticamente inapelables, pues rara vez hay un cambio en su resultado. Sin embargo, lo fundamental en cualquier caso se pierde: evaluar las condiciones, la administración educativa, las políticas en producción, difusión y vinculación institucionales. No hay un método participativo democrático de las condiciones en las que laboran los académicos y el uso de los recursos universitarios y su impacto en las condiciones de trabajo. El resultado ha sido la percepción que muchos universitarios tenemos, que las actuales evaluaciones a los docentes fragmentan e individualizan las labores o crean pequeños grupos en busca de asociaciones para mejorar su salario con "estímulos". En algunos casos, la evaluación individual precariza el nivel de vida y las condiciones de trabajo universitario y su labor.
Además, intervienen en la evaluación instancias no reconocidas como propias de la institución universitaria. El caso de los Cuerpos Académicos, que no está presente en el organigrama académico de la Universidad, la pertenencia al SNI, cuya inscripción para iniciar es voluntaria y es calificada fuera de toda participación universitaria, y la certificación PRODEP. Es decir, se realiza una evaluación del rendimiento académico dentro de la universidad que implica someterse a evaluaciones externas, pero "pero vinculadas y que inciden" en los estímulos al salario como académico universitario. El tiempo, esfuerzo y poca claridad que estas evaluaciones implican, y los "estímulos salariales", dudosamente se puede decir que contribuyan a un análisis serio de la política educativa universitaria y su incidencia en la sociedad como un todo y por lo tanto a mejorar nuestra labor social.
Para empezar, el simple hecho de intentar llenar los requerimientos para entrar en la Convocatoria ha detenido o entorpecido la dedicación a las actividades académicas desde que se emite cada convocatoria; es decir, obstaculiza nuestro trabajo. En el caso de esta evaluación, por casi un mes, en busca de "evidencias" que deben ser aceptadas. Por ejemplo, no basta con tener una publicación como producto final y que ya fue arbitrada. Hay que incluir un proyecto con protocolo, cronograma e informe final, sin los cuales la publicación puede ser o no considerada como válida para hacerse acreedor a un puntaje. Por otra parte, evalúa las actividades sólo dentro de la BUAP. Esto significa que tenemos que pedir comprobantes generados por nuestra Universidad para entregarlos a la misma institución; lo cual resulta un absurdo.
Debería de promoverse una forma eficaz de que la misma BUAP pida la información que no tenga durante el año; por ejemplo, que simplemente mandemos una copia digital de nuestras publicaciones u otras participaciones durante el año, para que la misma BUAP genere nuestros expedientes. Por otra parte, debe hacerse un análisis de la tabla de puntaje. Y así, se pueden señalar varios aspectos reiterativos o contradictorios.
¿Quién pide todos estos informes y cómo intervenimos en su aprobación y enriquecimiento los universitarios, quiénes lo van a calificar y con qué transparencia? El hecho es que los informes vinculados al salario además son colocados en formatos diferentes y con criterios a veces discordantes. Son políticas que finalmente dan la impresión que entorpecen las labores en vez de contribuir a mejorarlas.
Lo primero que hay que hacer es hacer conciencia que somos una comunidad universitaria y no hay diferencia: estamos sometidos al mismo proceso de evaluaciones con poco sentido, equidad y transparencia. Esta evaluación, junta con la de PRODEP y Cuerpos Académicos e incluso SNI, están ligadas en el proceso de fragmentación, e individualización que en muchas ocasiones pueden precarizar tanto el nivel de vida como las condiciones de enseñanza, investigación, difusión y vinculación social. Ligar tres indicadores en su incidencia en el salario y las implicaciones que señalo es totalmente absurdo. Por ejemplo, los Cuerpos Académicos no son una instancia académica en el organigrama universitario, y el SNI es una solicitud voluntaria para quienes deseen obtener un estímulo de la SEP, desligado de las obligaciones laborales universitarias y se califica ser un profesor con perfil deseable básicamente fuera de la misma Universidad, aunque su administración participe en su proceso.
Además, me parece que lo primero que se debe evaluar es la eficiencia o ineficacia en la administración de los recursos universitarios. La cantidad de profesores hora clase, la estabilidad laboral y en general, la posibilidad de promociones laborales, o el congelamiento de plazas de personal que por diversas razones deja su plaza, son algunos de los puntos esenciales que son importantes discutir y evaluar.
Por estas razones, sería deseable hacer previamente una evaluación de la política y administración universitaria, con transparencia y participación democrática. En suma, es necesaria una evaluación previa a la personal individual, un análisis de las políticas de inversión y administración de la Institución y su incidencia en la Universidad y su labores, que debe ser realizada por los universitarios mismos.
La actual y controvertida evaluación de los académicos debe ir más allá de lograr la "certificación directa" para aquellos que tienen calificaciones externas (PRODEP, Cuerpos Académicos Consolidados o en Consolidación y pertenencia al SNI), y conformarnos como verla como un logro de corta duración. Tenemos la oportunidad de observarnos como una comunidad universitaria que ahora tiene la ocasión de abrir foros de discusión y análisis sobre una evaluación coherente y con resultados que mejoren las condiciones de trabajo, los resultados educativos, y su incidencia social.