Este 1 de septiembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador presentó su Tercer Informe de Gobierno y previo a este se presentaron varios spots publicitarios acerca de los temas de dicho informe; sin embargo, los datos presentados, como ha sucedido anteriormente en las conferencias mañaneras, resultan falsos o engañosos.
Luego de las declaraciones de AMLO en el informe y los spots, varios medios y organizaciones como Verificado o Animal Político realizaron un fact-checking acerca de lo que se informó, encontrando que varias de las frases dichas por el mandatario no eran completamente ciertas.
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Uno de los principales datos que se presumió en el informe fue la disminución de la incidencia delictiva, donde se afirmó que casi todos los delitos han disminuido; a esto, la organización Verificado analizó que de los 70 delitos del fuero común, sólo un 43 por ciento de ellos han disminuido; esto representa 30 delitos. Mientras que los 40 delitos restantes, es decir, un 57 por ciento, han aumentado.
Además de esto, Verificado especifica que los delitos con mayor tasa de crecimiento son: secuestro en un 500%, robo de objetos destinados a servicios públicos en un 304.48%, incesto en un 200% y acoso sexual con una tasa de 198.13%
En el caso específico de Puebla, también se observó un alza de la incidencia delictiva. De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, en 2018 se registraron 61 mil 172 delitos, mientras que el 2019 esta cifra incrementó a 76 mil 557, disminuyendo en 2020 a 63 mil 586, sin embargo, esta última siendo más alta que las cifras de 2018.
Por otro lado, dentro del informe se señaló que México no tiene deuda pública. A pesar de que -como mencionó el mandatario-, la deuda se redujo, no significa que esta ya no exista. El Banco Mundial y la Secretaría de Hacienda han confirmado que durante lo que va de la administración se han adquirido 4 mil 855 millones de dólares.
Otra de las afirmaciones que es importante destacar tiene que ver con la libertad de expresión en el país, donde el presidente afirmó que: “Ningún periodista es perseguido, censurado… se garantiza el derecho a disentir”.
Sin embargo, los datos muestran que en México el Derecho a la Libre Expresión se ve violentado en gran medida. De acuerdo con los datos de Artículo 19, en lo que va de la administración, 22 periodistas han sido asesinados.
Además de ello, sus declaraciones contrastan con la versión reciente de la Secretaría de Gobernación, donde se reconoce que el nivel de riesgo que sufren los periodistas visibiliza la gravedad de la crisis de Derechos Humanos en el país.
Sumado a esto, se destaca la constante estigmatización y descalificación que hace el presidente a los medios y periodistas en las conferencias mañaneras, donde desde su discurso violenta el derecho a la libre expresión que tienen los y las periodistas que hacen preguntas acerca de su gestión.
Si bien, algunos de los datos brindados por el presidente, como el incremento del salario mínimo en un 60 por ciento es verdadero, en otros ámbitos, la información presentada no corresponde a la realidad.
Los casos mencionados son algunas de las frases que hizo el presidente, sin embargo, hay más afirmaciones que se han hecho sin datos reales que fundamenten lo expresado. La expresión que usó el presidente en todos sus spots e informe fue: “Hechos, no palabras”, aunque los hechos no correspondan a sus palabras.
Un punto fundamental en la implementación de políticas públicas y planes de gobierno es analizar qué aspectos no han funcionado en la realidad y redirigirlos. Pero, en un gobierno donde se disfrazan o niegan las cifras reales de la situación del país, no deja espacio para corregir los aspectos que no han sido resueltos completamente.
Las implicaciones de hablar con hechos y datos engañosos son preocupantes. No sólo se trata de la expresión de ellos, si no que estos son la base para seguir legislando. Por lo tanto, tomar las decisiones importantes con información no cien por ciento verdadera, implica que no se tome en cuenta lo que de verdad sucede en el país.
El hecho de que el mismo presidente presente información engañosa como verdadera afecta directamente el Derecho a la Información que tiene la ciudadanía de ser informada por el Estado bajo la obligación de transparencia; lo que trae consecuencias graves ya que las personas no pueden tomar decisiones con base en la realidad de México.
La desinformación es un tema delicado cuando hablamos de que es uno de los puntos base para las conductas y decisiones sociales, por lo que observar este fenómeno desde el puesto más alto de autoridad del país es de gravedad y preocupación, tanto para la forma en la que se gobierna y se legisla para salvaguardar los derechos de toda la ciudadanía.