Con la noticia del espionaje a diferentes personas por medio del programa Pegasus, el asesinato de la activista Aranza Ramos y el asesinato del periodista Abraham Mendoza, se visibiliza la gravedad de la situación del país en cuestión de seguridad de quienes intentan luchar por sus derechos y la democracia.
El homicidio de Aranza Ramos se dio bajo un contexto donde siendo parte del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, buscaba a su esposo quien se encontraba desaparecido desde diciembre de 2020. De esta forma, la línea de investigación que sigue su caso relaciona su activismo como la causa del asesinato.
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Además de esto, como informa el medio Tercera Vía, el pasado 7 julio el colectivo reportó como desaparecido a Rubén Armenta Flores, uno de sus integrantes y sobrino de una de sus miembros, agregando que el grupo ha recibido amenazas desde 2019.
Estos hechos demuestran la brutalidad y violencia que junto con el luto, tienen que vivir los seres queridos de personas desaparecidas que realizan la labor de búsqueda que en un principio corresponde a las autoridades gubernamentales.
Por otro lado, el asesinato del periodista Abraham Mendoza es el quinto registrado en el año, cifra preocupante debido a la cantidad de casos en un periodo de tiempo tan corto. En el caso de Mendoza, según varios medios, se puede relacionar el suceso con los temas que cubría: corrupción o crítica política.
Junto a este contexto violento hacia periodistas y activistas, se suma la reciente investigación Proyecto Pegasus realizada por distintos medios internacionales, la cual reveló que el software espía Pegasus contaba con una lista de 50 mil números telefónicos como posibles objetivos de hackeo, de los cuales 15 mil eran de México.
Originalmente en México, el software fue contratado entre 2016 y 2017 con el objetivo de espiar a delincuentes y personas vinculadas con el narcotráfico, sin embargo, el mal uso de este resultó en el espionaje de activistas, periodistas, políticos y personas relacionados a estos.
Tal y como informa Artículo 19, algunos de los números que se encontraron en la lista incluyeron a Carmen Aristegui, familiares y su equipo de trabajo. Así como también periodistas como Álvaro Delgado, Marcela Turati, Andrés Villareal, entre otros.
No obstante, el caso del periodista Cecilio Pineda, quien fue asesinado el 2 de marzo del 2017, fue el más preocupante, debido a que su número fue atacado por Pegasus una semana antes del suceso, destacando también que el periodista cubría temas relacionados con corrupción y vínculos entre el gobierno y grupos delictivos.
El contexto de violencia hacia personas que defienden los derechos humanos y periodistas en México es un problema grave y estructural que se debe atender de forma inmediata, la lucha por los derechos y el periodismo es un pilar fundamental para la democracia.
Las condiciones de niveles altos de violencia más las herramientas tecnológicas que son usadas para los motivos equivocados, condenan al país a un ambiente sin opiniones disidentes que posibiliten la crítica y por ende, se le niegue a la sociedad su derecho a ser informada y decidir de acuerdo a la información que se le proporciona.
De esta forma, bajo el marco de la corrupción e impunidad que vive el país, se acallan voces que luchan por los derechos. Este hecho significa una amenaza a la integridad de las personas y la sociedad misma ya que no se puede tener un contrapeso real hacia el poder, lo cual debilita la democracia.