El día de ayer se sumó a los titulares el asesinato del periodista Saúl Tijerina además, la semana pasada se reportó el asesinato de un estudiante de la Benemérita Universidad de Puebla, Carlos Portillo y el periodista Gustavo Sánchez; hechos que reflejan la profundidad de los problemas con el funcionamiento de las instituciones del país.
La causa del asesinato de Carlos Portillo se relacionó con el abuso de poder por parte de cuerpos policiales; mientras que en el caso de Gustavo Sánchez ocurrió en un contexto donde en repetidas ocasiones la integridad del periodista fue amenazada e incluso violentada.
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El común denominador en ambos casos corresponde a la insuficiencia de las instituciones que se encargan de “preservar y cuidar” los derechos de todas las personas.
El caso de Saúl Tijerina es otro de los casos que muestran la gravedad del nivel de violencia contra la prensa y activistas en México, quienes reciben intimidaciones y amenazas por parte de diversos actores con el objetivo de censurar y callar sus voces.
Además de esto, en el caso del periodista Gustavo Sánchez anteriormente se había hecho una petición al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, las medidas no fueron implementadas a tiempo para salvaguardar su vida.
Durante 2020 Sánchez fue atacado con arma de fuego donde le perforaron un pulmón y lesionaron un brazo. A pesar de esto y del inminente peligro que el periodista estaba viviendo, el mecanismo no fue lo suficientemente eficiente para protegerlo.
Esto ocurre bajo un contexto donde el año pasado la Ley para Protección de Personas Defensoras y Derechos Humanos fue reformada y se eliminó el fideicomiso que garantizaba que las medidas fueran eficaces, dejando a cargo de su funcionamiento a la Secretaría de Gobernación.
A pesar de la existencia de este mecanismo, las cifras de asesinatos a periodistas siguen sumando casos, donde sólo en lo que va de este año, se han registrado cuatro asesinatos a periodistas.
La organización Artículo 19 reportó que en 2020 fueron asesinadas 24 personas defensoras de derechos humanos y seis periodistas; y 19 en total desde que comenzó este sexenio.
Por otro lado, el caso de Carlos Portillo también refleja un problema estructural del abuso policial. De acuerdo con una encuesta realizada por el INEGI en 2016 a la Población Privada de la Libertad, 7 de cada 10 personas detenidas sufrieron agresiones físicas, incluyendo maltratos como patadas, puñetazos, asfixia o descargas eléctricas.
También el INEGI reportó que una quinta parte de los casos de detención son realizados sin una orden judicial y en lugar de ser llevados a una dependencia policial son llevados a una ubicación desconocida y privada.
Human Rights Watch informó que una de las razones del abuso policial es la poca claridad y cumplimiento de la legislación mexicana, donde se agrava el problema debido al alto nivel de impunidad y corrupción.
Todos estos casos reflejan insuficiencia de las instituciones del país, quienes al no realizar su labor de forma correcta tiene consecuencias fatales para la vida de las personas que deben proteger.
La suma de factores como falta de capacitación, trámites burocráticos, indiferencia, impunidad y corrupción a la hora de tomar decisiones y poner en práctica la legislación, dan como resultado instituciones incapaces que debido a sus gestiones pueden cobrar la vida de una persona inocente o que sólo ejerce su profesión.