Los malos resultados no son casuales

Jueves, Noviembre 19, 2020 - 13:19

No todo se debe al impacto de Covid: desplome económico o la muerte de miles

Economista, exrector de la UDLAP. ExDirector del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. En 2019 fue candidato a Gobernador de Puebla en las elecciones extraordinarias. Director de Puebla contra Corrupción e Impunidad

Es sabido que los resultados que ha alcanzado este gobierno en temas de economía, combate a la corrupción, seguridad, reducción de la pobreza y desde luego la lucha contra la pandemia no son los que se habían esperado. Mucho (no todo) se debe al impacto de Covid, como el desplome económico o la muerte de miles de personas y abarrotamiento de los hospitales, pero muchas otras situaciones de crisis parecen deberse a la gestión deficiente del aparato burocrático y a políticas equivocadas. Estas últimas, como la desaparición de los fideicomisos, o la cancelación de las guarderías o de los centros de apoyos a mujeres violentadas, tienen su origen en el propio Presidente de la República y los funcionarios simplemente han seguido órdenes.

Pero en otros casos, como el desabasto de medicinas y no contratación de vacunas, o el perder en las negociaciones de la CFE con los constructores de los gasoductos, el bajo desempeño parece causado por el debilitamiento o de plano desmantelamiento de capacidades del gobierno para ejecutar y proveer los servicios públicos que requiere la sociedad.

La profesionalización del servicio público ha sido afectada por el propio Estado mexicano. Después de años de construir capacidades técnicas de alto nivel para enfrentar los retos y necesidades de las diversas entidades del estado (por ejemplo, el Banco de México que forma a sus funcionarios jóvenes, o hace años el Conacyt condonaba la deuda de estudiantes de posgrado si el becario-acreditado trabajaba en el gobierno a su regreso), las decisiones de este gobierno han puesto bajo amenaza esa profesionalización y la capacidad de ejecución gubernamental, a partir de tres hechos. Primero, la eliminación de plazas de alto nivel (10 subsecretarías y direcciones generales adjuntas) que limitan la capacidad de análisis y ejecución de las secretarías de estado. El caso de la desaparición de la subsecretaría de América del Norte en la SRE es un ejemplo conspicuo. La capacidad de interlocución con nuestras contrapartes en Estados Unidos y Canadá disminuye simplemente por falta de personal de nivel en México.

Segundo, la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada el 19 de noviembre de 2019, impide que los servidores públicos de mando superior que dejen su cargo puedan ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada. Para poder hacerlo, deben transcurrir al menos diez años. Si bien es cierto que este tipo de provisiones ya existía en México y existe en varios países (por ejemplo, son dos años en los Estados Unidos y 3 años en promedio en la Unión Europea), es demasiado tiempo para muchos funcionarios de alto nivel de especialización o para puestos que requieren experiencia. Antes de que se promulgara esta ley, hubo un éxodo de funcionarios en algunas instituciones, mediante jubilaciones anticipadas o de plano renuncias. Tal fue el caso del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En 2019, el primero experimentó, al menos, 200 renuncias o jubilaciones anticipadas, mientras que la CNBV tuvo que cubrir 359 vacantes por renuncias masivas, entre las que se encuentran 50 altos funcionarios. Esta modificación administrativa representó una rotación del 25% del personal de la institución (Signos Vitales, “México Enfermo” Octubre 2020, pp.130-134. https://tinyurl.com/y6f9l8hc).

Tercero, el gobierno emprendió una reducción de plazas y de salarios para todos los funcionarios públicos. Los recortes fueron de 3% de plazas en niveles de subdirector a enlace, y de 30% en puestos superiores en el gobierno federal, entre 2018 y 2019. Estas disminuciones afectaron a alrededor de 8 mil funcionarios. También la modificación a la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos (LFRSP) reglamentó que nadie puede ganar más que el Presidente de México. La ley dio origen a, por lo menos, 5 mil 168 amparos interpuestos por jueces, magistrados, consejeros electorales, trabajadores del Banco de México y miembros de la Secretaría de Gobernación, entre otros. Tras una serie de acciones de inconstitucionalidad, la SCJN declaró inconstitucionales los artículos 6 y 7 e invalidó los artículos 217 y 217 bis del Código Penal Federal que penalizan a los funcionarios que reciban remuneraciones por encima del salario que le corresponde al presidente de la República. La modificación a la ley fue insuficiente y actualmente está pendiente de resolución en la Suprema Corte otra acción de inconstitucionalidad. Esta reducción significó una merma al salario de todos los funcionarios públicos, de entre 26.3% para los directores de área, y de 39.4% para los directores generales. En muchas áreas de la administración pública, estos salarios dejaron de ser competitivos en el mercado.

Las limitaciones de empleo y los niveles de salario reducen de manera significativa los incentivos para que un profesionista de buena preparación desee estar en el gobierno. La reducción de plazas y la salida de personas bien preparadas y con talento, que tomó varios decenios construir, significa una grave pérdida de experiencia, capacidad y conocimiento en los ejecutores del servicio público federal.

Uno se pregunta qué impacto han tenido estas políticas en el pobre desempeño de este gobierno, pero no parece desdeñable. Si un equipo de beisbol juega con 8 jugadores y pierde a sus pitchers, catchers y bateadores estrellas, difícilmente podrá dar buenos resultados, para que me entienda YSQ.

 

Enrique Cárdenas Sánchez

Universidad Iberoamericana de Puebla

Signos Vitales

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

enrique.cardenas@iberopuebla.mx

@ECardenasPuebla

 

 


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