Poder y dominación ¿relación perfecta y perpetua?

Miércoles, Septiembre 16, 2020 - 09:53

Se cometen crímenes en nombre de la autoridad tanto en EEUU como en Colombia

Maestra en Ciencias políticas y politóloga colombiana. Docente investigadora en la Universidad de Ibagué (Colombia). Sus temas de interés son Minorías étnicas, representación política, movimientos sociales, reformas electorales

Recientemente han tomado protagonismo las expresiones anti raciales que con las manifestaciones en Minneapolis hoy trasladadas a Washington revelan que algo está pasando en medio de una democracia que pervive por medio de un sistema presidencialista hoy sobre envalentonada tras la continuidad pandémica. A su vez, se hace visible el abuso de autoridad por parte de instituciones estatales que se envisten de “violencia física legítima” en el accionar de sus intereses; el doble racero de la democracia representativa vuelve y juega.

En Estados Unidos cobró protagonismo la lucha antirracista preexistente de hace años tras la muerte del ciudadano George Floyd en Minneapolis a causa del abuso policial tras ser compartida por un testigo en redes atizo la sensación de desigualdad y de subordinación  a la que se encuentra sujeta la población negra y otras minorías étnicas en Norteamérica. En Colombia por su parte, la muerte del  abogado Javier Ordoñez también a manos de patrulleros de la policía evidencia que racismo y abuso de poder son realidades vivísimas a pesar del presunto avance democrático en la legitimidad institucional. Lo uno y lo otro no es más que la punta del iceberg de problemáticas coyunturales de viejo cuño.

Eludir a racismo no es de por si primicia en cuanto a conflictividad étnica y social, al contrario éste ha estado presente en suelo estadounidense y en otros países a lo largo de la consolidación del Estado moderno. La llamada fuga blanca  white flight que en los años cincuenta y sesenta encabezaron miles de ciudadanos blancos estadounidenses reubicándose en zonas estratégicas frente al incremento de la presencia de población negra, velada también por el discurso de la amenaza comunista que hacía mella en las políticas económicas y sociales de la época, es apenas ejemplo de como éste país aposto por el blanqueamiento de la historia a costa del exilio negro de alguna posibilidad de desarrollo.

Hablar de racismo entonces significa abarcar un amplio contexto histórico político y cultural por lo que me interesaré en esta ocasión en el segundo elemento: el abuso de poder y/o autoridad. Abunda la literatura en torno la definición de poder, destacándose la visión de Max Weber  respecto a los aparatos institucionales mediante el cual éste se materializa. Todo ejercicio de poder entonces lleva inmanente una relación de subordinación y obediencia en sus diversas expresiones legítimas: legal, tradicional y carismática (1). 

Al considerar Weber al Estado como monopolio de la violencia coercitiva, ésta recae en las instituciones destinadas para tal fin, las cuales pueden acudir a violencia física de ser necesario en pro de garantizar la estabilidad establishment del Estado. Sin embargo el cuerpo policial se define constitucionalmente como civiles armados garantes del ejercicio de derechos ciudadanos y libertades públicas al contrario del ejército que garantizará la soberanía estatal (2).

Entonces, si los fines de la institución policial recaen en el garantismo ciudadano como es que en un Estado democrático se cometen crímenes en nombre de la autoridad, y ésta tanto en EEUU como en Colombia en los casos en mención- guardando sus matices- es justificada por parte del gobernante en turno aprovechando la figura de comandante en jefe.

Así, el ejercicio del poder por medio de la amenaza de la violencia física no es más que el pan de cada día con la que un gobierno plasma o da continuidad a un proyecto político específico. Hecho que no es ajeno en Latinoamérica, los gobiernos militares no son más que la muestra de que el ejercicio del poder político se instaura a través de la subordinación y la eliminación de ser el caso.

Sin embargo, volviendo a Weber el poder legítimo también requiere cierto grado de reconocimiento por parte de la ciudadanía, cosa que falla en los casos ilustrados ya que hoy día el creciente desencantamiento de la fuerza policial se acompaña también de notoria movilización social a favor de condenar los actos violentos,  y, a su vez reclamar una urgente reforma que redefina la estructura del cuerpo policial que funge más de verdugo que de garante de las libertades civiles.

De forma que en el gigante del norte como en el país cafetero la consigna reza sobre el fin del abuso policial y con él toda una política en la cual la ciudadanía vuelva a tener- si es que alguna vez la tuvo en el caso colombiano- confianza en ésta institución. A lo sumo, los perjudicados a la larga no somos solo los ciudadanos de a pie que un día pudiéramos quedar a la suerte y voluntad del agente policial sino de la institución misma que día a día se deslegitima.

Bien sabemos que poder y autoridad no puede y no debe desligarse del ejercicio de legitimación dado que allí la horda y la desazón social se tornan más conflictivas, advirtiendo incluso ciertos espacios de anarquía que podrían avizorar cierta nostalgia.

En últimas, mientras que Trump y Duque se concentran en la campaña presidencial que se avecina, los ciudadanos (as) se reafirman en oposición frente a un orden institucional obsoleto. ¿Se trata entonces de un fortalecimiento democrático, o de un quiebre inminente del mismo?...Urgen posiciones y decisiones contundentes de parte y parte del Leviatán.

 

Notas

1. Weber, Marx (1993) Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica.  

2. Art. 218, Constitución Política de Colombia de 1991.

 


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