Argentina, con Cupo Laboral Trans; ¿y México cuándo?

Martes, Septiembre 8, 2020 - 07:48

Periodista con 12 años de experiencia. Maestra en Comunicación y Medios Digitales. Docente en periodismo. Contacto: @Luz_HernandezG y lc.lucero.hg@gmail.com

Trabajar 10 años vistiendo un género que no eres. Levantarse cada día, acudir a trabajar usando un traje masculino para que no te señalen, para que no te vean excesivamente, para que no te juzguen. Es la historia de Zahira: trabajó una década en un despacho contable siendo hombre. Sabía que era su única posibilidad para trabajar en el mercado formal, porque a las de «su condición» sólo les queda el comercio sexual como fuente de ingresos.

Zahira es una mujer transgénero que se vio obligada a trabajar vestida de hombre porque en Puebla y México no hay opciones de ingreso al mercado laboral para las personas transgénero, mucho menos reconocimiento a su identidad, lo que impide el respeto a sus derechos en los ámbitos de salud, educación, justicia y empleo.

Esa etapa de su vida es triste para Zahira, aunque al negar su identidad de género pudo acceder a seguridad social y prestaciones de Ley, y lo más importante, no ingresar al mercado informal que resulta la única opción laboral para las mujeres transgénero: el comercio sexual.

No es algo que realmente elijan, son las condiciones laborales inexistentes para ellas, sin protocolos efectivos que eviten la discriminación desde la contratación y ambientes laborales, que parten desde el no reconocimiento de su identidad y, con ello, de su personalidad jurídica.

La comunidad internacional les reconoce. La legislación nacional muestra avances, pero no las legislaciones locales, y esto se mantiene como una cadena de avances pequeños y retrocesos mayores, donde las y los más afectados, son los grupos vulnerables, como la comunidad transgénero.

Los Principios de Yogyakarta son el antecedente de un tratado internacional que obliga a los países a respetar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ. En 2011 México tuvo un avance en derechos humanos a partir de una reforma constitucional, con cambios como la obligación de las autoridades para guiarse por el principio pro persona y la prevalencia de los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano. ¿Qué pasa entonces?

Mientras los estados mexicanos mantienen cerrada la discusión del reconocimiento a las identidades de género, Argentina muestra un avance gigantesco. El viernes 4 de septiembre se publicó el Decreto 721/20 que valida un cupo laboral para que al menos 1 por ciento de los puestos en el sector público sean ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero.

Hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre, ellas y ellos podrán acceder a espacios laborales desde el sector público. Incluso se plantea que el nivel de estudios no será obstáculo para la contratación o permanencia del empleo.

En viernes pasado fue de fiesta en Argentina. Se reconoció una lucha colectiva de años para lograr la inclusión de uno de los grupos sociales más vulnerados. Ellas, las mujeres transgénero, podrán acceder a condiciones equitativas de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación.

Argentina la vuelve a hacer. Hace 10 años se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar el matrimonio igualitario y hoy otorga protección legal de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ.

Las leyes internacionales lo establecen: todas las personas tenemos derecho al trabajo digno, pero la realidad en México dista de la de Argentina.

En marzo de este año, justo antes de la pandemia, la Secretaría del Trabajo federal aprobó el Protocolo Para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral, enfocado en prevenir la discriminación por razones de género. ¿Qué tanto se aplica? Decidí preguntar en la Secretaría del Trabajo en Puebla ¿qué políticas públicas hay enfocadas a la comunidad transgénero?

Del protocolo no hubo respuesta, parecen no conocerlo, y aunque de reciente creación, lo anunció con manteles largos la secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde. Sobre políticas públicas estatales, la Dirección General de Inspección Laboral, que encabeza Ricardo Federico Malcos, aseguró que no tiene “supuestos relativos a preferencias sexuales o género”. Descartó que alguna persona transgénero le haya solicitado, hasta el momento, su intervención y afirmó que en las inspecciones que realizan no han encontrado casos de discriminación.

La realidad es una: las personas transgénero existen y al mercado laboral aún les es complicado ingresar si no es disfrazándose del género opuesto. La historia de Zahira es sólo una entre una comunidad cada vez con mayor presencia que exige reconocimiento, un primer paso para el respeto a sus derechos.