Después de años de agravios, en 2018 la mayoría de las y los poblanos votamos por un cambio de régimen que, de una vez por todas, dejara atrás el abuso y uso arbitrario del poder. Lo hicimos con la esperanza de que el triunfo de la Cuarta Transformación diera paso a la recuperación de la confianza en la autoridad de gobierno, al fortalecimiento de las instituciones democráticas locales, a una auténtica división de poderes y al respeto a su autonomía; pero, sobre todo, lo hicimos con la esperanza de vivir en un verdadero estado de derecho.
Desafortunadamente, como en las peores épocas del autoritarismo recalcitrante, lo que hemos visto hasta ahora en el gobierno actual de Puebla es más de lo mismo de siempre. Los mismos viejos vicios, las mismas viejas prácticas, la misma soberbia y el mismo desprecio a la legalidad, solo que ahora en su peor versión, una más burda y descuidada.
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Como todos saben, el gobierno actual no las trae todas consigo. No solo es de los peores calificados a nivel nacional, sino que ha caído de la gracia de muchos sectores comprometidos con un verdadero cambio de régimen. Y en lugar de articular una respuesta inteligente y profesional ante la adversidad, lo que hemos presenciado es una tosca y grosera campaña de persecución política para tratar de recuperar la confianza y mantener la gobernabilidad.
Nadie duda que en el pasado hubo abusos, impunidad y corrupción, y que se debe hacer justicia y castigar a quienes hayan delinquido. Yo mismo señalé en su momento ilegalidades en las administraciones anteriores. Eso es una cosa. Tema distinto es aprovechar el control de los aparatos de procuración y administración de justicia para violentar la ley y perseguir enemigos. Son temas muy diferentes. Una cosa es la justicia, otra cosa es la cacería de brujas.
Todos estamos a favor de lo primero, pero no confundamos la gimnasia con la magnesia. Una cosa es combatir la impunidad y otra muy distinta es la venganza. Y es claro que los señalamientos dolosos y mal intencionados que viene haciendo el gobernador del estado en referencia a mi gestión como Secretario General de Gobierno durante el interinato, son una muestra de lo segundo.
De acuerdo con el titular del ejecutivo estatal, durante 2019, en la dependencia a mi cargo se ejercieron recursos provenientes de una supuesta “partida secreta” de la que, según él, “no hay ningún documento que acredite en qué se gastaron los recursos”.
Como ya lo he reiterado en varias ocasiones, no existen partidas “secretas” en el presupuesto público del estado. La partida presupuestal a la que se refiere el gobernador es la 3370, que se llama “Servicios de Seguridad y Protección”. Es un concepto autorizado por el Congreso del Estado, homologado a las normas federales, y su ejercicio y comprobación están reguladas por una normatividad especifica que data de muchos años atrás.
Cabe destacar que no es una partida cuyos recursos sean ejercidos exclusivamente por el área de gobernación. También los han ejercido las áreas de seguridad pública y procuración de justicia. Es una partida que incluso existe a nivel federal y que hoy en día se sigue ejerciendo conforme a un marco normativo común, en ese orden de gobierno.
Desde un principio, el gobernador fue debidamente informado de su existencia, así como del monto de los recursos asignados y mecanismos de operación. De hecho, a petición del propio gobernador se solicitó una ampliación de dicha partida presupuestal y que fuera orientada principalmente a garantizar la seguridad y la gobernabilidad del proceso de transición, y así se hizo.
El gobernador menciona que no hay documentos que acrediten cómo fueron gastados los recursos. Falso, sí los hay. Personas del primer circulo del gobernador electo hicieron uso de la mayor parte de esa partida en asuntos de la transición instruidos por él mismo. Existe documentación firmada por ellos que acredita que el hoy titular del Ejecutivo estatal dispuso de esos recursos, tanto en la etapa de transición en calidad de gobernador electo, como en la etapa de gobernador constitucional ya en funciones, lo cual es perfectamente legal y está contemplado en la normatividad. En eso no hay nada indebido ni irregular.
Lo que es condenable es que después de haber utilizado esos recursos y de estar al tanto de la partida presupuestal correspondiente, el gobernador venga ahora a decir, primero, que no sabía de su existencia y que él no dispuso de ellos. Y segundo, que quiera torcer la realidad haciéndole creer a la opinión pública que se hizo algo indebido. Y es precisamente este supuesto “desconocimiento” el que demuestra la perversidad detrás de la acción. Como él ha decidido considerarme su enemigo, me incluye en su lista de venganzas políticas y se inventa una historia burda y desaseada para perseguirme.
Como es evidente, estamos ante la misma actitud abusiva del poder que pretende utilizar la fuerza del Estado para amedrentar y someter, para imponer y atropellar, para estigmatizar a quienes considera incómodos, a quienes critican y evidencian decisiones equivocadas o de dudoso sustento técnico, o a quienes, de plano, se les considera como adversarios políticos.
El Presidente López Obrador ha sido muy claro: “un verdadero cambio de régimen consiste en acabar con la corrupción y la impunidad que hoy son parte estructural del sistema económico y político de México”. El uso de las instituciones de procuración y administración de justicia con fines políticos es algo que se tiene que acabar.
Para lograr un verdadero cambio de régimen, la primera condición es ejercer el poder de manera diferente. No caer en abusos ni excesos que rayen en comportamientos y prácticas asociadas a lo que se pretende dejar atrás. Aferrarse a esas viejas prácticas autoritarias es seguir en el pasado, cuando lo que se requiere es liderazgo con visión de futuro.