Condicionado por el híbrido marxista de confrontación porril bolivariano que el Presidente Andrés Manuel López Obrador trae enquistado en la mente –y que no le permite razonar con lógica-, en el caso Obredecht-Lozoya acaba de cometer otro desatino que desde el punto de vista jurídico, lo podría transformar de acusador, en procesado.
Como es ampliamente conocido, el ex Director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, fue detenido en España y extraído a México para ser enjuiciado por corrupción, tráfico y sobornos relacionados con la brasileña Obredecht, a quien se acusa de contubernios con los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –y PAN y PRI-, para que mediante reformas constitucionales, obtuviera concesiones en materia de exploración y extracción de petróleo, entre otras.
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Para efectos del objetivo de la presente entrega, vale subrayar que en el contexto del aparatoso escándalo de corrupción que desde sus “mañaneras”, López Obrador anunció que ya en México, Lozoya iría directo a la cárcel –como debía ser-, en la práctica resultó que ya aquí, primero se le inventó un problema de salud para ir a un hospital, y luego la mandaron a su casa.
La cuestión es que al paso del tiempo, en lugar de que procesalmente se llevara la investigación sólo por la vía jurídica, el Presidente echó mano de su populismo, sacó de contexto el caso, se desvió de la vía del Derecho, y ordenó que para que la sociedad se informara, el expediente fuera subido a redes sociales, para que desde ahí el pueblo se informara del proceso jurídico, casi, casi como si se tratara de un volante callejero.
Lo que López Obrador no captó, fue por una parte que a él no le correspondía asumir que debido al Derecho Procesal y la división de poderes –el documento está bajo las facultades y sigilo de la Fiscalía-, al Presidente no le correspondía tomar una decisión en ese ámbito de jurisdicción: Hacer público un documento que por su naturaleza jurídico procesal y de investigación, es de reserva y secrecía.
Pero sucedió algo peor: Resulta que aún con el rechazo de la Fiscalía de que el documento de 63 fojas fuera subido a redes, éste, por orden del Presidente está en redes sociales con el siguiente link: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/20/esta-es-la-denuncia-completa-de-emilio-lozoya-el-documento-que-cimbro-a-toda-una-generacion-de-politicos-en-mexico/
En él, todo ciudadano puede confirmar por sí mismo que el Expediente fue manipulado con agregado de páginas sin firmas y hasta sin folios.
De la 49 a la 52, las fojas carecen de folio y firma. La 52 y la 53 se repiten con firma.
Lo anterior –de acuerdo a juristas consultados-, tales alteraciones al Expediente del caso Lozoya, equivaldrían al delito de falsedad documental, que en este caso aplicaría directo al Señor Presidente de la República, Don Andrés Manuel López Obrador.
Todo un caso para Ripley, pero lógico en el contexto de un sistema en total caducidad, y con un personaje que políticamente nació en el PRI, pasó al PRD, y luego con un híbrido de todos los partidos formó un peor híbrido: MORENA.