México necesita ciencia y educación, las políticas públicas al sector educativo son prioritarias para el desarrollo de la educación científica y sociocultural en el país, el mejor aporte a la educación es mejorar el funcionamiento de las escuelas, las universidades y los centros de públicos de investigación, así como la aprobación de leyes en materia educativa de vanguardia, -validados no solo por los legisladores y los gobernantes-, sino por toda la comunidad universitaria, académicos, investigadores, maestros, estudiantes, rectores, padres y madres de familia y la sociedad en general, porque esto representa una garantía a los derechos humanos de la educación consagrados en el artículo 3 de la Constitución Política Mexicana y pactado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde recomienda a los Estados que es fundamental que "la educación es, antes de todo un derecho humano, un derecho sin lo cual no hay ejercicio de otros derechos".
La Ley de Educación en Puebla, contiene preceptos constitucionales incompletos y mandatos volátiles, requiere una revisión general de carácter gramatical y técnico al texto legislativo, ya que fue aprobada tras bambalinas por los diputados del Congreso del Estado –que cada día es más confuso su actuar ya que salen en un video a decir que van a “Nacionalizar la Educación”-, y que además no realizaron un Parlamento Abierto Universitario, ni valoraron las propuestas legislativas del Consorcio Universitario y de las Universidades más prestigiadas del país –BUAP, UDLA, UPAEP, IBERO, TEC DE MONTERREY, LIBRE DE DERECHO, ANAHUAC, UNIVERSIDAD MADERO, UNIVERSIDAD DEL VALLE, entre otras muchas universidades, institutos y colegios en Puebla. Basta sumar que La Ley de Educación, no corresponde a la armonización de la Ley General de Educación, ni tampoco considera lo determinado en La Reforma Educativa 2019 en lo referente a PARIDAD Y GÉNERO.
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La Paridad Educativa, es uno de los puntos principales del estudio de la UNESCO, Educación para todos, donde 164 gobiernos a nivel global han fijado cumplir con estos objetivos de una enseñanza sin discriminación de género y una igualdad en la educación en general, con paridad de los órganos educativos. La OCDE reconoce que México está trabajando para alcanzar la paridad de género en el sistema educativo, el acceso igualitario de mujeres y de hombres a la educación media superior y superior, se ha incrementado en 2019, la OCDE monitorea a los sistemas educativos a través de estudios, con el objeto de abundar sobre la brecha de género en la educación. Educación e igualdad de género es un instrumento de derechos humanos para eliminar la discriminación y violencia por razón de género y alcanzar la paridad en la educación, y es uno de los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro del marco de Acción para la Educación 2030 de ONU, que reconoce que “la igualdad de género esta inextricablemente ligada al derecho a la Educación”.
Existe ya en la materia una iniciativa de ley sobre paridad y género en el sistema educativo, es una Reforma a la Ley General de Educación en materia de paridad en los órganos colegiados de dirección y la creación de las unidades de género en las Universidades, presentada por la Diputada Federal Martha Tagle Martínez, esta Iniciativa de Ley propone un modelo educativo paritarista, para establecer la paridad de género en los órganos colegiados de las instituciones académicas públicas y privadas, así como la creación de las unidades de género en las universidades, Iniciativa de ley de mi autoría, impulsada por el Colectivo Nacional 50+1. La iniciativa de Ley, es una reforma a la Ley General de Educación, que modifica los artículos 8, 11, 22, 31, 49, 108, 132 y un artículo transitorio.
Un Modelo Educativo Paritarista, se traduce en armonizar la Reforma constitucional de paridad entre géneros y la Reforma constitucional en materia educativa, ambas iniciativas de vanguardia que coinciden en incorporar la paridad de género en el sistema jurídico mexicano. La reforma paritaria, regula los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115, para legitimar un sistema paritario en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno, en los organismos constitucionales autónomos y en los municipios y comunidades con población indígena. La Reforma en materia educativa, modifica los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, y propone en materia de paridad, la obligación de enseñar contenidos educativos con perspectiva de género, principios de igualdad y no discriminación, orientación en educación sexual y propone un Sistema Nacional Educativo de mejora continua paritario.
Todo es reversible y corregible, aprendamos de las negociaciones entre CONACYT y de la SHCP, en el decreto de austeridad republicana publicado en el DOF de fecha 23 de abril, donde la Secretaría de Hacienda aplicaba un recorte presupuestal del 75% sobre los recursos para los centros públicos de investigación y de la administración pública federal del CONACYT –este decreto es una propuesta de Iniciativa de Ley de Austeridad Educativa- para reorientar el presupuesto de 134 mil 396 millones 542 mil 714 pesos que se tenía para la educación y la investigación, fue subsanado y por acuerdo ya no abra recorte presupuestal. Son 27 Institutos de investigación dentro de los más destacados: CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIATEC Centro de Innovación a Tecnología, INAOE Instituto Nacional de Astrofísica, CIO Centro de Investigaciones en Óptica, CICESE Centro de Investigación de Educación de Ensenada, COLMEX Colegio de México, FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, CENTROGEO Centro de Investigación Geoespacial, FIDERH Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos, entre otros.
En Puebla, podemos seguir el ejemplo del acuerdo entre Conacyt y la SHCP, lo que se pide al Ejecutivo del Estado es la flexibilidad y el acuerdo político para modificar la Ley de Educación y corregir los errores y ambigüedades, de toda la Ley, principalmente el más confuso, el artículo 105 “los bienes muebles e inmuebles de las instituciones de educación privada para formar parte del Sistema Educativo Estatal” para emitir con claridad que no pasaran al control del Gobierno. Todo esto a generado una guerra educativa entre 2 sectores, la gubernamental y la emprendida por el Consorcio Universitario y las escuelas privadas, por lo que más de 63 instituciones educativas privadas han promovido un amparo ante los juzgados del poder judicial de la federación en Puebla, en contra de la Ley de Educación del Estado conocida hoy todo el país como “La Ley Barbosa”.
Existen otras propuestas para ser analizadas en la Comisión de Educación del Congreso del Estado para corregir la Ley de Educación: La Iniciativa de reforma a Ley de Educación del Diputado Marcelo García Almaguer para agregar palabras a los artículos 105, 117, 143 y 146 de la Ley, así como la propuesta del Consejo de Estudiantes del Estado CEDE y el Consejo Nacional de Jóvenes Pro México A.C, que consiste en someter a un Parlamento Abierto de Estudiantes la Ley de Educción a efecto de corregir las ambigüedades en su contenido, y la propuesta de contrarreforma a la Ley de Educación en Puebla, elaborada por el Consorcio Universitario de Puebla, Federación de Escuelas Particulares, Unión Nacional de Padres de Familia, Instituciones Particulares de Educación Superior Afiliadas a la FIMPES y ANUIES, que hacen modificaciones a los artículos 18, 105, 112, 116, 143, 145, 146 y 147 de la Ley de Educación en el Estado. Por supuesto también está la propuesta de la Iniciativa de Ley de la Dip. Martha Tagle para homologar los preceptos constitucionales de paridad y género en la Ley de Educación, para considerar en materia de paridad en los órganos colegiados de dirección y la creación de las unidades de género en las Universidades.