En la comunicación ejercida por el Presidente López Obrador (AMLO) en sus rutinarias pláticas por la mañana, nos ha acostumbrado a escuchar, como una regla de redacción, dentro de su discurso político el concepto moral para diferenciar lo “bueno” frente a lo malo.
La amplitud de los conceptos de moralmente aceptado con lo éticamente correcto, radica en el estudio de la filosofía en su discusión etimológica, desde la tradición romana con Cicerón y la griega con Aristóteles, respectivamente.
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Sin embargo para el caso de la vida pública, entenderemos a la moral como la acción individual que vista desde el sentimiento popular es aceptada como buena, mientras que lo éticamente correcto es aquello que se delimita mediante la ley y las instituciones, marcando así la vida del personaje público frente al ejercicio de su autoridad.
En ambas concepciones, el pensamiento político obradorista, busca alfabetizar con su discurso la perspectiva de lo moralmente aceptado y éticamente correcto, para ello requiere que leyes e instituciones se amolden a sus ideas, con el fin de no incurrir en violaciones a la ley o a las instituciones.
El estado de emergencia sanitaria le ha permito al Presidente AMLO, más allá de su preocupación por la salud del pueblo, atender una tesis malthusiana sobre la demografía, donde los que se adapten a este virus podrán dar testimonio de fuerza, buscando con ello esforzarse más para configurar el control político que requiere para consolidar la idea de económica moral, cuya base radica en atender la pobreza rural y, según su discurso, a las y los más pobres a través de los programas del bienestar.
El problema radica que el programa de rescate económico necesario para afrontar la crisis provocada por la pandemia del COVID 19 ha sido elaborado desde la visión de la Presidencia de la República, dejando de lado opiniones de la sociedad civil y del sector empresarial del país, así como así como los cambios que se pretenden a la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria para otorgar manga ancha al ejecutivo federal para tomar decisiones, sin restricción por alusión a una “emergencia”, en el manejo del presupuesto para su reasignación sin previa consulta o aprobación de la cámara de diputados.
Esta forma particular de ejercer el poder político no debe sorprender a propios y extraños, se dice bien que para grandes males, grandes remedios, y el presidente AMLO amante de las analogías históricas alude su admiración por la figura de Benito Juárez y su forma particular de diseñar su gobierno, recordemos que con la intervención francesa y el segundo imperio, ante la invasión extranjera y los conflictos internos que se resistían a los cambios promovidos por la Constitución de 1857, el congreso durante la intervención, determinó una serie de medidas institucionales y legales para que en nombre de la defensa de la nación el Presidente Benito Juárez actuara a través de facultades centradas en él como poder ejecutivo, dejando así en sus manos el manejo de libertades de la ciudadanía y la emisión de decretos que a la larga le dieron permanencia en el poder político, siendo un elemento importante el manejo del presupuesto.
El discurso popular, cuya construcción se hace comprensible para la mayoría de quien lo escucha, ha sido un aliado para crear el sentido común de sus ideas.
No importan los nombres de la mafia del poder, tampoco en cómo se lleva el combate a la corrupción, basta la claridad al referirse a los de arriba, a la cúpula, porque se hace alusión a los que no están alineados a su discurso “emancipador”, no importa quienes, lo importante es que son los otros, quienes están en contra del pueblo y que a todo costo buscan vivir de la fortuna de la nación y del dinero del pueblo.
Son el pueblo malo, los moralmente incorrectos, los desobedientes, los que viviendo en democracia y pluralidad, no aceptan la moral política de la transformación.