Germán Sánchez Daza
Investigador de la Facultad de Economía BUAP
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La movilización masiva de los estudiantes poblanos durante la semana pasada, que continuará en los próximos días, ha sido ejemplar y muestra su hartazgo ante la persistente violencia que sufren en sus diferentes espacios. Al mismo tiempo, la amplia simpatía y solidaridad de la sociedad cuestionan de fondo las acciones gubernamentales.
La situación que hoy enfrentamos no es sino la violencia sistemática hacia los más elementales derechos humanos, resultado de un largo proceso de autoritarismo estatal, de corrupción e impunidad de las distintas administraciones gubernamentales (PRIAN), así como de un proceso económico que se ha fincado en el despojo, el cohecho y la desigualdad. Si bien se han dado avances en los ámbitos electoral y legislativo, la violencia y sus determinantes persisten. Es en este contexto que nos interesa comentar tres acontecimientos que son muestra de esto y que colocan al gobierno estatal en el centro del debate.
La lucha por el derecho a la vida y la seguridad
La movilización estudiantil -que tuvo como detonante el asesinato de Ximena, Javier, José Antonio y José Emanuel, los tres primeros estudiantes de medicina y el último trabajador de UBER- estalla por la indignación de los jóvenes de la Facultad de Medicina, que no solo han sufrido asaltos y violencia durante su estancia como estudiantes –se mencionan robos frecuentes y agresiones con armas de fuego-, sino que además se han enfrentado a ambientes laborales de extrema violencia (incluidos abusos sexuales) durante la prestación de su servicio social e internado. Todo esto sin que hubiera una adecuada atención por parte de las autoridades institucionales y gubernamentales (en todos sus niveles, entre ellas las vinculadas al sector salud).
A partir de esa iniciativa, la solidaridad con sus demandas adquiere el estatus de reclamo y exigencia de todos los estudiantes, de la BUAP y de otras instituciones de educación superior: derecho a la vida, transitar con seguridad y libertad. El reclamo directo a las autoridades gubernamentales (en especial a las estatales) no da pie a duda alguna; si bien la violencia tiene raíces estructurales y vinculada con administraciones anteriores, la actual gestión estatal no ha logrado cambios sustanciales ni la percepción que se tiene de inseguridad.
Frente a la movilización, el gobierno de Miguel Barbosa Huerta ha recibido las demandas y se ha comprometido a dar una respuesta pronta, ha cambiado además al titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Aun cuando se tiene a tres detenidos, se espera una respuesta convincente a las demandas estudiantiles, que, como se ha señalado, van más allá del esclarecimiento de los asesinatos. ¿Cómo el gobierno garantizará el derecho a la vida y la seguridad de los estudiantes y de la población en general?
Un aspecto que está alrededor de este movimiento es la participación de las autoridades de la BUAP, la cual deja muchas dudas en torno a su incidencia directa y utilización para solventar el enfrentamiento que ha tenido con el gobierno de la entidad. A través de las redes sociales circularon diferentes acciones de “apoyo” por parte del personal de dichas autoridades, sin embargo, de acuerdo a la información que disponemos, la Asamblea Universitaria 20/02 de los estudiantes ha tratado de mantenerse alejada de los intereses de la administración institucional (cuestión que en algunas Facultades es una exigencia). Cabe destacar que la dinámica del mismo movimiento ha llevado a que surjan nuevas demandas en las distintas Facultades de la BUAP -entre ellas la atención a las denuncias de violencia y acoso al interior de la Institución-, lo cual está complicando ya el panorama a la rectoría (y el pretendido uso que pretendería darle); esto pudiera abrir un nuevo cause al paro estudiantil. Habrá que seguir con detenimiento los acontecimientos de esta semana.
El derecho a la libertad de expresión
Entre los derechos humanos que fueron conculcados durante décadas por los gobiernos PRIAN fue el de la libertad de pensamiento y de expresión, que está basado en la libertad de información e ideas. La connivencia de los medios de información con los gobiernos en turno, el sometimiento y la represión sobre las personas y medios que intentaban difundir con veracidad el acontecer político y social de nuestro país y, en particular, de la entidad, fueron prácticas cotidianas de esos gobiernos.
La lucha por la libertad de expresión fue una de las reivindicaciones más importantes de los movimientos sociales del siglo XX, y de lo que va del presente. Los profesionales de los medios de comunicación han sufrido distintas agresiones a su labor informativa, que van desde las presiones “sutiles”, pasando por la pérdida de empleo y llegando al extremo de su desaparición o asesinato. Solo en los últimos veinte años se habla de 150 periodistas asesinados en México.
En el caso de Puebla, durante el presente siglo, los comunicadores sufrieron fuertes presiones de los distintos gobiernos, destacando los de Mario Marín y Rafael Moreno Valle, quienes en su afán de defender sus intereses y aspiraciones políticas, usaron el poder gubernamental para sobornar, presionar o reprimir a los medios de comunicación. Hoy, en el marco de un nuevo gobierno, se esperaría que esto se modificara.
Sin embargo, las prácticas de imposición y uso autoritario del poder retoñan, a la luz del nuevo gobierno; al respecto podemos recordar la detención del activista Miguel López Vega, quien está vinculado con la defensa del territorio y la radio comunitaria. Tanto el gobierno estatal como legisladores vinculados a él justificaron la detención, “olvidando” la causa social y ambiental que dio origen a la acción judicial.
A fines del mes de enero, una nueva acción de intimidación y autoritarismo estatal se inició, en esta ocasión en contra del periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, utilizando el argumento de daño moral se han interpuesto cuatro demandas provenientes del líder del Congreso de la entidad y de otros tres funcionarios del Gobierno del Estado, reclamando una indemnización de 20 millones en su conjunto. Al respecto, el semanario Proceso hace un detallado reportaje sobre lo que ha calificado como asedio estatal.
El fondo del asunto es el cuestionamiento que ha hecho Rodolfo Ruiz a diversas acciones del gobierno de Barbosa Huerta, señalando su incongruencia al nombrar funcionarios con antecedentes incompatibles con los principios y objetivos del partido que le llevó al poder. La estrategia es clara, debilitar su labor informativa y del portal e-consulta, desgastándolo en los largos y tediosos procesos judiciales y, en caso de ganarlo, poner en entredicho su credibilidad y el posible cierre del portal.
Ya distintos medios de comunicación, periodistas y organizaciones civiles han salido a denunciar este atropello, la trayectoria como periodista veraz, respetuoso y plural es el respaldo de Rodolfo Ruiz.
De esta manera, la sombra autoritaria del morenovallismo y su uso arrogante del poder resurgen, amenazando el derecho de libertad de expresión.
El derecho a la libre organización
Uno de los grandes logros del movimiento obrero fue sin duda el derecho a la libre organización, la conformación de sindicatos que les permitieran defender sus derechos. Esto se vio coartado en México por la connivencia del Estado con los patrones y los líderes venales (popularmente denominados “charros”), de tal forma que los sindicatos perdieron su esencia y se convirtieron en apéndices del estado corporativo durante más de medio siglo. El Primero de Mayo de 2019 entraron en vigor las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en las cuales destacan aquellas que tienen como objetivo garantizar la libertad de asociación y la defensa de los intereses de los trabajadores en relación a sus condiciones laborales. Con estas reformas se espera que el charrismo sindical llegue a su fin.
Uno de los mecanismos institucionales que garantizaron la deformación de tales organizaciones fue su reconocimiento por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en las cuales se anulaba todo intento de formación de sindicatos o comités ejecutivos que se manifestaron como independientes de los líderes corruptos, eternizados en sus puestos. Hoy, esto no ha cambiado.
Por un lado, de acuerdo a la información disponible, se puede apreciar que existe un enorme rezago en la justicia laboral, tanto en términos individuales como colectivos. Solo mencionaremos tres casos que ponen en evidencia el actuar autoritario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla.
El primero y más antiguo, el caso del SUNTUAP, cuya lucha por su reconocimiento tiene ya un cuarto de siglo; como lo mencionamos en artículos anteriores, ha sufrido los embates de las autoridades de la Institución en franca alianza con los gobiernos en turno. El objetivo fue hacerlo a un lado para reformar a la Universidad, privatizando la educación superior. Los justificantes para no reconocerlo han sido principalmente de corte burocrático-administrativo, y sin fundamentos de peso. En la actualidad se está en espera de una resolución más de dicha Junta, los afiliados del SUNTUAP han desarrollado una campaña amplia y novedosa, reivindicando su justa y digna demanda: reconocimiento del derecho a la libre asociación.
El segundo caso es el Sindicato Democrático de Meseros y Apoyo Logístico, que en el mes de noviembre solicitó su registro, con el respaldo de 32 firmas y un padrón de simpatizantes de más de 70; sin embargo, en febrero le fue rechazado por la Junta argumentando fallas en el proceso administrativo.
El tercer caso, el Sindicato Auténtico e Independiente de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Puebla, que en el mes de diciembre pidió su registro con el respaldo de cuarenta miembros, en febrero le fue comunicado su rechazo; se trata de una organización que busca ser alternativa al apatronado Sindicato Adolfo López Mateos (quien posee una irregular titularidad del contrato colectivo) con el objetivo de lograr el bienestar de los trabajadores y de sus condiciones laborales. La justificación de la Junta Local fue administrativa –falta de una firma, que por lo demás la nueva Ley no contempla.
De esta manera, en estos tres casos, la arbitrariedad y la violencia sobre el derecho a la libre asociación ha provenido de una dependencia gubernamental, que es propia del régimen anterior pero que aún se mantiene defendiendo los intereses de patrones y autoridades gubernamentales.
Comentarios finales
Estos tres acontecimientos muestran no solo la persistencia de la violación de los derechos humanos sino también el resurgimiento de prácticas gubernamentales que atentan contra de ellos. Es indiscutible que estamos en tiempos de cambio, que existe un clima para modificar estructuras, de democratizarlas, de acabar con la corrupción y la violencia, pero se observa la existencia de candados legales, prácticas institucionales y políticas que no se modificarán sin una participación directa de los distintos actores de la sociedad.
El clientelismo, el predominio del pragmatismo político (que permite la mimetización partidaria sin principios), el liderazgo totalizador, entre otras prácticas, inhiben la democracia y la participación directa de la ciudadanía.