Víctor Reynoso
Profesor de la UDLAP
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El 23 de marzo de este año Alejandro Armenta Mier presentó ante el Tribunal Electoral de la Federación el primero de tres recursos contra la candidatura de Luis Miguel Barbosa como candidato de Morena. Menos de un mes después, el 19 de abril, se desiste de esas tres impugnaciones y acepta la candidatura de Barbosa. Entre esas dos fechas se dictó auto de formal prisión contra Mario Marín, en cuyo gobierno Armenta fue funcionario.
Se ha planteado que dicha orden de aprensión fue un “estate quieto” hacia Armenta: si sigues haciendo ruido impugnando la candidatura de Morena, nos iremos contra tu exjefe, Mario Marín. Pero es impensable que se utilice al poder judicial del país para resolver un conflicto interno de un partido político. Es impensable que se use un tema tan complicado como la tortura a una periodista, Lydia Cacho, que denunció delitos tan delicados como la pederastia, para resolver un asunto intrapartidario.
Sin embargo, a algunos se les ha ocurrido pensarlo. Son, o somos, malpensados, ciertamente. Aunque parte de la explicación es que hay antecedentes en la historia del país en los que el poder judicial se utilizó para resolver problemas políticos, dentro de los partidos o fuera de ellos. Probablemente era algo común. Cada principio de sexenio, por ejemplo, se encarcelaba a un político del sexenio anterior. Las razones jurídicas nunca faltaban. Pero todo indicaba que la razón de fondo era política.
Un ajuste de cuentas contra alguien en particular que dejaba todos los demás casos de irregularidades en la impunidad. Es lo que preocuparía del caso Marín: que la aplicación de la ley sea selectiva, que se aplique solamente a los casos más visibles.
Hay sin embargo una importante novedad en el caso Mario Marín. Lo que le dio mayor visibilidad, fue que llegó al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Dicho Comité emitió una resolución, a fines de julio de 2018, contra el Estado mexicano por haber violado los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
Esta novedad aleja al caso del exgobernador poblano de las aplicaciones discrecionales de la ley que se acostumbraban en el antiguo régimen. Una novedad que indica algo muy positivo: la soberanía nacional tiene límites, los Estados nacionales no son soberanos para violar los derechos humanos de sus ciudadanos. La resolución de la ONU obligó al Estado mexicano, por vía de la secretaria de gobernación (que anteriormente, como ministra de la Suprema Corte, había exonerado a Marín), a pedir disculpas a la periodista.
Todavía está por verse el carácter y las consecuencias de esta orden de aprensión. Por lo pronto, parece que tendrá un importante carácter preventivo: toda autoridad política se cuidará de realizar una acción similar a la de Marín, a dar “unos coscorrones” a una periodista simplemente porque ofendió a un amigo o socio. No basta con tener la influencia política suficiente dentro del país, pues el caso puede llegar a instancias internacionales.
Bien que sea así. Lamentablemente solo los periodistas y casos más notables tendrán esta protección. Pero esperemos que el efecto sea más amplio y proteja a un número amplio de periodistas y en general de personas que participan con seriedad en la formación de opinión pública.