Víctor Reynoso
Profesor de la UDLAP
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Poco se ha comentado la propuesta presidencial de que el Ejército no solo construya el nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía, sino que lo administre y se quede con las ganancias. Es una propuesta insólita. No está ni ha estado en las funciones de ningún ejército en un país democrático administrar un aeropuerto civil y usufructuar los beneficios económicos que genera.
La propuesta evoca inevitablemente a la república bolivariana de Venezuela y a otros gobiernos autoritarios. Ahí el régimen le ha otorgado diversos beneficios económicos al ejército. El mal menor ha sido la ineficiencia, pues se les da a los militares responsabilidades para las que no está preparados. El mal mayor es crear una connivencia entre poder militar, poder económico y poder político.
Al parecer el principal y casi único sostén del gobierno de Nicolás Maduro es el ejército venezolano. Un apoyo no basado tanto en cuestiones ideológicas o de proyectos políticos, sino en una cuestionable asociación económica entre el gobierno y los militares. Otorgarles prebendas económicas puede ser una forma de corromperlos.
El principal objetivo del actual gobierno federal en México es acabar con la corrupción. Hay en eso un consenso casi unánime. La preocupación está en los medios. En su campaña y en su libro López Obrador daba una solución muy simple, o muy simplista: si el presidente de la República es honrado, los demás funcionarios lo serán. Las escaleras se barren de arriba hacia abajo.
No queda claro cómo y cuánto tiempo llevará ese barrido. No será automático. Las prácticas de utilizar los bienes públicos en beneficio privado no disminuirán porque el presidente no practique la corrupción. No hay ninguna lógica en eso. Un ejemplo particular: grupos que se apoderan de los presupuestos estatales o municipales para utilizarlos en provecho propio lo seguirán haciendo, sea cual sea la actitud del presidente. El huachicol no se acabará por el simple ejemplo del presidente: se requiere de una estrategia muy compleja, que abarque la tecnología, la información, la acción policíaca y judicial.
Volviendo al tema, creo que es importante preguntarse si al otorgar prebendas económicas a las Fuerzas Armadas no corre el riesgo de corromperlas. No sé si sea legal, pero da la impresión de que no es moral.
El Ejército y la Marina están entre las instituciones más aceptadas por la ciudadanía. Han respetado los cambios electorales del cambio del siglo. Han acompañado las diversas alternancias con una institucionalidad ejemplar. Han sido sometidas a un fuerte desgaste y a críticas por participar en el combate a la delincuencia. Hoy, uno de los mayores críticos de esa participación, el presidente López Obrador, rectificó y no solo mantiene la presencia de Ejército y Marina en la lucha contra el crimen, sino que ha propuesto incrementarla.
Otorgarles funciones y beneficios económicos a las fuerzas armadas no es propio de regímenes democráticos. Son las autocracias donde eso sucede. Ojalá la decisión se reflexione y discuta como amerita algo tan serio.