Desde que se anunció el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional para la Ciudad de México (NAICM) o Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), se suscitó la polémica sobre el lugar en donde debería situarse. La necesidad de ampliar las capacidades aeroportuarias de la capital parece ser un consenso, no así el lugar adecuado para construir la nueva infraestructura. Quizá con el argumento de que ésta es una decisión que corresponde a especialistas, sin airear mucho el asunto en la opinión pública, las autoridades federales decidieron que el NAIM se construiría en Texcoco. Como era de esperarse, los afectados directos fueron los primeros en inquietarse; las protestas en San Salvador Atenco en 2006 y la reacción represora el estado dejaron una herida social que aún no cicatriza del todo. Tras una pausa y el replanteamiento de la estrategia, el gobierno de Peña Nieto relanzó la propuesta de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco. Desde entonces, nuevos actores manifestaron su inconformidad y el tema se fue calentando progresivamente a partir de que se convirtió en objeto de debate en la pasada contienda electoral. Con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, parece definitivo que la idea de consultar a los ciudadanos se hará realidad. En días pasados se anunció por los medios de comunicación que la Fundación Arturo Rosenbleuth será la encargada de coordinar este ejercicio que pretende democratizar el asunto. Mucho habrá de discutirse en los próximos días sobre esto. Por lo menos tanto como sea posible hasta el 25 de octubre, fecha programada para iniciar la consulta. Y la polémica promete continuar, con toda probabilidad, más allá de octubre por lo menos en la arena política.
La consulta popular para decidir proyectos de desarrollo con la participación del Estado es una idea con poco reconocimiento jurídico y, al menos hasta ahora, prácticamente de nula ejecución en nuestro país. Entre los colectivos organizados, han sido los pueblos indígenas los primeros en haber reivindicado el derecho a ser consultados sobre proyectos de interés público o privado que en algún momento amenacen la integridad de su territorio, su hábitat o su forma de vida. El derecho a la consulta de los pueblos indígenas fue reconocido jurídicamente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo desde el año 1989, instrumento que fue ratificado por el estado mexicano en 1990 en un aparente e inusitado arranque de justicia histórica a los pueblos originarios. Posteriormente, ya a inicios de la década pasada, se integró al artículo 2º del texto constitucional. En la práctica del derecho a la consulta en varios países se fueron definiendo las condiciones que deberían satisfacerse: para que este derecho sea efectivamente respetado, la consulta habrá de ser previa, libre, informada y de buena fe.
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Aunque se trata de un derecho hasta hoy reconocido exclusivamente a los pueblos indígenas, hay voces que reivindican su ampliación a otros colectivos con los mismos argumentos. Así fue posicionándose la propuesta de una consulta para la construcción del NAIM, con la particularidad de que, en este caso, el sujeto político a consultar es el pueblo mexicano.
Asumiendo que la consulta que coordinará la Fundación Arturo Rosenbleuth será de buena fe, que la participación será libre por parte de los ciudadanos que deseen manifestar su postura y que en los próximos días habrá abundante información sobre el proyecto y sus alternativas a disposición de la opinión pública, parece claro que la consulta será tardía. La construcción del NAIM en Texcoco ya ha costado cerca de cien mil millones de pesos (pongamos la cifra en números, para apreciar mejor: $100,000,000,000.00), el daño ambiental es prácticamente irreversible y, por si fuera poco, el desplazamiento de las comunidades afectadas ya se ha producido. Ahora habrá que agregar cuánto costará el servicio de la Fundación Arturo Rosenbleuth y toda la logística que tendrá que ponerse en marcha. Básicamente, ya no hay mucho qué decidir y la opinión pública lo sabe. Por eso, la discusión sobre el NAIM es más entre políticos que entre ciudadanos.
Aunque me esperanza la idea de que la nueva clase política se muestre sensible frente a la opinión pública, lamento que el tiempo en que se produce sea tardío. Quizá sea ésta más bien una experiencia duramente aleccionadora para concebir una noción y una práctica del derecho a la consulta popular que hace ya siglos que nos hace falta.
*Julio Avalos es académico de tiempo completo adscrito a los Posgrados de Derecho de la Universidad Iberomericana Puebla. Es abogado por la BUAP con maestrías en Sociología del Derecho (IISJ-Oñati) y Ciencias Políticas (U. Complutense de Madrid). Ha sido profesor activista de derechos humanos en México y en América del Sur, dedicando su labor a la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas.