Los únicos antecedentes verdaderos de la legislación moderna sobre aseguramiento de los trabajadores y de sus familiares, se encuentran a principios del siglo XIX, en la época porfiriana: en dos disposiciones de rango estatal: la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, expedida el 30 de abril de 1904, y la Ley sobre Accidentes de Trabajo, del Estado de Nuevo León, expedida en Monterrey el 9 de abril de 1906. En estos dos ordenamientos legales se reconocía, por primera vez en el país, la obligación para los empresarios de atender a sus empleados en caso de enfermedad, accidente o muerte, derivados del cumplimiento de sus labores. Para 1915 se formuló un proyecto de Ley de Accidentes que establecía las pensiones e indemnizaciones a cargo del empleador, en el caso de incapacidad o muerte del trabajador por causa de un riesgo profesional; por lo que la base constitucional del seguro social en México se encuentra en el artículo 123 de la Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917. Ahí se declara "de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares como los de invalidez, de vida, de cesación involuntaria en el trabajo, de accidentes y de otros con fines similares". Fue para el año de 1929 el Congreso de la Unión modificó la fracción XXIX del artículo 123 constitucional para establecer que "se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de Invalidez, de Vida, de Cesación Involuntaria del Trabajo, de Enfermedades y Accidentes y otros con fines análogos. Con todo, habrían de pasar todavía casi quince años para que la Ley se hiciera realidad.
Los primeros años
Más artículos del autor
Al iniciarse las actividades del nuevo organismo, su primer director, Vicente Santos Guajardo y una planta de empleados mínima, se dedicaron, entre otras cosas, a realizar los proyectos e investigaciones que implicaba la instrumentación de las diversas ramas de aseguramiento; a estudiar las experiencias de otros países en el campo de la seguridad social para aprovecharlas en México; a divulgar el sentido y las posibilidades de la seguridad social y a realizar una intensa labor de convencimiento, tanto entre los trabajadores como entre los empresarios, acerca de los alcances de la ley y de las ventajas que reportaría a unos y a otros su aplicación. Se determinó que el Seguro Social empezaría a funcionar en el Distrito Federal a partir de enero del año siguiente; mientras tanto se procedió a la inscripción de los patrones.
Hacia 1942 confluyeron favorablemente todas las circunstancias para que finalmente pudiera implantarse en México el Seguro Social. El interés del presidente Ávila Camacho por las cuestiones laborales ya se había manifestado desde el mismo día en que asumió la presidencia, cuando anunció la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la encomendó a quien fuera Secretario de Gobernación del régimen anterior, el licenciado Ignacio García Téllez. Atendiendo a la tónica del momento, la función inicial de la naciente dependencia fue limar asperezas y procurar la conciliación obrero-patronal.
En diciembre de 1943 el Lic. García Téllez es nombrado nuevo director del Instituto y unos cuantos días después, el 6 de enero de 1944, se pone en marcha formalmente el otorgamiento de servicios médicos en todas las modalidades prescritas. Pero para esto y sin embargo, durante algunos meses continuaron las manifestaciones de inconformidad y los ataques contra la introducción del sistema. Estos provenían de varios sectores empresariales que se resistían al nuevo pago implicado en las cuotas de la seguridad social. Curiosamente, también algunos grupos sindicales realizaron numerosas expresiones de rechazo. Poco a poco se fueron atenuando las posiciones más violentas ante la actitud decidida del gobierno de poner en marcha el Seguro Social en todos sus ramos. Antes de que concluyera 1946 el sistema operaba ya en Puebla, Monterrey y Guadalajara; el Instituto, tras sus primeros tiempos de dificultades políticas y angustias financieras, había alcanzado la seguridad económica necesaria y el reconocimiento general por la importancia de sus beneficios.
En diciembre del mismo año se envió a las Cámaras la iniciativa de Ley, proponiendo como suprema justificación, que se cumpliría así uno de los más caros ideales de la Revolución Mexicana. Se trataba de "proteger a los trabajadores y asegurar su existencia, su salario, su capacidad productiva y la tranquilidad de la familia; contribuir al cumplimiento de un deber legal, de compromisos exteriores y de promesas gubernamentales". El Congreso aprobó la Iniciativa y el 19 de enero de 1943 se publicó en el Diario Oficial la Ley del Seguro Social. Fue entonces que se determina, desde los artículos iniciales, que la finalidad de la seguridad social es garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Como instrumento básico de la seguridad social se establece el Seguro Social y para administrarlo y organizarlo, se decreta la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social.
La atención otorgada al tema de la discapacidad en México, se ha modificado significativamente ya que la sociedad en su conjunto ha cobrado conciencia del impacto social, cultural y económico que este fenómeno tiene. Al respecto el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 1993, asume como proyecto prioritario el diseño y la implantación del Sistema Nacional de Información sobre Población con Discapacidad (SNIPD).
Para determinar el contenido y la estructura del SNIPD se tomaron en cuenta, por una parte las recomendaciones emitidas por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud en la materia y por otra, las sugerencias planteadas por diversas dependencias públicas y organismos no gubernamentales relacionadas con la atención a la población con discapacidad del país. Ya que el sistema está integrado por cuatro subsistemas: salud, educación, trabajo y desarrollo social.
En 1995, una nueva administración gubernamental entra en funciones y formula el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al desarrollo de las Personas con Discapacidad (PRONADIS). En mayo del mismo año, con el nombre de Comisión Nacional Coordinadora CONVIVE se reanudan las actividades del SNIPD, respetando al INEGI en su calidad de Coordinador Técnico del sistema. En este tenor, La Comisión Nacional Coordinadora Convive (1996;1) considera que el Instituto Mexicano del Seguro Social "Es una institución pública aceptada universalmente para disminuir los efectos económicos y sociales de los siniestros y evitar en parte la pobreza y el desamparo de la población". Sus fines fundamentales son: prevenir la pérdida prematura de la capacidad de trabajo; cesar o atenuar ésta incapacidad, suministrando medios de subsistencia o capacitación para incorporarlo a sus actividades.
Es una forma de previsión económicamente accesible al trabajador y establecida por el Estado de Puebla (en este caso) para proteger a la población económicamente activa en los períodos de infortunio. Pero en términos generales, los recursos económicos para financiar el Seguro Social proceden directamente de las cuotas pagadas por los patrones, trabajadores y de la contribución de los Estados. El apoyo se circunscribe a la población asalariada y económicamente dependiente; las prestaciones que conceden en especie, en servicio y en metálico, aplicándose en los casos determinado por la ley; también provee servicios por riesgos profesionales, enfermedad, maternidad, vejez, invalidez, muerte, cesantía involuntaria por edad avanzada. La Comisión Nacional Coordinadora Convive (1996;2) indica que estos mecanismos constituyen "Un sistema eficaz de prevención para la población asalariada y a sus derechohabientes, evitando el desamparo y tendiendo a establecer una distribución más equitativa de la riqueza nacional". El IMSS genera e incrementa sus recursos económicos en función directa del número de trabajadores asegurados. Se avoca a investigar la situación en materia de asistencia médica, de asistencia social pública, determina también la capacidad económica de sus asociados para contribuir a la creación de un servicio social eficaz.
Por lo que hay que tener presente que el objetivo principal en este tema, del IMSS es Otorgar atención integral a los derechohabientes con discapacidades a través de las Unidades y Servicios de Medicina de Rehabilitación y de las Unidades Operativas de Prestaciones Sociales con oportunidad, calidad y trato humano en su rehabilitación integral. Así como, Disminuir los tiempos de recuperación de las personas de tercera edad con discapacidad para una pronta reincorporación a su entorno social; junto con: Coadyuvar al proceso de rehabilitación integral de los pacientes, a través de actividades recreativas (deportivas de cultura física, bienestar social y desarrollo social), de lo que en otra oportunidad platicaremos.
Referencias
-- Comisión Nacional Coordinadora Convive. (1996). Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al desarrollo de las personas con discapacidad. México: Autor.
-- Consejo Nacional de Derechos Humanos (1997). Derechos y Responsabilidades de la población senecta discapacitada. México: Autor.
-- Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. (1997). Sistema de Pensión y Jubilación. México: Talleres de Litográfica Eléctrica S.A de C.V.
-- Programa de Acción Mundial. (1997). Servicios de Apoyo para la población senecta discapacitada. México: Autor.