Era previsible que en este 2018, se iniciaran una marea de denuncias sobre casos de impunidad y corrupción, especialmente por los partidos y candidatos en este año electoral: mentiras, verdades a medias o verdades comprobables han sido noticia en los últimos días, que seguramente se irán incrementando conforme se acerque el día de las votaciones.
Preocupa que el tema de la corrupción solo se tome como un discurso electoral, sin que se busquen soluciones firmes para, cuando menos, empezar a contrarrestarla. La corrupción implica ilegalidad, ilegitimidad así como ilicitud y puede ser observada en los diversos espacios de práctica de toda sociedad, desde el ciudadano que quiere dar una “mordida” a algún servidor público o el manejo que se hace de los recursos públicos en los diversos niveles de gobierno.
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Se acaba de publicar el estudio “Arquitectura del Ramo 23” realizado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, A. C., elaborado por Mariana Campos, Liliana Ruiz y Alejandro García. Esta asociación trabaja, según se lee en su sitio web, para elevar la efectividad y calidad de la gestión gubernamental a través del análisis del diseño de las políticas públicas, del monitoreo, de su operación y de la evaluación de sus resultados.
Este estudio tuvo como antecedente el documento “Descifrando la Caja Negra del Gasto” publicado en el 2014, en donde se detectó que debido a la operación de un conjunto de mecanismos o arquitectura institucional, el Gobierno Federal tiene un amplio espacio de discrecionalidad para asignar los recursos públicos durante cada ejercicio fiscal al margen de la Legislatura y de controles internos. Encontraron que existe una inconsistencia entre el gasto ejercido y su presupuesto aprobado, misma que no es explicada y justificada apropiadamente en ningún documento público.
Discursivamente se plantea que se envía cada año el presupuesto a ejercer por los Gobiernos a los Congresos para su aprobación, en especial el Federal representa el simbolismo democrático, porque se remarca su importancia para preservar el equilibrio de poderes de una nación y se argumenta que permite transparentar los planes, programas y resultados esperados del gasto público que es ejercido por las autoridades.
En las últimas fechas, esta acción ha perdido valor cuando se sabe de antemano que la propuesta de presupuesto que se va a discutir y el presupuesto que se termina aprobando no serán los que se van a ejercer y que los verdaderos planes de gasto no son parte de la propuesta, ni del presupuesto consensado entre ambos poderes. Una total opacidad en los planes del Gobierno.
Siguiendo los resultados, desde el 2014 el Gobierno Federal ha seguido gastando más y de manera diferente a lo que aprueba el Congreso, a través de una bolsa de dinero llamada Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, la cual se mantiene sin una regulación apropiada.
Es muy importante que la sociedad en general se informe qué es a través de esta bolsa, cómo se transfieren recursos a los Gobiernos y que además presentan un riesgo elevado de ser usados para premiar o castigar a los Gobiernos Estatales. Lo anterior permite aumentar la cantidad de recursos que se gastan fuera del presupuesto a través de figuras discrecionales que no cuentan con reglas de operación, que no están reguladas en las leyes de presupuesto, no generan suficiente información de sus gastos y, por tanto, no hay garantía de que sean revisados.
Es un hecho que los Congresos no fungen, como lo marca la ley, como un verdadero contrapeso político en la revisión y análisis del presupuesto y que además están contribuyendo a perpetuar el esquema.
En esta investigación se analiza el uso de las transferencias de recursos públicos que queda a criterio exclusivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); cuánto se gasta, a quién se le da, por qué, cuánto y cuándo. Los datos sugieren que con frecuencia la objetividad esperada en las asignaciones entra en conflicto en tiempos electorales, como el actual.
En México los ejecutores del gasto público, principalmente el Poder Ejecutivo, gozan de una amplia discrecionalidad para gastar. En este periodo 2013-2017, el gasto ejercido y acumulado del Gobierno Federal superó el presupuesto que se le aprobó para esos cinco años en 1.46 billones de pesos, lo que significa que en promedio, en cada uno de esos años, se gastaron alrededor de 293 mil millones de pesos más de lo aprobado. Lo peor es que esta situación se agrava en cada administración; hace dos periodos este promedio de sobregasto era de 151 mil millones de pesos.
Hoy México no cuenta con la arquitectura institucional para que las asignaciones de gasto en el ejercicio se orienten a los objetivos de política pública especialmente vulnerable en el caso del Ramo General 23, porque lejos de promover buenos resultados, ha contribuido a diluir la calidad del gasto público y no promueve una toma de decisión más objetiva y democrática en donde se cuente con un diseño documentado en reglas de operación, sujetos a monitoreo y evaluación.
Este estudio permite documentar, desde mi punto de vista, una forma de corrupción validada por nuestras autoridades y apoyada por los Congresos, en donde el ejercicio de los recursos tiene colores partidistas e intereses particulares.
Ahora también ha salido a la luz, cómo el Gobierno Federal a través de la PGR, SHCP y el SAT parecen ponerse al servicio de los intereses de un partido y del presidente, olvidando sus obligaciones institucionales, porque al parecer solo importa el apoyo político a su candidato. Manipular a las instituciones para desprestigiar a otros, no importa de qué partido sean, es totalmente reprobable.
Mal estamos y peor estaremos ante todo lo que se viene, habiendo cosas tan importantes que atender como lo son la inseguridad, el desempleo, el incremento de la pobreza, la calidad de la educación, las desapariciones forzadas, los feminicidios, el incremento sistemático de los precios de los artículos de primera necesidad y especialmente, la corrupción y la impunidad.
El estudio mencionado está disponible en aquí.