Con cierto derroche de recursos, desde luego, no propios, el contador y académico Alfonso Esparza Ortiz, logró su reelección en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde hoy para los rectores aplica ex profeso el lema “Pensar Bien para Vivir Mejor”.
Verdaderamente los rectores y ex rectores de la BUAP, son en la actualidad la nueva casta social que con gran facilidad embona en las esferas de la alta sociedad poblana, siempre libres de rendición de cuentas respecto de un presupuesto casi ilimitado y, desde luego, con la aplicación que un Consejo Universitario a modo y acomodo siempre aprobará.
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Ser rector de la BUAP, director de área, consejero universitario o director de facultad, es un privilegio de pocos, sus nombramientos mucho se alejan de un ejercicio democrático, basta la anuencia del feudal en el estado para reelegirse como rector o participar en un cargo de supuesta elección al seno de la máxima casa de estudios.
Quien pretenda estar a cargo de la dirección de una facultad deben tener la anuencia del rector en turno y algunas como la de leyes debe contar con la aprobación de la secretaria general de gobierno, no obstante que se trate de un aparente y simple interinato.
Expreso lo anterior por dos factores básicos que denotan decadencia al seno de la máxima casa de estudios, el primero y básico el académico, el segundo concierne a la infraestructura de la Universidad, misma que aparenta ser moderna en algunos planteles, pero denota la voracidad y falta absoluta de escrúpulos de quienes con presupuesto en mano se construyeron y se pagaron ellos mismos, en otras ocasiones contrataron amigos y socios para edificar lo que hoy se encuentra seriamente afectado por el terremoto.
Estar dentro del presupuesto universitario no solo implica cobrar un salario con mínima producción o deficiente capacidad intelectual, es menester además, permanecer con gran disimulo frente al acontecer político y social.
El artero crimen de Mara Fernanda Castilla, no fue suficiente para que el consejo Universitario realizara un enérgico llamado a las autoridades locales para activar la alerta de género, por el contrario se dejó solos a un grupo de universitarios clamar justicia frente a las instalaciones de la Fiscalía General.
Los daños producto del reciente sismo a las instalaciones Universitarias, no tienen comparativo con el detrimento económico que le han causado diversos rectores a la máxima casa de estudios.
En las facultades de la Universidad solo se requiere el cuatachismo o compadrazgo con el director en turno para obtener carga académica y de ello innumerables botones de muestra en leyes, contaduría, administración, ciencias políticas, medicina e incluso enfermería.
La distribución de becas a los universitarios es privilegió de unos cuantos que pueden hacerse partícipes de exquisito festín. Los viajes al extranjero de académicos que poco o nada aportan a la universidad se otorgan a partir de la propia política de disimulo impuesta en el edificio central.
La federación debe reconsiderar mecanismos apropiados en el flujo de recursos y la auditoria de estos a las universidades públicas; las declaraciones patrimoniales de rectores y ex rectores deben ponerse sobre la mesa, por ello el autor de estas líneas he dirigido como lo puede hacer cualquier ciudadano, al Secretaria de Hacienda y Crédito público, documento por medio del cual expongo, la necesidad de que el pueblo tenga conocimiento básico del destino que siguen sus impuestos cuando son otorgados vía subsidio a las universidades públicas, quizá deba impetrar juicio de garantías para encontrar una respuesta que dé cabida al ejercicio de otra acción legal, pero bueno, de ello daremos cuenta más adelante.
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