Fondos de las operaciones negras en Nicaragua desde los días en que el teniente coronel Oliver North desde el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca y el director de la CIA, Bill J. Case, pusieran en marcha la acción clandestina conocida con el nombre emblemático: “Irán-contras”, mismo que fuera desplegada en abierta contravención, ya no digamos de la Carta de San Francisco y al Derecho Internacional Público sino a la legislación de los Estados Unidos asentada en la célebre “enmienda Boland”, fueron reciclados e invertidos en México por los hombres de confianza del entonces vice-presidente Georg Bush senior.
Derivados de aquellas inversiones primigenias son auditadas a la fecha, resultado digno de llamar la atención que, a penas, tras largas décadas, semejantes cloacas hayan resultado objeto del escrutinio gubernamental; sin embrago, ironías que tiene esta vida, las auditorías en cuestión se filtran como información por el “New York Times”, cuya edición sugiere que la acción gubernamental en cuestión obedece, en todo caso, a las denuncias de su administrados en contra de la reinante corrupción existente en México, catapultando a su gestor, que por cierto los había empleado recientemente en la instrumentación de diversos mecanismos tendientes a apropiarse de los recursos públicos destinados a la educación pública, nada más y nada menos que a la condición de mártir nacional con posibles miras de, incluso, lanzar su nominación a la presidencia de la República.
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En alguna de las entregas a la prensa de la referida investigación, el portal de noticias “Animal Político” y la organización MCCI, señalan que la persona moral de naturaleza mercantil denominada “ESGER Servicios y Construcciones” S.A. de C.V. omitió en su declaración de impuestos al SAT concerniente al ejercicio fiscal del año 2013 un monto millonario de ingresos proveniente de un contrato suscrito con la Universidad Autónoma de Morelos en el que se actualizaban fondos asignados a dicha institución por la SEDESOL; al parecer el SAT, o en su defecto, la Auditoría Superior de la Federación sin mediar proceso judicial alguno habría proporcionado datos personales fiscales protegidos, no sólo por la secrecía fiscal y la presunción de inocencia bajo el sistema penal acusatorio, sino por la legislación concerniente a la protección de datos personales.
Ruiz Esparza, Rosario Robles, Alfredo del Mazo, Emilio Lozoya, los personajes más granados en las cercanías del Presidente, los ases del mazo en su baraja, son públicamente exhibidos por su participación aviesa en actos campantes de corrupción en una investigación llevada a cabo por la organización denominada: “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”; con ello, el gran beneficiario pareciera el aspirante izquierdista a la jefatura del estado, a menos claro está que sobreviniese un escenario como el de “Lomas Taurinas” en el que la opinión nacional se volcara contra el gobierno en turno presumiblemente respaldando a alguna opción que haya dado muestras de heroísmo y dignidad ante el poder establecido, al menos, en el talante de las páginas editoriales del “New York Times”.
En la disputa en el seno del PAN en torno a la integración de los órganos de gobierno de las cámaras del congreso y en relación a la descarrilada designación del actual procurador como fiscal, se manifiesta el resquebrajamiento de la unidad de la élite del poder que se habría consolidado en México bajo las negociaciones primigenias del Tratado de Libre Comercio hace un cuarto de siglo; unidad en la que el entonces embajador John Dimitri Negroponte habría jugado un papel preponderante: ruptura, ante la cual, los nubarrones en el horizonte de la próxima sucesión presidencial se antojan de enormes dimensiones, equiparables, acaso, a los de los se conforman en torno a los ojos de los huracanes que se prohíjan en las aguas del Golfo de México.