Robo de combustible, asaltos en carreteras, asesinato de familias y ajusticiamientos de dirigentes sociales, Puebla está muy lejos de ser un estado seguro. En los últimos años, la tranquilidad, el patrimonio y la vida de los poblanos se encuentran en riesgo por las acciones de la delincuencia común y de la delincuencia organizada. Las autoridades estatales han sido rebasadas por el fenómeno delictivo. Más que enfrentar esta problemática con acciones claras, como serían la renovación a fondo de la Fiscalía General del estado y una reestructuración integral de la policía estatal, el gobierno local asume, al menos así lo percibe la mayoría de la población, una actitud contemplativa, por no decir complaciente.
Puebla es ya en una fuente de nota roja a nivel nacional e incluso internacional. Las principales bandas de huachicoleros, al menos las que se conocen públicamente, tienen como epicentro el territorio poblano. La presencia de estos grupos de la delincuencia organizada no sólo se limita al robo de combustible, sino genera una cadena delictiva y un ambiente de violencia. De esta manera, una de las causas centrales de la violencia en Puebla es la expansión de la industria del robo de combustible. Entre 2010 y 2016, el periodo de gobierno de Rafael Moreno Valle, las tomas clandestinas se multiplicaron más de 10 veces. Puebla es ya el estado con más tomas clandestinas en el país, desbancando a Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz.
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De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a diversos especialistas, en los primeros cinco meses de 2017, 382 personas fueron asesinadas en Puebla. Eso significa un incremento de 25% con respecto al mismo periodo de 2016. Esto es una parte del ascenso de la violencia criminal que ya lleva varios años. Entre 2014 y 2017, los homicidios dolosos han crecido 178%. Además de la violencia homicida y la delincuencia organizada, Puebla enfrenta elevados niveles de victimización. En 2015, su tasa de victimización (22,959 víctimas por 100 mil habitantes) fue superior a la de Veracruz o Tamaulipas, según datos del INEGI. Por otra parte, existe una elevada desconfianza hacia las autoridades estatales. En 2016, 63.3% de los poblanos consideraron que la policía estatal es corrupta.
Ante este panorama de nota roja y de datos duros, el gobierno de Antonio Gali Fayad carece de capacidad de respuesta, su administración está obligada a detener esta bola de nieve que día a día crece en nuestro estado y que agravia a nuestro pueblo. El gobierno estatal tendría que cambiar lo que no está funcionando en materia de seguridad pública, particularmente lo referente al desempeño de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) y a la policía estatal.
Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, con el argumento de la austeridad, las funciones de la FGEP se concentraron, eliminaron el 95 por ciento de las agencias del Ministerio Público, y aproximadamente 400 agencias subalternas de la misma institución, y aumentó notoriamente la ineficiencia de esta dependencia. Si para un trámite común, como la tramitación de un acta de defunción se toman más de 14 horas, denunciar un delito grave se vuelve casi imposible. La policía estatal requiere una reestructuración integral, lo cual supone un aumento en el número de elementos, mejores salarios, capacitación, equipamiento, así como controles de confianza efectivos. Es urgente que las poblanas y los poblanos se sientan seguros y que puedan vivir en paz. Es fundamental que en la fiscalía y en la policía estatal estén profesionales y gente decente que garanticen la seguridad en nuestro estado. XXX TWITTER: @MBarbosaMX