“ La pobreza propicia una mengua
de la dignidad, de la visión que
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el individuo tiene de sí mismo y de
la que el resto de la sociedad
tiene sobre él”
Lorenzo Meyer
Acaban de pasar las elecciones en algunos estados del país y se avecina los tiempos electorales para el 2018 en donde, así como se ha venido haciendo hasta ahora, la pobreza se convierte en el tema central de los discursos.
Los términos pobre, pobreza o empobrecimiento no han sido nunca uniformes. Dependiendo de los períodos históricos es como se van tomando en cuenta ciertas variables económicas, sociales, políticas, militares e incluso morales y religiosas para denominarla; de ahí la amplitud y diversidad del concepto que básicamente refleja un estado de diversos tipos de carencias de alguna clase de bienes importantes para la vida social e individual (Checa, 1995)
Desde la Revolución, el compromiso de erradicar o cuando menos disminuir la pobreza, se ha mantenido como un conjunto de buenas intenciones. Tanto los gobiernos, los políticos y hasta muchos investigadores, parecen olvidar que los pobres y la pobreza, no sólo tienen que ver con bienes materiales, tienen que ver además con información, cualificación profesional, de educación y equilibrio personal y social, lo que no se puede combatir con dinero público o campañas electorales en donde se han repartido y se siguen repartiendo alimentos, materiales o dinero.
La desigual distribución del ingreso significa además una desigualdad en el acceso a muchos otros rubros, un ejemplo de ello es la manera en que desde el siglo pasado se ha asociado a un bien particularmente importante en la lucha contra la pobreza: la educación.
Al inicio del gobierno de Carlos Salinas se creó un grupo para hacer un diagnóstico y proponer acciones, lo que significó el inicio del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), cuyo propósito fue trabajar en las causas de fondo de la pobreza, pero que se utilizó también para dar al sistema político autoritario una nueva oportunidad al renegociar su añeja alianza con las clases populares.
Con el proyecto de Solidaridad se creó una red de comités en todo el país, al punto que su estructura rivalizó con la del partido de Estado y que si bien tuvo cierta repercusión en la lucha contra los efectos de la pobreza, fue muy bien utilizado para que en las elecciones de 1994, el PRI pudiera retener el control de la presidencia.
Y es así como históricamente ha evolucionado estos programas relacionados con la pobreza: en 1997 se pone en marcha el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA); para el año 2002, PROGRESA se transforma en el Programa de Desarrollo Humano OPORTUNIDADES que desde el 2014 es sustituido por el de PROSPERA Programa de Inclusión Social.
Lo que es cierto es que nuestro país ha sido un laboratorio de experimentación de los programas de ajuste estructural impuestos por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tanto en materia económica como social, pero que la historia ha demostrado que sus resultados no han sido los prometidos. Basta ver los comparativos en los niveles de pobreza en México, que los ubican en niveles superiores a los de los años ochenta (Damián, 2004) aunque ahora esta medición de la pobreza esté clasificada en cuatro niveles: pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerable por carencias en educación, salud, seguridad social vivienda y alimentación y además de los vulnerables por ingresos, que están por debajo de la línea de bienestar.
Nuestro gobierno ha expresado que si hay un gran logro consistente, porque la pobreza ha dejado de crecer en términos relativos, aunque la explicación del fenómeno no es nada clara. Según el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, realizado en el 2016, la pobreza en México aumentó entre los años 2008 y 2014 al pasar de 44.3 por ciento a 46.2 por ciento, con lo que sumaron 55.3 millones de personas. En ese reporte se destacó que la mayoría de la población tuvo problemas en los ingresos, al dispararse la proporción de personas con entradas insuficientes para adquirir la canasta alimentaria y comprar bienes y servicios.
Ante ese escenario, en el 2016 se previó publicar una actualización en la medición de la pobreza, pero el cambio que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI realizó en la metodología de las encuestas usadas por el Coneval-cambios que se concentraron en crear una nueva forma de captar los ingresos de los más pobres-provocaron una ruptura en la serie histórica, lo que impidió la comparación con años anteriores.
Estas nuevas cifras del INEGI proyectaron una reducción de 11 millones de pobres en tan sólo un año, lo que provocó el descontento de especialistas y sociedad, quienes consideraron el nuevo método como una trampa estadística del Gobierno para acabar “por decreto” con la pobreza en el país.
Lo que sí es muy claro es que la pobreza está ligada a la desigualdad y la desigualdad está ligada al poder político, a su naturaleza y a su distribución, por lo que les invito a reflexionar en este supuesto: en buena medida, la pobreza es resultado directo o indirecto de decisiones políticas.
Tan solo esos ajustes en las metodologías, son una muestra de esa incapacidad histórica para hacer de la justicia la razón de ser de las instituciones públicas mexicanas. No olvidemos que la pobreza propicia una mengua de la dignidad, de la visión que el individuo tiene de sí mismo y de la que el resto de la sociedad tiene sobre él, lo que en un país como el nuestro con un sinnúmero de actos de corrupción e impunidad, la pobreza y su profunda injusticia pueden ser causa de rebeldía.
Un poco de justicia equivaldría a que el presupuesto destinado a estos programas de combate a la pobreza se gaste de forma eficiente, que se rindan cuentas sobre el destino del dinero y no se haga uso político ni electoral del mismo.
Es lo menos que debemos exigir.