No es claro todavía lo que significa el problema de los huachicoleros, como síntoma y como desafío, para el Estado mexicano. En el caso del narcotráfico es razonable argumentar sobre la dificultad, o la imposibilidad, de acabar con un problema que tiene su origen en la demanda de productos ilegales en la economía más grande del planeta: la demanda de drogas en el vecino país del norte. El huachicol es de una dimensión mucho menor: tiene que ver con el robo y la comercialización de bienes legales, propiedad del Estado. Pero al parecer ha generado grupos delincuenciales análogos, a nivel local, que el narcotráfico.
Se dice que desde hace varios años se han “ordeñado” los ductos de PEMEX, se ha robado combustibles de las tuberías que los transportan. Y que la cantidad robada abarca miles de litros diarios. Es imposible hacerlo sin el conocimiento y la tolerancia de la autoridad. Ordeñar un ducto en un poblado aislado y vender lo robado al menudeo puede hacerse discretamente. Robar miles de litros diarios, transportarlos y comercializarlos, no.
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Diversas autoridades pudieron haber detectado este problema. Pienso en el SAT, infalible e implacable cuando un pequeño contribuyente cautivo comete un mínimo error en el llenado de un formato, aunque sea evidente que en ese error no había dolo, sino incapacidad para cumplir con trámites poco amigables. Pero que no fue capaz de detectar este negocio ilegal, que seguramente tiene múltiples y multimillonarias consecuencias fiscales.
Este rasgo del Estado fallido, la tolerancia de robos por muchos millones de pesos al propio Estado, puede tener que ver en parte con la incapacidad. Pienso en la autoridad municipal, que en muchos casos no cuenta con las herramientas para hacer frente a estos problemas. Pero en otros casos es muy probable que haya connivencia de las autoridades. Que el bien público que son las gasolinas en manos de la empresa estatal se conviertan en bienes privados gracias a la complicidad de algunos funcionarios públicos.
Ligado a este problema está el crimen más terrible que se recuerda en una de las principales vías del país, la autopista México-Puebla: el asesinato de un bebé y la violación de dos mujeres. La principal línea de investigación es el robo de vehículo, por los huachicoleros. Algunos han señalado que puede tratarse de una venganza de estos grupos. Ambas hipótesis tienen su origen en el mismo problema.
¿Está el Estado mexicano en su peor momento, en cuanto a su principal función, que es brindar seguridad? Estos hechos terribles (el asesinato de cuatro soldados y varios civiles) ¿son el fondo del problema, y es de esperar que las autoridades reaccionen y lo vayan resolviendo con una estrategia gradual e inteligente? Por el bien de todos, es de esperar que así sea.
Mientras tanto, nuestros partidos en la elección más importante de este año, la del Estado de México, parecen estar compitiendo para ver cuál es de ellos el menos malo. Y la competencia es muy apretada.
Ante todo esto es razonable que muchos empiecen a buscar al Emmanuel Macron mexicano: a un político ajeno o distante de los grupos que han gobernado al país, y que sea capaz de ganar la presidencia de la República. La idea se sustenta en que todos nuestros partidos están comprometidos con la corrupción (que ocasiona problemas como los huachicoleros) y que solo un externo puede acabar con esos problemas.
La idea es atractiva y tiene su fundamento. Ciertamente el combate a problemas de esta dimensión no depende de un individuo, sino de un entramado institucional amplio y complejo, de redes políticas que lo hagan funcionar y de la supervisión y presión de la sociedad. Pero también de la voluntad política de quienes ocupan los cargos públicos de mayor importancia.