Desde hace un par de semanas, buena parte de la comentocracia nacional ha dedicado espacio a la operación, desde Hacienda, que pretende ratificar a la economista Paloma Merodio Gómez, como miembro en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), al término del periodo correspondiente del Mtro. Felix Vélez Fernández Varela.
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Hace un par de semanas también, la BUAP ratificó a Francisco Manuel Vélez Pliego, como director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, por otro periodo. Durante la ceremonia, el rector Alfonso Esparza Ortiz, respondió a las demandas de los académicos del Instituto, entre los cuales se incluye a más de 100 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, dando cuenta cómo la BUAP enfrenta una batalla contra Hacienda, y así evitar cortes bárbaros en el de por sí magro presupuesto.
Son dos hechos aislados. Pero juntos suponen rasgos de una crisis contra los escasos pasos dados para construir un sistema meritocrático.
Ambos son relevantes, pero iniciemos con el caso de Paloma Merodio. Economista de 31 años, licenciada por el ITAM, con maestría en Harvard, y estancias para profesionales jóvenes en el Banco Mundial, Harvard y el Banco de los Pobres del Premio Nobel Muhammad Yunus, fue presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, en lo que se supone un movimiento de la Secretaría de Hacienda, para formar parte de la Junta de Gobierno de INEGI.
En lo que es hasta ahora un brillante recorrido para una joven funcionaria del gobierno federal, la licenciada Merodio no da el perfil de INEGI. Se pide al menos 5 años de trayectoria en puestos de alta dirección, o alto reconocimiento académico. Sí está definido qué significa. Por puestos de alta dirección, el gobierno federal entiende puestos de dirección general hacia arriba. Este nivel de puestos nunca ha sido detentado por la funcionaria, quien actualmente se desempeña como directora de área en Sedesol.
En materia académica, es difícil que un académico con menos del Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores pueda presentarse como de “reconocido prestigio”. Cualquier credencial por debajo de eso muestra casi lo mismo que la carta de servicios de Paloma Merodio, un profesional en desarrollo, una promesa. Por ejemplo, la regla de pulgar para presentarse al Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias es contar con el Nivel II, y haber contado con él antes de los 43 años.
El argumento de quienes postulan a Merodio es emparejar la cuota de género en INEGI. ¿Hay mujeres profesionales en Estadística y Geografía, que puedan cumplir con alguna de las credenciales anteriores? Sí, claro. Si se quiere abrir el espectro a mujeres profesionales de Economía y Demografía, hay aún más profesionales que cumplen las credenciales. Nada más en Puebla están, por ejemplo, las economistas María Eugenia Ibarrarán (Ibero) y Sylvia Guillermo Peón (BUAP). Y un muy largo etcétera.
De vuelta a la BUAP, el rector Esparza ha expresado que hay un aliento en Hacienda por reducir el de por sí magro presupuesto. Para el presupuesto de 2016, Hacienda entregó 40 millones de pesos menos que en 2015, por concepto del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. Ello se suma a otros 250 millones de pesos menos que para 2017 recibió la BUAP, en diversos rubros. Esparza anunció que solicitará a los académicos que lo apoyen en contra del recorte.
Son dos expresiones en contra de la meritocracia. El juego de la democracia es permitir que cualquier persona, sin importar su origen social, pueda ascender tan alto como su propio talento y esfuerzo lo conduzcan. El mérito personal, y no la cuna o las relaciones sociales que de este origen se desprendan, debe marcar a dónde se llega en una sociedad. No es otro el fundamento del contrato social, tal como fue establecido hace poco más de dos siglos.
En México, el Conacyt ha hecho, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, un papel sustancial para emparejar el piso de las oportunidades entre los que nacieron sin fortuna y los que nacieron con ella. Pero el esfuerzo de México por emparejar el piso para que cualquier persona pueda ocupar cualquier cargo inició mucho más atrás. Es el fundamento de la Constitución, que recién cumplió 100 años. También en la educación pública, y en cada etapa de ella, de manera central en la educación superior.
Mandar al diablo las instituciones de la meritocracia, es el mensaje del presidente Peña Nieto cuando decide enviar a una chica talentosa, pero sin las credenciales suficientes, a ocupar uno de los más altos cargos que un profesional puede detentar en México. Lo es cuando decide recortar presupuestos a la educación pública superior, al menos la ubicada fuera de la Ciudad de México.
No conozco a nadie que haya estado salvo del influyentismo. He visto a las personas más capacitadas recurrir a esta aberración de las relaciones sociales. De la maestra de primaria que tuvo su plaza por concurso y asistió a las manifestaciones que defendieron a los sindicatos, al SNI III que rechaza abrir concursos públicos imparciales cuando de contratar se trata, pasando por el funcionario de postín cuyo máximo galardón es identificar su genealogía 100% española, tiempos de la conquista en el Siglo 21.
La discusión por la posición en el INEGI, como los recursos escamoteados a las universidades públicas en “provincia” –nunca en las instituciones de la Ciudad de México--, podrían abrir una discusión mayor. La de poner al centro de la acción colectiva la magia de la meritocracia. La pregunta es si llegamos a tanto. O si, en cambio, los movimientos del Presidente son una expresión más de cómo sí somos.