Para Manlio Fabio Beltrones, testigo y actor privilegiado del autoritarismo y del largo proceso democratizador, el sistema político mexicano se ha agotado; es ineficaz, no garantiza gobernabilidad y estabilidad política. El sistema presidencial, dice, funcionó eficazmente gracias a la existencia de un partido hegemónico, al desaparecer este y fragmentarse el voto en los demás partidos políticos, disminuyó la eficacia decisional poniendo en entredicho la legitimidad del gobierno, provocando fenómenos de ingobernabilidad. Se requiere, por lo tanto, una reforma constitucional que haga obligatoria la formación de un gobierno de coalición y la definición de su programa de gobierno desde el congreso federal, “si el ganador de la elección presidencial no obtiene más de 42 por ciento de la votación”.
La reflexión ocurre en el contexto de la propuesta de una segunda vuelta en la elección presidencial. En noviembre de 2015, el PAN a través de sus senadores, presentó una iniciativa de reforma al artículo 81 de la Constitución, para establecer la segunda vuelta si ningún candidato a la presidencia obtiene más de la mitad de los votos. Únicamente participarían los dos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios emitidos.
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Pareciera ser una muestra de sensatez constitucional, intenciones para mejorar los procesos de representación política. No es así, las razones son de orden coyuntural, intentan prevenir efectos negativos por previsibles derrotas e incluso, sacar ventaja de escenarios adversos.
El priismo hace visible -reconoce expresa y tácitamente- desgaste político. Su famélica figura disminuye, imposibilita mantener la presidencia. La propuesta es la defensa, acaso la última bocanada de aire -ante su agotamiento histórico- para reconfigurarse como partido político nacional a través de la conservación de enclaves regionales que sean plataforma de partido competitivo nacional. Nadie mejor que ellos sabe que la figura presidencial es fuerte. Sus funciones constitucionales, especialmente el poder de veto presidencial, la jefatura de gabinete, la captación, distribución y reorientación de recursos, le permiten ser figura central en la formación de agendas gubernamentales y legislativas, con posibilidades de impactar derroteros electorales estatales regionales.
La fórmula extraña toma elementos del sistema parlamentario para quitar las principales prerrogativas de gobierno y trasladarlas a las mayorías legislativas. Deja al ejecutivo federal únicamente atribuciones de jefe de Estado, suprimiéndole de hecho, la condición de jefe de gabinete. En pocas palabras, la gobernabilidad dependería totalmente de la formación de mayorías legislativas, donde el PRI, imaginan, tendría un papel protagónico por los compromisos actuales de la chiquillada con ellos y las dotes extraordinarias para negociar. En ese escenario cobraría mucha mayor fuerza el jefe de la bancada y el jefe de partido, verdaderos poderes tras el trono. Personajes sin ninguna legitimidad electoral jugarían papeles protagónicos en el sistema político. El remedio peor que la enfermedad.
Los gobiernos mexicanos han mantenido estabilidad precisamente por las atribuciones legales del ejecutivo federal. Sus funciones le permitieron crear un sistema de partido hegemónico, enfrentar la desaparición de éste y adecuarse a la alternancia política.
La inestabilidad del orden social mexicano se deriva de las malas decisiones, no de los niveles de votación. La sencilla fórmula, gana el que tiene más votos, no está asociada a la eficacia decisional. Los procesos gubernamentales, toman una mecánica propia de incremento o decremento de su legitimidad electoral de origen, en razón de la inteligencia, sagacidad, oficio político, tipo de ética pública del gobernante y del equipo en turno. Eso lo demuestra, incluso el ejemplo del 90 por ciento de votos que “alcanzó” José López Portillo. La elevada votación no significó en modo alguno garantía de buen gobierno. Ha sido de los peores. Solo Manlio Fabio Beltrones podría recuperar a López Portillo como ejemplo de gobernabilidad y legitimidad.
La sugerencia (no es siquiera iniciativa presentada en el congreso federal) no considera que la formación de coaliciones de mayoría en los parlamentos pluripartidistas, ocurren gracias a los partidos minoritarios porque se constituyen en fiel de la balanza, justamente por el incremento de la competitividad de los grandes partidos y por ello los pequeños elevan su capacidad de chantaje, se constituyen en el fiel de la balanza.
La fórmula presentaría el mismo problema que intenta atacar, un partido político que linde en los límites porcentuales, 3.32% de votación (Partido Encuentro Social en la última elección) puede convertirse en determinante para la formación de gabinete y definición de agenda. En pocas palabras, el interés político de dicho partido puede condicionar el interés público del resto de los votantes. Esa legitimidad anhela el PRI.
Si de innovar se trata, la parlamentarización podría ser un buen experimento para los escenarios estatales. Las elecciones para gobernador, en muy contados casos superan la “tasa fabiana” del 42%” de los votantes. Al PRI pos transicional, nunca le ha preocupado. No hay duda. Es la defensa ante la debacle.
Por ello también, en actitud de retroceso, personajes como el mismo Enrique Peña Nieto, descalifican la iniciativa panista de segunda vuelta electoral. Si bien propuesta derivada de cálculos electorales, de mayor relevancia para definir contundentemente elecciones presidenciales. En un escenario de segunda vuelta, el PRI aliado tendría pocas posibilidades de subsistir como actor estratégico, pasaría a ocupar un lugar secundario en la agenda pública.
Cierto, el debate sobre la introducción de elementos parlamentarios o semi parlamenatarios debería abrirse trascendiendo la perversión, esa sí, de imponer candados, camisas de fuerza, filtros, a la gobernabilidad presidencial ajena al Revolucionario Institucional.
Un segmento importante de la oposición, desde hace tiempo, ha insistido sobre la necesidad de discutir una nueva constitución, se requiere, hace falta. Es distinto a implementar facciosamente, controles para hacer disfuncional la institución presidencial.
En el juego de estrategias, un gobierno presidencial, sin serlo efectivamente, crea distrofia política, turbulencia social desde una funcionalidad institucional determinada por el siempre incierto acuerdo de actores que querrán hacer caer al partido que consiguió la presidencia de la república. En última instancia no serán responsables ante la opinión pública.
En escenarios de caos siempre asomará la previsible mano dura del autoritarismo. El futuro apunta retroceso para el Revolucionario Institucional, en esas condiciones, quiere aún erigirse en salvador de la nación.
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