En todos los países del orbe necesitamos pasar de las grandes ideas, de los planteamientos de vanguardia, a un marco regulatorio que se convierta en la base de las políticas públicas que desarrollen los gobiernos a nivel local.
No podemos dejar en una bóveda experiencias, investigación, resultados de acciones de gobierno, iniciativas ciudadanas y mecanismos de participación social que buscan un mejor lugar para vivir, por errores, lagunas e inadecuada aplicación de las leyes.
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Ahora que me encuentro participando en la Cumbre Hábitat III en Quito, Ecuador, he percibido que las ideas confluyen en que el derecho a la ciudad tiene que estar establecido en el marco legal de cada una de las sociedades en el planeta.
Tras participar en el Laboratorio Urbano Infantil, donde niñas y niños mexicanos expresaron su sentir por el mundo actual con visión exclusivamente adulta, y en el que nos comprometimos a construir un mejor futuro para ellos, también trabajé en un panel donde se abordó la responsabilidad social y los derechos humanos de los habitantes de las ciudades, desde el punto de vista del sector empresarial.
Asimismo, uno de los temas de mayor trascendencia que involucra a toda la delegación mexicana en Ecuador, y en el que también estaremos proponiendo dentro de las actividades de la Cumbre, es el de la Nueva Agenda Urbana con la adhesión de Acuerdos Vinculantes Internacionales para que los adopten todas las naciones presentes en Hábitat III.
Como se ha discutido en reuniones internacionales celebradas en México a lo largo del presente año, la propuesta es generar acuerdos vinculantes que garanticen que los países participantes implementen y hagan suyas las conclusiones de Quito, con la finalidad de que sirvan como base para los principios de la Ciudad que Necesitamos para Todos.
Por supuesto, la legislación urbana internacional requiere de regulaciones en los espacios habitables con una visión multidisciplinaria que reconozca los derechos y obligaciones urbanas, sus causas y consecuencias.
Este nuevo sistema de legislación debe ser integral al tomar en cuenta el urbanismo, la movilidad, el medio ambiente, el manejo responsable de desechos, el cambio climático, el cuidado de las áreas naturales, regulaciones rurales y de agricultura, registro de propiedad, patrimonio cultural, vivienda y desarrollo turístico.
La ciudad es un lugar de encuentro, de inclusión, de oportunidades y de desarrollo, que dota a sus habitantes de las facultades para ejercer la pluralidad en un ambiente seguro y de respeto, por ello debemos asegurarnos de que sea equitativa en su infraestructura, en su impulso a la convivencia igualitaria entre sus pobladores. Una ciudad para todos.
Lo cierto es que por el crecimiento demográfico, la falta planeación gubernamental, el modelo económico mundial, el rezago en nuestras legislaciones y, por qué no decirlo, el desinterés de actualizar el marco normativo, tenemos hoy y hacia el futuro enormes retos.
Sólo hay una forma de superar estos obstáculos, trabajando en conjunto. Poderes públicos, niveles de gobierno, iniciativa privada, instituciones académicas, sociedad organizada y ciudadanos, todos podemos contribuir a leyes más prácticas, menos burocráticas y que se actualicen a la velocidad en la que los habitantes viven su ciudad.