A pesar de la rigurosa puntualidad de las fases de transferencia del poder, marcadas por el máximo ordenamiento jurídico del país y confirmadas por nuestra historia, el sistema político mexicano presenta de cuando en cuando extraños contrasentidos que ponen en entredicho la estabilidad política y sus condiciones.
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En un gobierno hay gobernabilidad cuando los actores políticos, grupos de presión, sindicatos, asociaciones, ciudadanos, opinión pública, aceptan y/o apoyan las decisiones de los gobernantes. En el sentido opuesto, la ingobernabilidad se refiere a los grados de inestabilidad política, resistencias, movilizaciones sociales, desobediencia social, acción civil de los grupos de presión, derivada de la no aceptación de las decisiones de los gobernantes o del desacuerdo con los resultados en la toma de decisiones.
Si bien hay factores externos en las rupturas políticas y sociales que influyen en severas crisis de ingobernabilidad, la función de gobierno es vital. Así, la estabilidad se asocia a la capacidad o “estilo personal de gobernar” y también a la consistencia, lealtad y cualidades del equipo gubernamental que acompaña al poder ejecutivo. Ambos elementos son garantía de buenos procesos de planeación, gestión y ejecución de recursos, que siempre serán limitados, para resolver las demandas de la sociedad, siempre ilimitadas.
La figura, experiencia, liderazgo e incluso carisma de los personajes que obtienen jefaturas de gobierno, es sustancial, de primer orden. Sin embargo, por sí sola, sin un grupo de colaboradores afines, disminuyen sus potencialidades político administrativas. El buen gobierno es efecto de liderazgo fuerte y capacidad de gestión pública derivada de la suma de voluntades de los encargados de las dependencias estatales. Desde luego, es el ideal, el óptimo a alcanzar, el elemento integrador que juega un papel prospectivo, que no siempre se encuentra en la política real.
En el caso actual, el próximo gobierno poblano muestra muy anticipadamente ambigüedades, desfases en los tiempos políticos. Mientras aumenta la especulación sobre la composición del próximo gabinete del gobernador electo, Antonio Gali Fayad, el cabildeo para la distribución de los recursos federales 2017 está en marcha.
La agenda presupuestaria federal es el tema de temas en lo que resta del año para todas las instituciones gubernamentales, en todos sus niveles. Su discusión, la dinámica de negociación, la participación de infinidad de actores involucrados y la casi declaratoria de emergencia económica por los recortes presupuestales, hacen más complicado el asunto. Ante ello el proceso de negociación hacendaria requiere definiciones públicas. Las dificultades económicas orientan exigencias de gestión oficial, no oficiosa, puntuales, pulcras, transparentes. Se juega la gobernabilidad del estado, influida, con toda seguridad, por la inmediata elección presidencial.
Precisamente, porque el debate económico tiene serias derivaciones políticas, el anuncio del próximo gabinete no debe ser postergado. Su anuncio será mucho mejor si es muestra de afinidades e identidades con el ejecutivo electo.
Las afinidades están determinadas por el compromiso social sin distracciones de naturaleza particular o personal. La sociedad no está para aguantar próximos funcionarios que estén pensando en la función pública como su plataforma electoral para el 2018. En idéntica perspectiva, la sinergia gubernamental se deriva de la capacidad del gobernador electo para garantizarse funcionarios leales, que multipliquen gobernabilidad. Si bien la política es acuerdo, como lo será la designación de los próximos secretarios, éste debe estar sustentado en la construcción de gobernabilidad.
La identidad es un valor en la función pública. La dosis de profesionalización es relevante, también lo es que los buenos gobiernos se encuentran marcados por el arraigo de sus funcionarios. No es chovinismo regional. Es señalamiento crítico: los titulares de las dependencias que son foráneos (importados), tienen una naturaleza transitoria, fugaz. Su incentivo principal no es el mejoramiento del entorno. Están aquí por un salario y nada más. El valor identitario se consigue nutriendo a las instituciones locales, con cuadros formados en sus espacios político-administrativos, pues es su hábitat natural, plataforma de adiestramiento –se vuelven conocedores, expertos en el contexto, en el conocimiento de los recovecos del sistema político, jurídico, económico local- y base de elementos simbólicos y materiales de pertenencia y compromiso con el estado.
No está demás agregar que en el país, Puebla es el estado de menor duración gubernamental. Ello indica prontitud para definir ante la opinión pública, al equipo oficial dedicado al trabajo fino que significa elaborar, revisar o corregir la petición de recursos federales a ejercer el próximo año, en función de los requerimientos que los poblanos tenemos. ¿Ocurre? ¿Existe es equipo encargado de construir la agenda gubernamental para el próximo año? Si existe, la sociedad no lo sabe.
Se trata de fortalecer el acompañamiento del ejercicio gubernamental. Siempre será mejor caminar en equipo. No hay que olvidar que la función pública es una vitrina de evaluación.
Sano, positivo y democrático será dar pasos firmes para un gobierno transparente que muestre quiénes acompañarán al próximo gobernador. Lo merecen los ciudadanos de Puebla.
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