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Opinión



Simitrio: El derecho al revés/xlviii

Domingo, Septiembre 11, 2016 - 17:46
 
 
   

Simitrio, resolución de la justicia federal. Inconsistencias de la juez penal. En Puebla roto el der

¿Cuál es la actitud que los poblanos esperarían de las autoridades estatales, estando legalmente acreditado que cometieron un atropello contra una persona al encerrarla en prisión sin motivo ninguno? La respuesta que se dé a esta pregunta es importante porque establece la propia forma, la que cada quien tiene, de concebir el ejercicio de gobierno. El artero ataque gubernamental que la 28 de Octubre ha venido sufriendo obligándola a defenderse, desató un conflicto no único pero, por  duración y alcances, sí emblemático de la descomposición política del aparato gubernamental y de la clase política dominante en Puebla.

Son 21 meses que Simitrio está en prisión sólo porque el señor gobernador  no da puntual seguimiento ni cumple con sus obligaciones derivadas de la ley y del acuerdo de preliberación de fecha11 de abril de 2001. Son, también, 21 meses de batallar contra un artificio jurídico, creado ex profeso para intentar justificar ante la opinión pública el golpe político que significó el encierro de aquél, cobijándolo bajo la etiqueta simple de “aplicación de la ley”, que consistió en la simulación de un disparate judicial para dar apariencia de “legalidad” a un inmoral ardid gubernamental. Los brillantes cerebros políticos y jurídicos que operan el manejo de las instituciones fueron puestos a trabajar a toda marcha para idear el mecanismo “jurídico” que pudiera, al mismo tiempo que justificar el apresamiento de aquél, ser presentado en sociedad como la transgresión a la ley que lo hacía necesario. Como al cantante de ópera que queriendo dar con su voz la nota más alta para impresionar al público, se le escapa un gallo; aquí les resultó un esperpento al que impusieron por nombre “aplicación de la ley”.

Cuestiones que en cualquier facultad de derecho serían calificadas, de inmediato, como absurdos jurídicos –que el ministerio público pida a juez penal revocar un acto de gobernador; que la juez haga esa “revocación”; o, que otra juez, de ejecución de sanciones, reimponga cumplir penas de prisión ya declaradas extinguidas- fueron elevadas a la categoría de “actos de autoridad” para encubrir esa omisión del gobernador. El manejo inescrupuloso del aparato de impartición de justicia, que privilegia la consigna política por encima de la ley, ha conseguido que tras todo el tiempo que Simitrio ha permanecido en prisión apenas se haya demostrado que la juez penal es incompetente y que la repetición de sentencias es ilegal. A pesar de ello, el incumplimiento del ejecutivo sigue y un hombre inocente, tras las rejas, lucha por su libertad, salud y su vida misma sometidas a ultraje por este gobierno. 

Desde el 30 de junio la justicia federal concedió la razón a Simitrio estableciendo que la juez quinto penal debe dejar insubsistente su resolución de 18 de diciembre de 2014, declararse incompetente para pronunciarse sobre la solicitud del ministerio público y remitir las constancias a la autoridad competente para que determine sobre ella (Ver, Simitrio: el derecho al revés/XLVII). Esto significa que la resolución judicial que ordenó encarcelamiento jamás debió dictarse; que aquél nunca debió pisar la cárcel, confirmándose que se trató, simple y llanamente, de una burda maniobra. El manejo judicial encamina este asunto  hacia otro bache: al ordenar remitir la solicitud del ministerio público a la autoridad competente “para que determine sobre ella”; enviarán esa petición que el ministerio público dirigió “a la juez quinto penal”, para que la resuelva…“el Ejecutivo del Estado” cuyo titular, hoy, padece el síndrome político de Simitriofobia. La sentencia federal vino a  demostrar, no que se acreditó su inocencia pues ésta es presunción constitucional para todos; sino, prueba que desde la fecha de su encarcelamiento, Simitrio se encuentra preso sin motivo legal alguno; es decir, está preso por nada.

La persecución desatada contra Simitrio desde la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría de Justicia dio como resultado que la juez de ejecución de sanciones determinara, el nueve de enero de 2015, que tendría que compurgar prisión hasta el día 10 de noviembre del año 2050. ¿Puede imaginarse siquiera las consecuencias que acarrea, para la salud física y mental de una persona, recibir el golpe psicológico que significa hacerle saber formalmente que una resolución judicial le impone permanecer en prisión todos esos años? Pues eso hicieron con Simitrio y no les pareció suficiente. Con supuestas llamadas anónimas y cateos ilegales acusaron y encarcelaron a sus hijos Rubén y Xihuel. Tampoco paró ahí el ataque. Con una llamada anónima y un escrito igual, se procesó a la esposa Rita Amador. Se trata, pues, de acciones encaminadas a minar políticamente al líder histórico de los ambulantes, a abatir sus posturas ideológicas y a cortar su liderazgo en la organización, no sólo con su encierro en la prisión, sino causándole variados y diversos motivos de aflicción moral por ver a su familia inmersa involuntariamente como rehén en el conflicto.

Y no ha sido todo. El inclemente e inmoral juego con su salud al interior de la prisión basado en la dosificación infame de la atención médica y las medicinas que requiere para su recuperación; el encarcelamiento de otros militantes de la organización –Fernando Alonso- y el procesamiento de algunos más –Luz Gálvez, Sergio León y Silverio Montes; el despojo municipal de áreas de trabajo de los agremiados a la 28 y una intensa campaña de intimidantes amenazas anónimas de todo tipo –incluso de muerte- contra otros seleccionados miembros de su familia o cercanos a ella, completan el panorama real del conflicto que viven Simitrio y la 28 de Octubre.

Ahora, ganado el amparo en definitiva, cuando el Juez federal exige a la autoridad el cumplimiento de la sentencia, el juez quinto penal respondió así: “…informo a usted que este tribunal se encuentra impedido materialmente para dar cumplimiento a tal requerimiento…Asimismo, devuelvo copias certificadas de la resolución de fecha 30 treinta de junio de 2016 dos mil dieciséis, pronunciada dentro del Juicio 69/2015.” Finalmente, es hasta el 2 de septiembre cuando ese juez resuelve dejar insubsistente la resolución de 18 de diciembre de 2014, se declara incompetente para conocer de la petición ministerial y remite al “Ejecutivo del Estado” el expediente para que determine sobre ella. El contraste es brutal. Lo encarcelan armando un tinglado de un día para otro. En tanto, más de dos meses no han sido suficientes para ponerlo en libertad. Como se ve, no se trató de un error que busque enmendarse; es una arbitrariedad del poder que busca ser sostenida ofendiendo toda razón y derecho. Si el gobierno es quien no respeta ni la Constitución ni las leyes, en Puebla, el estado de derecho está roto.


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