La reforma educativa, promulgada en septiembre de 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto, modificó el Artículo 3ro constitucional, la Ley General de Educación, así como las leyes secundarias para el servicio profesional docente.
La reforma fue parte de los acuerdos del Pacto por México con el aval principalmente del PAN.
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Una de las aristas más polémicas ha sido la evaluación a los docentes, con el fin de conocer si éstos cuentan con los conocimientos y habilidades que se necesitan para estar al frente de un aula y que ofrezcan una educación de calidad a los alumnos. La crítica más convincente ha sido que es más una reforma laboral que una reforma del modelo educativo, el que hasta hoy se está revisando. El Secretario de Educación Pública, se ve rebasado por la problemática que ha generado dicha iniciativa y hoy se ha convertido en un tema de gobernabilidad, lo que ha requerido la intervención de la Secretaría de Gobernación.
Desde el año pasado que iniciarán las evaluaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos miembros tienen una fuerte presencia en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Nuevo León, se han manifestado en contra de la instrumentación de dicha reforma, con un activismo que va desde el paro de labores, manifestaciones, marchas y plantones no sólo en sus estados de origen sino hasta la capital del país; el asunto se ha convertido en fechas recientes en uno de prioridad para los organismos empresariales quienes presionan al gobierno federal para evitar afectaciones al patrimonio de sus agremiados, con el costo político que esto representa para la actual administración.
Las mesas de diálogo acordadas y la necesidad de solución del conflicto magisterial, se han derivado tanto del activismo de la CNTE, como de la inconformidad del sector empresarial, hasta convertirse en parte de la agenda de los partidos en la sucesión presidencial.
Después de dos años de crisis, el asunto que tuvo su mayor punto de conflicto en Nochixtlan, Oaxaca, no tiene al día de hoy una salida ni institucional ni legal, por lo que la solución debe ser una solución política, resultado del diálogo entre el gobierno federal y los maestros de la CNTE. Sin embargo, la postura de ambas partes en este momento no ha mostrado un punto de confluencia que vislumbre un arreglo satisfactorio a la lucha magisterial, que concuerde con el regreso de la gobernabilidad en los estados afectados, lo que incluye satisfacer la demanda de los organismos empresariales.
Por ello, empresarios aglutinados en la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) han declarado que de no llegar a un acuerdo entre gobierno y docentes, dejarán de pagar impuestos o a declarar en cero. Para ello el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya adelantó que quien se niegue a pagar impuestos o a falsear sus declaraciones, será acreedor a las multas correspondientes, ya que la ley no está sujeta a demandas sociales. Mientas que la confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presentó una demanda de amparo ante tribunales del Poder Judicial por los actos u omisiones de los tres órdenes de gobierno, la cual ya fue aceptada.
A esta postura de reclamo al gobierno federal, se suma recientemente la demanda de Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, quien ha visto la oportunidad de subirse al tema en una estrategia que tiene más tintes de promoción personal en víspera de la sucesión presidencial, que de ayudar a resolver la compleja problemática que se ha generado con la implementación de la reforma educativa, de la cual como lo dijimos, su partido es una de los principales promotores y autores. Anaya dice que el gobierno federal "quedó rebasado" por la situación y su postura es que "el gobierno federal no puede seguir ausente ante los legítimos reclamos de los pequeños comerciantes afectados por los plantones de la CNTE". Dicen que" tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata", por lo que la aventura que ha iniciado el presidente del PAN en su afán protagónico, puede meter a sus correligionarios en las cámaras legislativas y a los gobernadores de los estados en un conflicto de interés pues han respaldado esta reforma desde sus inicios y son corresponsales de las consecuencias positivas o negativas que ésta tenga para el magisterio y para la gobernabilidad del país.
El costo político de sostener la reforma educativa en los términos en los que fue aprobada (con la intromisión de la dirigencia nacional del PAN) al parecer será compartido con el gobierno y su partido, lo cual no augura para ambos el mejor escenario para el 2018.
El llamado" Niño Maravilla" por lo visto se está metiendo en "camisa de once varas", en su afán de quedar bien con los empresarios presionando al gobierno, pero más bien, esta tratando de "colgarse" del momento político, aunque, como decimos en México, "le puede salir el tiro por la culata".