El 7 de junio de 2010, el entonces candidato a la gubernatura de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, lanzó un esperanzador spot publicitario que a todos los poblanos ilusionó, con el siguiente contenido: “Cumplo mis compromisos o me voy”, tenía como eje principal la transparencia del gobierno que prometía llevar a cabo y decía que él se comprometía a ser un gobernador que rendiría cuentas y al que los poblanos pudieran “mirar de frente y exigirle resultados”.
Sin embargo, dicha promesa de campaña, quedó sólo en eso, en un spot publicitario, demagógico, que engañó a todos los que creyeron en que la hora del cambio en Puebla había llegado.
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Lo anterior en razón de que, en efecto, el gobernador en 2011 envió una iniciativa para reformar la Ley de transparencia del estado vigente, y en mayo pasado cumplió con el mandato constitucional que obliga a las entidades a armonizar sus leyes de transparencia con la federal (Ley General de Transparencia). Hasta ahí, todo parecía que se actuaba de buena fe y que al fin los ciudadanos tendríamos acceso a la información originada por el gobierno estatal.
Pero la trampa se materializó en los hechos, debido a que los ciudadanos no pueden conocer toda la información pública del estado por el alto número de expedientes reservados, sin que cuenten con un sustento jurídico valido, es decir, el gobierno clasifica indebidamente como “reservada”, información que no cumple con los requisitos que para ello establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Incumpliendo con el principio de máxima publicidad y con el profesionalismo indispensable para fundar y motivar los razonamientos para clasificar y mantener información con carácter de reservada.
La propuesta que presentó, incluye disposiciones en el artículo noveno transitorio que han sido utilizados por el mandatario para evadir la máxima publicidad de asuntos controversiales de su administración.
En primer término, dicho artículo señala que los sujetos obligados cuentan con un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la Ley, para cumplir con las obligaciones de transparencia referidas en el Título Quinto, que es donde se enumera toda la información que deberá publicitarse en los sitios web de los entes gubernamentales.
Aunado a que las nuevas obligaciones de transparencia sólo aplicarán para la información generada después del 5 de mayo de 2015, es decir, la administración actual prácticamente estará exenta. Además que de acuerdo con la ley estatal, los funcionarios no están obligados a argumentar y dar pruebas sobre los motivos por los cuales se clasificó como información reservada, lo que es contrario a la ley federal.
Y para muestra lo que dio a conocer el Nodo de Transparencia, integrado por la Asociación Mexicana de Acceso a la Información (AMEDI), México Infórmate y Puebla Vigila, entre otros, en los años de 2011y el 3 de marzo de 2014 el gobierno estatal reservó 56 expedientes. Menos de un año después, al corte del 24 de febrero de 2015, la cifra ya había aumentado a 98 casos, los cuales fueron ratificados por la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
Extrañamente los casos clasificados se refieren a auditorías, expedientes relacionados con la remodelación a Casa Puebla, procedimientos de adjudicación de obra pública, situación patrimonial de servidores públicos, vehículos y seguridad para el gobernador y obras como el Arco Oriente del Periférico.
Como ejemplo de lo anterior, el proyecto ejecutivo para la remodelación del Estadio Hermanos Serdán, así como el presupuesto autorizado para dicho fin. Además de lo relativo al contrato firmado con la empresa ACAPRO de Hidalgo S.A. de C.V. Y los recursos autorizados para la manutención del inmueble.
Otro ejemplo, es lo relacionado con los planos, ubicación geográfica, maqueta e información en general de la Ciudad Modelo a construirse en el municipio de San José Chiapa.
Lo anterior motivó que los senadores priistas, el pasado miércoles desde la Comisión del Congreso de la Unión, exhibieran al gobernador por sus medidas y leyes en contra de la transparencia en Puebla, presentando un punto de acuerdo en el que enfatizaron que la administración del panista oculta información a la sociedad de manera sistemática, además de que clasifica indebidamente como “reservada”, información que no cumple con los requisitos del ordenamiento federal.
Pero no esperemos que las cosas cambien, ya que lo más seguro es que como ha ocurrido en ocasiones anteriores todo quede en un acto mediático, para tratar de frenar la campaña que a nivel nacional lleva a cabo el gobernador para buscar posicionarse como aspirante a la candidatura presidencial por el PAN.