En México durante el “gobierno del cambio” encabezado por Vicente Fox Quesada se intentó tomar acciones para investigar crímenes del pasado, llevados a cabo por miembros del Estado contra personas pertenecientes a la guerrilla y de activistas sociales, por lo que en 2001 fue creada la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) la cual sólo funcionó hasta noviembre del 2006.
Aunque como parte de los derechos humanos fueron reconocidos entre 2005 y 2006 quedó demostrado que el derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia y a la reparación integral del daño son temas poco tocados y que desde el Estado con la ayuda de los medios de comunicación masivos tradicionales se banaliza y se deja en un simple “la familia quiere dinero para olvidar a su ser querido”. Esto no es así.
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El derecho a la verdad consiste en aclarar las razones de tipo económico, político o social de las agresiones del Estado, además se debe revelar la lógica de represión que las produjo, quiénes favorecieron y encubrieron los crímenes; descubrir su sistematicidad, identidad, móviles y contextos de los crímenes y sus ejecutores.
Para que este derecho pueda ser cubierto, las víctimas, familiares, amigos y sociedad en general tiene que saber quiénes fueron los responsables del crimen y quién o quiénes se beneficiaron con ello; cuándo, cómo, por qué y dónde ocurrieron los hechos; en casos como la desaparición forzada tienen el derecho a saber en dónde se encuentran sus familiares y qué se ha realizado para investigar los hechos y sancionar a los responsables.
Por otra parte, para que familiares, amigos y la sociedad vea cumplido el acceso al derecho a la memoria es necesario que el Estado adopte medidas necesarias para que las víctimas ejerzan su derecho a recordar y reivindicar la memoria de sus seres queridos. En este sentido, es importante que al momento de realizar estas acciones el Estado no tenga intromisión alguna argumentando disposiciones legales.
¿Quién era o es la víctima? ¿Cómo se le recuerda? ¿Cuáles eran sus sueños, proyectos, expectativas?
Estos puntos son vitales para hacer el recordatorio de los hechos de manera social y socializada, ello, encaminado a que días y noches de terror, sufrimiento y angustia no se vuelvan a repetir y con el fin de conservar o reconstruir la historia de las luchas de los pueblos y las acciones represivas que los distintos gobiernos han tenido como política para acallar las voces del pueblo crítico y consciente.
La memoria a menudo nos falla, pero nos resulta indispensable para no terminar votando por algún político corrupto, militar o miembro de la marina que se haya visto envuelto en acusaciones de tortura o haya girado ordenes de represión o ejecución extrajudicial. De tener en cuenta siempre lo que los gobiernos nos han “dado” ya hubiéramos terminado con la clase política y buscaríamos una forma alterna de gestionarnos, un sistema con miras en el interés colectivo.
La tan buscada, peleada y nunca vista justicia es un derecho al que la mayoría de las víctimas de violaciones a derechos humanos no tienen acceso porque el Estado no hace lo que le corresponde.
Para que éste brinde el derecho es indispensable que se investigue, juzgue y sancione a los responsables materiales, intelectuales, facilitadores y beneficiaros de los crímenes; adopte medidas para garantizar la integridad de las víctimas, familiares, representantes y testigos; facilitar asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la justicia; respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso; imponer penas adecuadas y proporcionales a la gravedad de los crímenes.
Un derecho que tienen víctimas y familiares es el de asistir a las instancias internacionales de derechos humanos para demandar la justicia que las autoridades de su país no les puede dar, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios internos. Aunque sepamos que el Estado mexicano es incapaz de realizar las investigaciones y sancionar a los responsables, debemos seguir sus reglas para poder acceder a instancias internacionales y sean ellas quienes ordenen a las autoridades del país qué hacer.
El derecho que viene a cerrar la pinza de todos estos derechos es el de la reparación integral del daño que, como ya expuse, se dice por gente desinformada que es el precio que le ponen los familiares a sus víctimas.
Este derecho comienza por el acceso real a la verdad y a la justicia, implica la reparación de todos los daños y perjuicios que las víctimas han sufrido y debe comenzar por una valoración de qué se dañó, cuál fue la magnitud y de qué manera puede ser recuperado.
Otros aspectos que forman parte de la reparación integral son la restitución, lo que significa que el Estado debe devolver a la víctima a la situación en que se encontraba antes de la violación, es decir, si fueron encarcelados injustamente se les debe dejar en libertad; garantías para regresar a sus tierras si fueron desplazados, que se les regresen bienes usurpados o recuperar el empleo.
El aspecto de la indemnización consta en que el Estado debe conceder una indemnización a víctimas y, en su caso, a familiares por daños físicos, mentales, morales o económicos. Esto lo podemos ejemplificar de la siguiente manera: cuando el familiar de una persona es desaparecida de manera forzada, el familiar tiene que contratar abogado, su estado emocional es alterado por lo que tiene que tener acceso a la salud, pero de no contar con seguridad social estatal alguna, tiene que pagar por los servicios, pierde el empleo, si lo tiene, pues debe estar presionando al Estado para que realice las acciones de búsqueda del familiar.
El aspecto de la rehabilitación también debe ser incluida pues en muchos casos se necesita de una atención médica especializada prolongada.
Existe también el aspecto de la satisfacción, que son medidas no económicas que debe tomar el Estado para reconocer el daño causado, repararlo socialmente y dignificar a la víctima como pueden ser disculpas públicas o modificaciones de la historia oficial.
Pero esto no es todo, el Estado está obligado a implementar garantías de no repetición ¿cómo se logra esto? Desmontando las estructuras que hicieron posible la comisión de crímenes atroces como es el caso de grupos paramilitares, uno de los que actualmente operan en el país son Los Petules, en el estado de Chiapas y que ha actuado en contra de miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
No debemos negociar el derecho a la verdad por el derecho a la justicia, o uno por otro, los derechos humanos no son negociables, si el Estado no los garantiza, promueve y difunde, es donde entramos todos como sociedad para presionarlo y hacerlo cumplir, arrebatárselos.