Violencia sexual, fuertes golpes en el estómago, la cabeza y oídos, amenazas de violación en contra de las mujeres y de sus familiares, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseo de los pechos y pellizcos en los pezones, violación con objetos, con los dedos, con armas de fuego y con el pene. Son sólo algunas de las formas de violencia en contra del sector femenino en México que el Ejército, la Marina y las policías de México durante el arresto e interrogatorio.
Amnistía internacional en su Informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México señala que estas corporaciones realizan prácticas contrarias a derechos humanos y se encuentran llenas de elementos con mentes sumamente perversas que llevan a cabo actos de tortura en contra de la población femenina de escasos recursos, bajo nivel educativo y de algunas que se dedica a la prostitución.
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Claro ejemplo de estas atrocidades cometidas por miembros de los diversos cuerpos de seguridad es Mónica, que viajaba en automóvil con su esposo y su hermano el 12 de febrero de 2013 cuando les dio el alto la Policía Municipal de Torreón, en el estado de Coahuila.
En relato para Amnistía Internacional contó que agentes no mostraron orden de aprehensión alguna, pero se los llevaron a los tres a un galpón detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Mónica al principio se quedó fuera, en una camioneta policial. Un oficial llegó y, cuando vio a Mónica allí, se puso furioso con la agente que la había llevado, y le dijo: “¡Eres una pendeja! ¿Por qué la tienes detenida ahí?”. Unos minutos después regresó y metió a Mónica en el galpón, amenazándola con cortarla en pedacitos.
Mónica, al entrar en el galpón, el oficial le dijo, “bienvenida a la fiesta”, y ella vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados. Los policías la agarraron y empezaron a simular que la ahogaban sumergiéndole repetidamente la cabeza en una cubeta. Luego la asfixiaron con bolsas de plástico, la golpearon en las nalgas con un tablón de madera y la arrastraron por el suelo agarrándola del pelo. Durante todo ese tiempo, no dejaron de hacerle preguntas que Mónica no podía contestar. Mónica vio cómo golpeaban a su esposo con látigos con espuelas de metal y cómo le desprendían la piel de la pierna con un cuchillo.
Los policías municipales aplicaron descargas eléctricas a Mónica en los genitales y las piernas. A continuación, un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de Torreón la agarró y empezó a besarla bruscamente y a morderla en la cara y el cuello, y luego la violó delante de su esposo y su hermano. Después, seis policías la violaron uno detrás de otro, y a continuación se masturbaron en su cara y la obligaron a practicarles sexo oral y tragarse el esperma. Durante esa brutal violación, unos miembros uniformados del ejército estuvieron allí mirando.
Luego la policía llevó a los tres detenidos a las oficinas de la PGR en Torreón. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de la tortura. Tras permanecer más de 12 horas bajo custodia policial, a Mónica la llevaron en avión a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México, donde la obligaron a firmar una “confesión” en la que decía que formaba parte del cártel de droga de los Zeta. Luego se desmayó, y la llevaron a toda prisa al hospital. En agosto de 2014, expertos forenses de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron que Mónica había sido violada y que su esposo había sido ejecutado arbitrariamente a consecuencia de su tortura. En abril de 2016, la CNDH emitió una recomendación en la que pedía una investigación criminal sobre el caso.
Actualmente Mónica está en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en delincuencia organizada. Dos de sus cuatro hijos, de corta edad, están al cuidado de un albergue.
Casos como el de Mónica destruyen por completo a la persona que sufrió estos actos, destruyen su entorno familiar, pues en algunos casos son el sustento de familia y por encontrarse de manera injusta en prisión los hijos deben trabajar, se quedan al amparo de la familia y en casos como el de Mónica, dos de sus cuatro hijos están al cuidado de un albergue, ya que su familia no pude asumir el costo de su manutención.
En el ámbito laboral puede perder su empleo al ser criminalizada por estar encarcelada y en el ámbito social el rechazo del círculo de amigos y la estigmatización por haber pisado una cárcel se puede hacer presente.
Este informe de AI nos hace constatar que el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, que visitó México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 no se equivocó al señalar que la tortura es generalizada en México, la cual ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación.
En esa ocasión el Relator Especial identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para atenderlas. Observó también serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento.
Por casos como el de Mónica, 99 más que documentó AI y otros más que no conocemos es importante que las mujeres, y también los hombres, denuncien cuando ocurren estos tratos, que luchen y luchemos juntos porque estas acciones sean erradicadas y los culpables sean enjuiciados y nunca más puedan estar al servicio del Estado.
Además, el gobierno mexicano debe emprender acciones concretas y reales, que las prisioneras que se encuentran en esta situación derivadas de una “confesión” bajo tortura sean liberadas y se vaya más allá de emitir un simple comunicado de prensa a través de la Secretaría de Gobernación.
El informe puede ser consultado en: http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2016/06/AMR4142372016SPANISH.pdf