Uno de los asuntos más preocupantes dentro de la agenda metropolitana es la seguridad de los habitantes de todo centro urbano. Por sus características, las ciudades de Latinoamérica tienden a registrar crecientes niveles de inseguridad, principalmente en las zonas donde se ubican asentamientos humanos desordenados y con altos niveles de pobreza.
La arraigada idea de que las condiciones socioeconómicas de la gente se elevarán con su mudanza a las metrópolis ha generado, desde hace décadas, una ola de migrantes que, por su volumen y velocidad de crecimiento, provoca un sistemático deterioro en sus condiciones de vida al no poder las autoridades locales sostener esa idea con base en la infraestructura urbana necesaria que requieren estos asentamientos.
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El surgimiento de pandillas y grupos delictivos dedicados a ilícitos del fuero común, así como bandas organizadas, tienen su semillero en estos espacios donde la carencia de oportunidades, el atraso en el nivel educativo, la insolvencia económica y el hacinamiento familiar, provocan un panorama de inseguridad que asola a varias ciudades del continente, y que puede ser un factor de potencial ocurrencia en otras.
La planeación urbana de los últimos años ha puesto especial énfasis en tratar de evitar las evidentes inequidades sociales entre los mismos habitantes de una metrópoli, aunque por su mismo reciente empeño, ha resultado insuficiente para intentar frenar la delincuencia y las actividades fuera de la ley, a través de programas que involucran a la sociedad y al gobierno en un trabajo conjunto de prevención.
El necesario proceso de creación de estrategias que funcionen en el mediano plazo para contener y reducir los índices de inseguridad en los asentamientos urbanos y las megalópolis, se ha convertido en uno de los temas centrales que la Organización de las Naciones Unidas, a través del programa Hábitat, tiene contemplados en su plataforma de acción global.
Así es como surge el programa Ciudades Más Seguras ONU, que apoya la implementación de los compromisos y enfoques de la agenda Hábitat en el rubro, al tiempo de reconocer la obligación de los gobiernos locales para prevenir la criminalidad por medio de marcos normativos, actividades operativas y difusión de la estrategia.
De esta manera, los objetivos de aumentar la capacidad urbana de contener la inseguridad, y establecer una cultura de la prevención, se logrará a través de diversas líneas que deben trabajarse al mismo tiempo para resultar efectivas.
Así, el programa Ciudades Más Seguras ONU propone la implementación de sistemas de justicia criminal con la participación de las autoridades locales y nacionales, el sector privado y la sociedad civil, además de organizar redes urbanas que faciliten el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en la materia.
Además, se invita a preparar y poner en marcha diversos proyectos de formación de capacidades ante la criminalidad, así como enfocar la prevención con acciones dirigidas a grupos de riesgo, prevención situacional y reformas al sistema de justicia criminal.
En México ya se efectúan algunas de estas iniciativas, como es la recién entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal y otras importantes acciones, aunque el trabajo continúa para erradicar este fenómeno de inseguridad que se ha esparcido por toda Latinoamérica.