Alejandro Oscar Santizo Méndez represento para el ahora gobernador electo de Puebla, José Antonio Gali Fayad, un verdadero dolor de “tobillos” y su permanencia actual sólo se encuentra supeditada a los consabidos “moches”; durante el tiempo que Gali Fayad, lo tuvo como Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los atropellos cometidos por los y las muchachitas de Santizo Méndez, dieron cuenta en el pasado proceso electoral.
El actual desinterés del presidente municipal Luis Banck Serrato por el respeto a los derechos humanos es manifiesto y pareciera que prácticamente el alcalde vive en otro mundo, es decir, en aquel donde no hay robos, asaltos ni complicidades policiacas con la delincuencia que transita a sus anchas por las calles de la capital. El 27 de junio actual en uno de esos retenes que el Secretario de Seguridad Pública Municipal denomina “Operativos de Protección Ciudadana”, ubicado en la 25 oriente y 18 sur, la agente Alma Estefani Aguilar Cruz, con número de placa 7782, perteneciente al sector 2 de Valsequillo, bajo las órdenes del comandante Rafael Cuevas López, detuvieron a la propietaria de un vehículo marca Chevrolet, tipo Sonic, de modelo reciente, bajo el argumento de sospecha de robo de la unidad, la mujer que se trasladaba con su menor hijo a un hospital de la ciudad por encontrarse en un estado de salud delicado, fue descendida de su vehículo y su menor hijo extraído por la fuerza; tras una revisión a la unidad para verificar el supuesto robo, la agente de vial mencionada se apoderó de dicho vehículo, la tarjeta de circulación del mismo y objetos personales de la conductora a quien le elaboro la acta de infracción numero 25543, en cuyo apartado del motivo consigno: “Conducir sin Licencia, articulo 285”; posteriormente la propia agente se subió al vehículo, lo movilizo hacia una grúa de la compañía “grúas Unión”, que ya se encontraba presta a enganchar la unidad que sin más fue trasladada al encierro de Rancho Colorado, donde dos días después y tras solventar su estado de salud, la propietaria pago la cantidad de novecientos cincuenta pesos por concepto de grúa, cuarenta y seis pesos como uso de espacio municipal y cuatrocientos treinta y ocho pesos de multa. El problema no concluyó con el pago de multas, lo grave resultó que la agente vial Alma Estefani Aguilar López se quedó en su poder con la tarjeta de circulación del vehículo y documentos personales de la afectada.
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Ahora bien, con motivo de lo que he citado la persona agraviada por el robo presentó queja Administrativa número 102/2016, en el departamento de conducta individual de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; ha tenido además que procurarse de asistencia legal para integrar su carpeta de investigación respectiva de acuerdo al nuevo modelo del sistema de justicia penal acusatorio.
Lo verdaderamente grave es que el motivo de la infracción a esta ciudadana no ameritaba el encierro de su unidad de acuerdo con el articulo 352 fracción II, inciso c) del Reglamento de Tránsito Municipal.
La hasta ahora agraviada se ha presentado y según refiere a este columnista, lo seguirá haciendo, en las oficinas del Presidente Municipal, solicitando su intervención, sin embargo, el munícipe se ve impedido para atender a una ciudadana debido a sus múltiples ocupaciones políticas, dentro de las que destacan la búsqueda de más certificaciones para su Ayuntamiento.
Claro debe quedar claro a la ciudanía que los retenes instaurados por doquier en la capital del estado, lo menos que representan ser son: “Operativos de Seguridad Ciudadana”, pues realmente se trata de verdaderos puestos de atraco con dos finalidades: una, captadora de recursos para el municipio y, otra, captadora de recursos para los agentes viales quienes en el anonimato expresan al autor de estas líneas que los moches para los altos mandos les provocan incurrir en actos ilegales como el que ahora le expongo, amable lector; y como las quejas administrativas en vialidad municipal son además de pérdidas de tiempo, una burla para los ciudadanos, en la que se envuelve por sobre todo la impunidad.
Desde luego que la representación de los derechos humanos en Puebla es y seguirá siendo, simplemente, una carga económica, puesto que la actividad de dicha dependencia es totalmente desconocida para los poblanos, ello debido a que desde sus escritorios esa alta burocracia jamás ejerce funciones oficiosas, ya que es en las calles de la ciudad y en los supuestos retenes de vialidad donde deben encontrarse los empleados de la CDHE.
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