Después de la elección del pasado 26 de junio, España se prepara para conformar la Cámara Baja, la cual tiene como tarea primordial la de elegir al próximo Jefe de Gobierno, en las que resultó con mayoría el Partido Popular, caracterizado por su ideología de derecha en conjunto con otra fuerza política, Ciudadanos.
La derecha obtuvo una victoria con ventaja importante como para llevar a cabo la ceremonia de investidura –donde se nombra al Presidente- sin embargo, por las características del modelo parlamentario español, no cuenta con la mayoría simple para definir sin contratiempos al próximo ejecutivo, ni contemplando a sus aliados electorales. Es decir, aún tiene que convencer a legisladores de oposición o que éstos se abstengan o no acudan a la ceremonia y con esto asegurar la investidura de Mariano Rajoy.
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El mismo escenario lo tenían en diciembre de 2015, cuando el Partido Popular (PP) obtuvo la mayoría en las urnas, pero la mayoría de los votos a la coalición de izquierda los ponía en ventaja. Recordamos que la izquierda por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos no pudieron ponerse de acuerdo y consolidar un gobierno progresista.
Hoy la situación para ambas partes es diferente, la ventaja la tiene el PP para llevar a cabo la investidura, y depende de la izquierda para que lo apoye o no interfiera y con esto poder consolidar su victoria de la semana pasada.
La izquierda que no se pudo poner de acuerdo para gobernar a España, parece que se puso de acuerdo para no dejar gobernar tampoco a la derecha. Empecinados en un respaldo popular que los legitima, han definido no apoyar a Rajoy.
El PSOE a través de su candidato Pedro Sánchez entablará comunicación con todos los representantes de izquierda del país para llegar a un consenso general; sin embargo, éstos han adelantado que no apoyarán a Rajoy para continuar al frente del gobierno español.
De no llegar a un acuerdo entre Rajoy y Sánchez o Pablo Iglesias, líder de Podemos, para poder llevar a cabo la investidura, podría pasar lo mismo que en diciembre, alargarse el periodo y convocar a unas terceras elecciones.
El desgaste político, económico, social que esto representaría para España sería muy grande, ya que los ciudadanos son quienes pagan la democracia que al parecer está siendo rebasada. Tendría que hacerse una revisión y una reforma, ya que en tiempo de competencia electoral tan cerrada como los últimos años no es funcional, tal vez funcionaba cuando era un bipartidismo fuerte, hoy la democracia española ha madurado y también lo debe hacer su sistema político electoral. Es necesaria una modificación al método de representación proporcional así como una segunda vuelta electoral para garantizar mayorías estables a través de la voluntad popular y no de acuerdos partidarios.