“Es grave lo que pasa en el Poder Judicial, cada quien está haciendo lo que le da la gana, hay magistrados que se la viven haciendo política, ni siquiera vienen a trabajar, otros hacen grupitos pensando llegar a la Presidencia del tribunal, algunos jueces se han descarado completamente con actos de corrupción y quien sabe cómo le hacen pero ese grupito de jueces civiles llevan todas sus apelaciones a una sola sala donde dos magistrados le solapan sus porquerías, realmente el Tribunal no tiene ni pies ni cabeza, lo peor que hizo el gobernador fue imponer un presidente foráneo que no le importa Puebla”; así inicié una larga conversación con un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que además me refirió: “sé de sus molestias con el magistrado Pacheco Pulido y usted debe saber que yo no fui designado siendo él presidente, pero incluso muchos litigantes comentan que estaba mejor el tribunal”.
Mi dialogo desde luego tuvo verificativo en el lugar que este magistrado y el amigo que me vinculó eligieron, pidiéndome no llevar celular sino únicamente una pequeña libreta de apuntes. Evidentemente que la intención de esta charla fue hacer pública una serie de “anomalías graves”, al seno del Poder Judicial en el estado, empero, con una actitud timorata pues en todo momento dicho magistrado refería al suscrito sobre una serie de intereses que, dice él, “hacen pedazos la justicia en Puebla”. Respecto a todo lo que escuché, verdaderamente nada nuevo, pues, en diversas entregas, he dado cuenta de múltiples corruptelas al interior del denominado tercer poder en el estado, incluso en determinada columna expresé la existencia de una nueva “nomenklatura” en el Poder Judicial local; lo verdaderamente novedoso es que aun desde el anonimato que reiteradamente se me solicitó, se admita desde el mismo Tribunal Superior de Justicia, que éste se encuentra en el “limbo” y que hasta ahora nada se haya hecho por restructurarlo y, más aun, que nada se vislumbre a futuro respecto de este tópico que verdaderamente aqueja a la ciudadanía.
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En efecto las rotaciones de jueces y secretarios conllevan no un interés por mostrar a la ciudadanía una nueva cara del Poder Judicial, sino simplemente se trata de la restructuración de grupos debidamente identificados, que eligen a su antojo distritos judiciales para nutrirse del poder que les da la administración de justicia, que representa y ha representado jugosas ganancias económicas, en las que incluso se encuentran inmersos muchos notarios públicos de la entidad, quienes según el dicho de un juez del ramo civil, ejercen presión sobre ellos por vía del denominado “colegio de notarios”. Refiere el magistrado con el cual me entrevisté que la federación ha derramado grandes cantidades de recursos económicos para la impartición y administración de justicia por vía de la ahora denominada Fiscalía General y la Presidencia del Tribunal Superior, pero según su dicho nada de ello se expone en las sesiones de Pleno, que –dice- son manejadas al antojo del Presidente, pues indica que en distritos judiciales como el de Chiautla de Tapia, se incendió el archivo de expedientes del juzgado civil y ello no salió a la luz pública; así mismo que el extravió constante de expedientes sólo se subsana con la formación de cuadernillos para reponerlos, pero que nunca se fincan responsabilidades y que en materia penal los juzgados respectivos son dirigidos desde la Fiscalía General.
El modelo de justicia cotidiana impulsado desde la Presidencia de la Republica es inexistente para Puebla, no obstante la lluvia de reformas que al respecto, como dije hace seis meses, pronto entrarán en vigor. El verdadero desastre está por llegar en los temas de impartición y administración de justicia pues quienes hoy se dicen doctos en la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio, han cometido múltiples tropelías, incluso, desde que -como campos experimentales- se crearon por zonas tribunales de oralidad, mismos que emitieron una serie de sentencias por demás aberrantes las cuales pueden traer graves consecuencias; más todavía, la denominada policía ministerial continua actuando al margen absoluto del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde luego con absoluta anuencia de jueces y magistrados.
Reitero lo que he venido diciendo en múltiples entregas, la infraestructura planeada para el funcionamiento del nuevo modelo de justicia no hace por sí sola a los jueces que la administraran, como tampoco la toga de la que ahora se invisten dichos jueces; cuando en ellos no existe el mínimo principio ético para la emisión de sus sentencias y aun cuando no falta juez o magistrado que sostiene que “para ser hay que parecer”, prevalece desde luego el viejo refrán que reza “el hábito no hace al monje”. Lo cierto es que un verdadero cambio en los esquemas de administración e impartición de justicia no está próximo y su detonante desafortunadamente sólo lo puede generar el escándalo político, como suele acontecer de manera muy frecuente en nuestro país.
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