Nuestro país hace unos años entro en un debate por la forma correcta en la que debía nombrar a las personas que tenían alguna condición física que no les permitía un desarrollo similar al de una persona que cuenta con sus sentidos de manera óptima. En ese entonces se dijo que la forma correcta de mencionar a estas personas era el término de capacidades distintas a pesar de que, desde 2006 la ONU en una de sus resoluciones había mencionado que estas personas eran seres con una discapacidad. Al final quizá el debate sobre un término sea lo menos importante, la realidad es sólo que estas personas tienen desventajas para desarrollarse ya que, en general, no hay nada diseñado para ellos.
Esta condición ha hecho que tengamos un sistema inequitativo para la sociedad a la que sirve. Muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo, por mencionar, el transporte público no tiene las condiciones para transportar a personas en sillas de ruedas; de como los espacios de muchas vialidades no son aptos para personas que han perdido la vista; etc. En México esta condición no es menor, 6.6 por ciento de la población vive con esta condición; son más de 7.6 millones de niñas, niños, adolescentes y adultos, que diariamente enfrentan retos adicionales para alcanzar una vida plena.
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Muchos de ellos no tienen acceso real y efectivo a gozar de los derechos que consagran la Constitución. Las personas con discapacidad tienen dificultades para acceder a espacios y servicios públicos; para estudiar u obtener un empleo que les permita realizarse; y saben, nadie podemos decirnos ajenos a eventualmente tener una discapacidad, porque la mayoría de los adultos mayores terminan afectados por una reducción de sus habilidades.
Consciente de estas necesidades y tomando en cuenta el aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el Presidente Enrique Peña instaló el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Esta estrategia se basa en las siguientes acciones: el establecimiento del programa mencionado; la inscripción en este del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad y el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la sectorización del CONADIS a la SEDESOL, lo que implica un cambio de visión para atender la discapacidad, no como un tema exclusivamente de salud, sino de inclusión social; se han fortalecido los programas de vivienda accesible del INFONAVIT y la SEDATU; así como el Programa Escuelas al CIEN, que prevén los requerimientos en materia de accesibilidad universal; hay estímulos fiscales para empresas que contraten a personas con discapacidad; ya opera la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación; y es de mencionar también que la SEDATU está trabajando para que las ciudades sean espacios totalmente incluyentes.
Como ha sido una constante en las demandas sociales hoy se demuestra el compromiso que tiene el Gobierno de la República para escuchar a las organizaciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad y que sepan, que se está muy pendientes de sus necesidades; que se privilegiará este diálogo de forma permanente y continua, a través de las dependencias públicas que están constituidas para este propósito.
Hoy más que nunca es necesario un esfuerzo compartido, trabajar juntos, caminar de la mano y tener siempre presente el espíritu que convocó a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: nada de nosotros, sin nosotros. Es con la sociedad en su conjunto con quien cualquier gobierno debe trabajar para tener un México incluyente donde todos tenemos los mismos derechos y por tanto, debemos desarrollarlos de manera equitativa.