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OPINIÓN

Candidaturas independientes en el sistema político mexicano

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Guillermo Nares

Doctor en Derecho/Facultad de Derecho y Ciencias Sociales BUAP. Autor de diversos libros. Profesor e investigador de distintas instituciones de educación superior

Lunes, Marzo 28, 2016

Una de las particularidades de las elecciones para gobernador en Puebla, son las candidaturas ciudadanas, conocidas también como candidaturas independientes, no son registradas por partido político alguno. Estrenadas el año pasado en elecciones federales y estatales, por lo innovador, generaron de inicio cierto interés en un segmento del electorado. A pesar de las restricciones legales de esta figura y las francas regresiones en legislaciones estatales, como en la poblana, la incorporación de la figura de candidato independiente ha tenido  efectos nada despreciables.

La figura no es nueva para el sistema político mexicano. Durante más de un siglo, por la inexistencia o ambigüedad jurídica de los partidos políticos, fueron figuras únicas de representación política; las constituciones del XIX no contemplaron la figura de partidos políticos y el registro de candidatos se hacía de modo individual, las elecciones se realizaban conforme a los mecanismos contemplados por dichos ordenamientos constitucionales. La Ley electoral de 1911 establece requisitos para  el registro de partidos políticos, si eliminar el registro de personas para competir por un cargo de elección popular. En 1946 se modifica dicho ordenamiento y se introducen  criterios menos laxos para el registro de partidos políticos. Sin suprimir la figura de candidatos independientes, sienta las bases  para otorgar, a partir de 1949, a los partidos políticos, el monopolio del registro de los candidatos. Su desaparición se inscribe en una lógica de racionalidad política hegemónica del Partido Revolucionario Institucional. Hacia la década de los cuarentas se consolida el autoritarismo – el presidente, a través del PRI controló el legislativo y judicial, y con ello todos  los dispositivos electorales y de poder del sistema político mexicano. La monopolización de las candidaturas estableció filtros de disciplina política para disminuir al mínimo las turbulencias por el poder al interior del PRI. Con la monopolización, el régimen político endureció al máximo el sistema de castigos para los ciudadanos anti-régimen.

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Es irónico, el partido que las suprimió -decíamos, a través del control absoluto del legislativo- y aquellos partidos que nunca aceptaron la figura independiente, se convirtieron, obligadamente, en sus promotores. No priva, obviamente, una genuina vocación democrática. La participación de los independientes, obedece a razones de cálculo de los mismos partidos políticos.

La reforma electoral del 2013 se encuentra orientada a dispersar el voto opositor. No solo se registraron tres partidos políticos (uno desapareció y al Partido del Trabajo le regresaron el registro), se abre un espectro potencial de más de 10 candidatos en todas las elecciones de mayoría, incluida la presidencia de la república en el 2018.

La reforma no se diseñó para generar mejores condiciones de equidad electoral, sino para incentivar la dispersión del voto opositor disminuyendo al mínimo sus posibilidades de triunfo, otorgando potencial ventaja competitiva al partido que gobierna, en el espacio municipal, estatal o federal. Desde el cálculo, los independientes, en el corto plazo, representarían la fórmula de ganar- ganar para todos los partidos. Para los grandes, donde son gobierno representarían una variable política de utilidad: dispersan los votos opositores. Y,  los partidos chicos, como dicen los especialistas en sistemas electorales, elevarían su capacidad de chantaje para coaligarse con los grandes.

Para las elites, reconocer a los independientes es perfeccionar la democracia, pues se amplía para la sociedad el acceder a la representación política. En realidad no solo es derecho político. Hay efectos: en el mediano y largo plazo, las candidaturas independientes marcan un nuevo derrotero para la política mexicana. Significan ni más ni menos el futuro de todos los partidos políticos.

Las elecciones del año pasado hicieron visibles, a través de las candidaturas que resultaron triunfadoras, el surgimiento de partidos políticos cibernéticos. Las campañas de los independientes estuvieron sustentadas en entelequias cibernéticas, nueva modalidad de participación ciudadana etérea, invisible físicamente pero con funcionalidad de partidos políticos. Si bien las candidaturas independientes, sin  internet, adolecían de controles partidarios, hoy las redes y las comunidades virtuales han constituido estructuras partidarias que sin estar físicamente presentes, lo están antes, durante y después de las campañas. El significado de desaparecer a los seguidores en internet o de no rendir cuentas o engañar a los electores representa para el independentismo electoral mayores costos y dificultades en procesos de reelección. El costo de la demagogia política, puesto en evidencia en las redes, es mayor para los independientes que para los partidos políticos. Estamos ante la presencia de formas partidarias sumamente eficaces en la comunicación y en la acción política por su horizontalidad invisible (insisto: están presentes sin estar físicamente) y por lo difícil que resulta para el político profesional, no hacer caso de los reclamos ciudadanos a través de Internet.

En general los saldos no son despreciables, contendieron por tres candidaturas a gobernador, 22 distritos electorales federales, 29 distritos locales, 75 municipios, y en 4 jefaturas delegacionales de la hoy Ciudad de México. Resultaron con mayoría José Pedro Kumamoto Aguilar,  Manuel Jesús  Clouthier Carrillo, y la joya de la “mass media”, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “el bronco”, actual gobernador de Nuevo León. Si bien los resultados no alteran en lo mínimo la representación política -los diputados independientes por si solos son incapaces de generar mayorías parlamentarias- si incrementan la competitividad en el sistema electoral mexicano y abren puerta para que el ciudadano exija mejores resultados en la gestión pública.

En las elecciones para gobernador del estado de puebla, los candidatos ciudadanos, admitidos en el actual proceso, y una vez que sea o sean aceptados oficialmente como candidatos,  representarán una opción más con un efecto inmediato: la dispersión del voto opositor. En elecciones de alta competitividad partidaria aliancista y débil emergencia ciudadana, como la poblana, no tienen ninguna posibilidad de ganar. Incluso, participan en prospectiva: pensando a que pueden aspirar en el 2018.

Su participación pudiera ser importante si exigen a los candidatos de los partidos, una agenda que afine la democracia en el estado de Puebla marcando objetivos, tiempos, modos, específicamente en lo relativo al derecho ciudadano a tener acceso a diversidad de fuentes de información. Pasa lo mismo con la gestión pública. Nuestra legislación estatal hace fuerte la figura de gobernador. Es obligado construir un entramado de leyes estatales que impongan serias restricciones a los actos gubernamentales arbitrarios, unilaterales y discrecionales.

 Solo son dos preocupaciones ciudadanas sensibles, introducir dichas temáticas en el espacio público otorgaría valor e importancia a las candidaturas independientes y sería aporte para la democratización en el estado de puebla.

gnares301@hotmail.com

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