Mediante un convenio firmado por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera y los gobernadores de los estados de México y Morelos, que lo circundan, Eruviel Ávila y Graco Ramírez, así como por el de Puebla, Rafael Moreno Valle; de Tlaxcala, Mariano González e Hidalgo, José Francisco Olvera, el 23 de agosto de 2013, se constituyó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, con la finalidad de planear y ejecutar políticas públicas destinadas a preservar y restaurar el equilibrio ecológico en las 6 entidades federativas firmantes.
Teóricamente, ese acuerdo interinstitucional es acertado porque su objetivo consiste en procurar la existencia de un medio ambiente amigable en esta región del país. Que representando el 18.75% de las entidades que lo integran, está poblada, según cifras del más reciente Censo de Población y Vivienda, por el 34.25% de los mexicanos censados en 2010, que componen más de la tercera parte de la población nacional.
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Un par de días antes que la contaminación ambiental colapsara la Ciudad de México y su zona conurbada, es decir, el 11 de marzo, se pudo apreciar, nítidamente, desde distintos puntos de la ciudad y del Valle de México, la señorial figura, pocas veces vista, del emblemático volcán IztaccÍhuatl, conocido también legendariamente como la Mujer dormida.
En el terreno de los hechos, la situación es muy diferente. Es un auténtico desastre. Los gobiernos locales han actuado o dejado actuar en función de sus intereses particulares.
Las consecuencias de la irresponsabilidad, negligencia e ineptitud del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera y del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, se vivieron y sufrieron, drástica y específicamente, entre el 13 y 17 de marzo, en la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses conurbados de Atizapán, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Los Reyes, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Valle de Chalco, entre otros, donde los indicies de contaminación, rebasaron los límites tolerables, al llegar al nivel más elevado en los 14 años recientes, cosa que obligó a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a declarar la primera fase de la contingencia ambiental.
Todo esto sucedió mientras Miguel Mancera y Eruviel Ávila, dejan de cumplir con su responsabilidad de gobernar por andar realizando desaforadamente sus prematuras precampañas por la candidatura presidencial del PRD y del PRI.
Las principales causas que contribuyeron a elevar esa contaminación fueron las emisiones tóxicas que generan las industrias asentadas en esa región y el pésimo estado en que se encuentran los vehículos automotores que prestan, en ella, el servicio de transporte público de pasajeros, así como el transporte de carga y los automóviles particulares, que estando en malas condiciones mecánicas, sus propietarios, incurren en actos de corrupción, al coludirse con los encargados de verificentros con el propósito de obtener el holograma que les permita circular diariamente, mediante el consabido pago del brinco o de la tradicional mordida.
Mientras en la Ciudad de México se restringió radicalmente la circulación de vehículos automotores particulares, se toleró indiscriminadamente, a ciencia y paciencia, de las autoridades locales, el desplazamiento de autobuses, microbuses, taxis y camiones de carga ostensiblemente contaminantes. Es decir, se castigó a quienes menos contaminan.
Mancera aprovechó esta crisis ambiental, que afectó a más de 12 millones de personas, residentes en la ciudad de México y su zona conurbada, para tratar de ganar, a futuro, potenciales adeptos electorales, al decretar el no pago del pasaje en el Metro, Metrobús y trolebuses.
Nada más que Mencera cometió un pequeño error de cálculo. Sus entendederas no le ayudaron a comprender que con esa inútil medida populista, esos medios de transporte, no pudieron captar mayor cantidad de pasajeros de la que captan habitualmente en sus insuficientes e ineficientes unidades. Por eso, se vivió un caos en la ciudad de México, los ineficientes vehículos de transporte público de pasajeros, resultaron insuficientes para atender la demanda de los usuarios.
No obstante que siendo Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presidió la ceremonia oficial donde se firmó y dio a conocer el convenio con el que se creó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, como gobernador del estado de México, no hizo absolutamente nada, pero nada absolutamente, para impulsar el mejoramiento del sistema de transporte público de pasajeros en la entidad que gobernó entre el 16 de septiembre de 2005 y el 15 de septiembre de 2011.
Los autobuses y camionetas de pasajeros que van, principalmente de los municipios mexiquenses, de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Los Reyes, Chicoloapan, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca a la Ciudad de México y viceversa, son, desde tiempo pretérito, altamente contaminantes.
Esta anomalía, que daña la salud de millones de personas, pasó inadvertida, en su tiempo de gobernador del estado de México, para el ahora presidente Peña Nieto. Lo mismo sucede actualmente al gobernador Eruviel Ávila, conocido ya como El Tapete de Peña en su enloquecedor afán de sucederlo en la Presidencia de la República.
Cuando la contaminación ambiental hizo crisis y Mancera fue incapaz de enfrentar el problema en forma medianamente satisfactoria, tratando de repartir culpas a sus homólogos, declarando a los medios informativos que “La Ciudad de México está cumpliendo con su tarea, aquí tenemos el Hoy no Circula, en la zona megalopolitana no se tiene el Hoy no Circula de manera integral, sólo (en) una parte del estado de México y en la Ciudad de México, pero no tenemos Hoy no Circula en todo lo demás (Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y en la parte restante del estado de México), que es de donde provienen estos gases que hay en la ciudad, es decir, esta fase de contingencia no es solamente responsabilidad de la Ciudad de México, nosotros hemos reiterado el llamado a la Came (Comisión Ambiental de la Megalópolis), la famosa Came, que lo único que ha hecho anunciar que hay precontingencia.”
Mencera no llegó lejos en busca de la respuesta. Uno de los gobernadores como él, responsables de la contaminación ambiental, Eruviel Ávila, le respondió de inmediato al declarar que los depósitos de basura ubicados en el territorio que gobierna, no recibirán nunca más, las 8 mil toneladas de basura que proceden diariamente de la capital del país, porque, en el caso de sus autoridades “ha sido más fácil generar desechos sólidos y depositarlos en la casa del vecino, es decir en el estado de México.”
Tratando de reponerse de la contundente respuesta de su colega Ávila, Mancera apenas alcanzó a mascullar tímidamente que el cierre de los depósitos de basura mexiquenses no afecta a los capitalinos y que “la población (de la Ciudad de México) puede estar tranquila, porque nosotros (el gobierno de Mencera) no va a tomar ninguna medida (en represalia) que afecte la población del estado de México. Tenemos que hacer una implementación logística diferente, pero no está afectando a la ciudad.”
Confundido en su respuesta, Mancera mintió. Sí hubo afectación. El cierre de los basureros en cuestión, repercutió inmediatamente en el servicio domiciliario de recolección de basura, al no contar con depósitos alternos donde alojarla. Los camiones recolectores quedaron inmovilizados al saturarse y convertirse en contenedores con ruedas. El servicio de recolección domiciliaria se reanudó hasta el día sábado 19 de marzo.
Con su declaracionitis mediática, el tercamente prematuro aspirante presidencial por el PRD, Miguel Ángel Mancera, trata de evadir la responsabilidad que tiene en el asunto de la contaminación ambiental en la megalópolis, en su calidad de jefe de gobierno del Distrito Federal (con este carácter fue electo el 5 de diciembre de 2012). Responsabilidad que es obvia y evidente en todos los ámbitos de la ciudad de México.
Transporte metropolitano de pasajeros ─gubernamental y concesionado─ de pésima calidad y altamente contaminante. Sistema de Transporte Colectivo Metro deficiente e insuficiente. Constante cierre de importantes vialidades por marchas y plantones de carácter político y para realizar ─por disposición oficial─ sesiones de yoga, conciertos musicales, clases de zumba, maratones, desfiles automovilísticos y paseos en bicicleta, que ocasionan enormes congestionamientos y grandes poluciones.
El colmo de la falta de responsabilidad y exceso de populismo de Miguel Ángel Mencera, sucedió el domingo 13 de marzo, cuando el jefe de gobierno capitalino, en plena declaratoria de la precontingencia, donde se recomendó no realizar actividades colectivas al aire libre, se alcanzó la torpe puntada de convocar a un paseo en bicicleta, que fue suspendido 60 minutos antes de la hora programada.
Esta reprobable aberración de Mancera fue objeto de crítica con una pintoresca expresión del senador ─por el estado de Puebla─ Javier Lozano Alarcón, que para resaltar la conducta irresponsable del jefe de gobierno de la Ciudad de México, exclamó ¡A qué a toda madre! (periódico 24 Horas del 16 de marzo de 2016).
La contaminación ambiental en la capital de la República Mexicana, también la origina la torpe disposición del gobierno de Mencera, de reducir la superficie de la carpeta de rodamiento vehicular por el establecimiento de carriles confinados innecesariamente, ya sea por instalación de ciclopistas o colocación de macetas y la instauración de sitios de taxis y bases de autobuses y microbuses, cuando, en dirección opuesta a esa errónea decisión, se incrementa la cantidad de vehículos en circulación.
Más de 100 mil baches, grandes y pequeños, además de infinidad de topes, que existen en la mayor parte de las calles, avenidas y calzadas de la ciudad, también contribuyen a elevar los índices de contaminación.
Lo mismo sucede con el nuevo reglamento de tránsito, que, sin efectuar ningún estudio de vialidad y por simple ocurrencia, impuso la reducción de los límites de velocidad a 50 kilómetros por hora en vialidades donde se puede transitar a 80 kilómetros, sin riesgo alguno.
Por cierto, si la contaminación ambiental debe combatirse obligatoriamente en el ámbito geográfico que corresponde a una megalópolis, compuesta en este caso por 6 entidades federativas, debe existir un reglamento de tránsito incluyente que regule la circulación vehicular ─de vehículos automotores, motocicletas y bicicletas─ en el mismo entorno geográfico.
El problema es que la ambición de ser presidente de la república, anuló la precaria capacidad de razonamiento de Miguel Ángel Mancera, dentro de un marco de descoordinación y desastre ambiental.