El PRI continúa encapsulado en la vieja burbuja que lo mantiene aislado de la realidad que vive México. Sigue sin comprender que necesita actualizarse. Se niega a abrir el entendimiento ─si acaso no lo ha extraviado─ para enterarse que su época, la era del antiguo régimen del partido único, autoritario y antidemocrático fue sepultada, hace poco más de quince años, en el panteón de la historia política de México.
Parece que al interior del PRI, nadie ha logrado entender que, después de la derrota electoral que expulsó de la presidencia de la república al otrora partido hegemónico, es imprescindible que cambie sustancialmente su forma de hacer política. Modificando su estrategia, corrigiendo los errores cometidos y eliminando sus vicios.
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Su fracaso en las elecciones del 2 de julio del año 2000, no se debió tanto a la simpatía que generó Vicente Fox, en un segmento importante del electorado, con su discurso radicalmente crítico, sino por el elevado nivel de hartazgo que alcanzó en millones de mexicanos todo lo que se relacionara con el PRI. Principalmente en lo concerniente a su conducta autoritaria y a la actitud contemplativa que ha asumido ante los innumerables actos de corrupción cometidos, a lo largo de muchos años, por servidores públicos surgidos de ese desprestigiado partido político.
Durante su mandato, como gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, acumuló la sospecha de sus gobernados por la forma discrecional como manejó los fondos públicos de esa entidad federativa e incrementó exponencialmente su deuda pública.
Cuando tomó posesión de su cargo, la deuda de Coahuila era de 323 millones de pesos. Al dejar la gubernatura a su heredero y hermano Rubén, Humberto Moreira la entregó con un adeudo de 36 mil 675 millones de pesos.
Este nefasto gobernante, agregó ─irresponsablemente─ a la deuda pública con que recibió la gubernatura, la cantidad de 36 mil 352 millones de pesos. Lo que significa que multiplicó el endeudamiento de ese estado 112.54 veces.
No obstante que lo elevado de este débito, que representa un incremento de 11 mil 354.49%, quizá hubiera pasado desapercibido para los coahuilenses ─como inadvertido pasó para millones de mexicanos, en su respectivo momento, la deuda contraída durante los sexenios presidenciales de los priistas Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Felipe Calderón─ de no ser que para contratarla Humberto Moreira utilizó documentación apócrifa.
Esta irregularidad, que en el caso del gobernador priista Moreira fue su norma de conducta habitual, no atrajo la atención ni preocupación del PRI. Tampoco de quienes teniendo obligación de vigilar el comportamiento de la deuda pública de las entidades federativas, han permanecido omisos e indiferentes.
Todo parecía que marchaba sobre ruedas en Coahuila. Hasta que Humberto Moreira fue detenido y encarcelado en España bajo la presunción que incurrió en el delito de lavado de dinero.
En vez de aprovechar la coyuntura para pronunciarse por la realización de una investigación exhaustiva que permitiera fincar las responsabilidades del caso para limpiar su nombre, el PRI optó por permanecer en silencio. Hasta que su líder Manlio Fabio Beltrones declaró, ante reporteros de diversos medios informativos, que el Revolucionario Institucional proporcionaría respaldo jurídico al exgobernador coahuilense y expresidente de su comité ejecutivo nacional, Humberto Moreira Valdés, en caso de solicitarlo.
Unos días después, al enterarse Manlio Beltrones que el juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz Gómez, decretó la liberación de Moreira, con las reservas que el caso amerita, expresó su satisfacción porque su correligionario recuperó su libertad al demostrar su “inocencia”.
El apoyo solidario que ofreció Beltrones a Humberto Moreira durante su encarcelamiento y el agrado que le ocasionó la posterior excarcelación de su antecesor en la presidencia nacional de ese partido político, constituye un mal mensaje que lanza el PRI a los mexicanos.
Pone al descubierto, una vez más, la proclividad de ese partido político a encubrir las corruptelas que cometen sus afiliados cuando ocupan cargos públicos.
En otras épocas el PRI también se desempeñó como tapadera de los gobernadores Tomás Yarrington en Tamaulipas; Mario Villanueva en Quintana Roo; Rubén Figueroa Alcocer en Guerrero; Arturo Montiel en el estado de México; Mario Marín en Puebla; Fidel Herrera en Veracruz y Heladio Ramírez en Oaxaca.
Otro caso paradigmático de encubrir y premiar las corruptelas de políticos priistas es el del ahora gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
Siendo diputado federal por el PRI en la LVIII Legislatura (2000-2003), este individuo cobró a la Cámara de Diputados 5 millones 528 mil pesos por concepto de “gastos médicos”, según una investigación efectuada por la periodista Anabel Hernández.
Entre la documentación que presentó para comprobar esta erogación, César Duarte Jáquez, entregó una factura apócrifa por más de 250 mil pesos por concepto de una atención médica para su esposa. Atención médica que más tarde negó haber recibido la esposa del referido diputado priista.
El PRI, en vez de expulsarlo de sus filas ─cuando menos─ optó por condecorar a este pillo con otra diputación en Chihuahua, en la Legislatura local 2004-2006. Al finalizar ésta, el Revolucionario Institucional le refrendó el premio a César Duarte con otra diputación federal en la LX Legislatura (2006-2009) para que este destacado ejemplo de deshonestidad continuara incrustado en otra nómina del poder Legislativo.
Posteriormente, en el año 2010, el PRI, por acuerdo democrático de sus tres sectores tradicionales, otorgó la joya de la corona a este delincuente, al designarlo como su candidato a gobernador de Chihuahua. Cargo que obtuvo para desgracia de las finanzas de ese estado y que para la tardía felicidad de los chihuahuenses, César Duarte Jáquez dejará de ocupar dentro de ocho meses.
Recientemente el PRI ha permanecido ciego y sordo ante los escándalos de corrupción del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de su secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, relacionados con la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec y las mansiones de Ixtapan de la Sal y Malinalco, así como del exgobernador de Nuevo León.
La ceguera y mudez de Beltrones, desapareció, automáticamente, en el momento que estalló el caso de la chapodiputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, cuando criticó al PAN por postular a esa señora por sus presuntos vínculos con el poderoso narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán.
Beltrones, asumiendo una actitud diferente a la que adoptó en el caso de su correligionario Moreira, dijo: “Creo que por parte de quienes postularon a un(a) auxiliar de un delincuente (la diputada sinaloense Sánchez López) deben tener más explicaciones que pretextos, como para evadir su responsabilidad”.
Está claro que el líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, como dice el dicho popular, detecta fácilmente una partícula de paja en el ojo ajeno, pero difícilmente ve una viga en el ojo propio.
Una vez más, en sus 87 años de existencia, el PRI vuelve a demostrar que prefiere designar a sus candidatos a puestos de elección popular ─en este caso a gobernadores─ mediante el antidemocrático y desgastado procedimiento del dedazo, que reconocer el derecho de sus afiliados a designarlos, a través de su voto secreto y directo.
Así las cosas, el único derecho que el PRI reconoce a las bases priistas, es el de obedecer las órdenes de sus dirigentes.
La cúpula del Revolucionario Institucional (compuesta presumiblemente por el presidente Enrique Peña Nieto, su prima Carolina Monroy Del Mazo y Manlio Fabio Beltrones Rivera) ya designó a diez de sus doce candidatos a gobernadores, en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Falta su dedazo en Hidalgo y Quintana Roo.